Ante la muerte voluntaria de María José Carrasco, con la ayuda de su marido Ángel Hernández, el debate sobre la regulación, y sobre todo la despenalización, de la eutanasia y del suicidio asistido ha entrado de lleno en la sociedad española. Las encuestas hablan de un apoyo ciudadano masivo, pero en el Parlamento todavía no se ha dado el paso definitivo. Los médicos apuestan por la vida, incluido su final, de forma digna y con cuidados integrales.
Más allá del debate político en plena campaña electoral, donde las posturas parecen claras e irreconciliables, la realidad es que existe un movimiento ciudadano en continuo ascenso a favor de regular legalmente lo que es, en realidad, una decisión personal, siempre que se esté en plenas condiciones mentales y con el apoyo y los informes médicos y psicológicos que sean pertinentes, como ya se hace en diferentes países del mundo.
Aunque el PSOE ha logrado, sin éxito defintivo, incluir la despenalización de la eutanasia en el Congreso, con importantes avances, ahora se vive un periodo de incertidumbre ante la próximas elecciones generales del 28 de abril. El PP está manfiestamente en contra, y Ciudadanos aboga por un consenso garantista en la materia, pero priorizando siempre los cuidados paliativos para todos.
Mientras tanto, son los ciudadanos los que mandan, y a la vez, los que votarán. Desde la muerte de esta paciente de esclerosis múltiple, con 30 años de evolución y los últimos 10 absolutamente dependiente, los comunicados de apoyo a su decisión y a la no imputación de su marido se suceden a diario. Pero también, se clama una ley que no vuelva a poner en tela de juicio un acto tan valiente y doloroso como el de esta pareja.
“Negar la eutanasia y el suicidio asistido, es negar la libertad a una persona”
Hoy mismo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, califica de “urgente” la regulación de la eutanasia.
Consideran que los cuidados paliativos nunca pueden sustituir ni evitar que se produzca la petición de eutanasia o suicidio asistido, y que ya están incluidos en el Sistema Nacional de Salud y en las leyes de Muerte Digna de las diferentes CCAA, “por lo que no necesitan ninguna legislación más, solo garantizarse para todas las personas que los requieran”. La Federación añade que “el concepto de calidad de vida es personal e intransferible y si alguien, en una situación concreta, estima que la vida se le hace insufrible, debe de tenerse en cuenta su valoración y su deseo a decidir cómo y cuándo morir ante una enfermedad irreversible y sin posibilidad de curación”.
Por eso consideran que “negar la eutanasia y el suicidio asistido, es negar la libertad a una persona”, y la “dignidad de la muerte va unido al derecho de autonomía”.
Aluden también a las diferentes encuestas ciudadanas, donde la mayoría de la población, de los profesionales sanitarios y de las instituciones de bioética apoyan la regulación de la eutanasia, más allá de “una moral cristiana” dominante, “que parecen no tener en cuenta ni siquiera sus defensores, ni puede constituirse en elemento de presión para que un estado aconfesional no legisle sobre estas prácticas”.
Por último, asegura que la experiencia, en aquellos países en los que se ha aprobado, demuestran que la eutanasia, convenientemente regulada, puede funcionar sin problemas, y evitaría “las situaciones dolorosas que acontecen día a día, el sufrimiento que se está causando a pacientes y familiares por la ausencia de legislación al respecto”.
La petición del primer médico condenado por eutanasia
También son numerosas las iniciativas en redes sociales con estos objetivos. En sólo unos días, más de 330.000 personas han firmado en change.org la petición de Marcos Hourmann bajo el epígrafe Ángel ayudó a morir a su mujer: que la Fiscalía no presente cargos contra él #EUTANASIA.
En su explicación, recuerda que fue el primer médico en España condenado por practicar la eutanasia, al ayuda a morir a una paciente terminal en 2005. “Tenía 82 años. Su hija vino y me dijo que por favor acabase con el sufrimiento de su madre. Y lo hice. Le provoqué la muerte porque creo, ante todo, en la vida”, asegura.
Aunque aquello “rompió su vida”, asegura que “al ver que Ángel Hernández había sido detenido por ayudar a su mujer a morir he sentido rabia e impotencia”, y por eso “no puedo soportar ver la injusticia que se está cometiendo contra este hombre” y solicita que la Fiscalía no presente cargos porque “no ha hecho nada malo, ni siquiera lo ha ocultado”.
En la actualidad, tanto el suicidio asistido como la eutanasia están castigados en el Código Penal: penas de dos a cinco años en el caso del suicidio asistido y, de seis a 10 años en el de eutanasia.
Derecho a morir dignamente
Tras la publicación de la noticia de la muerte voluntaria de María José Carrasco, con ayuda de su marido Ángel Hernández, la asociación Derecho a Morir Dignamente explicó que desde hace años, a causa de los sufrimientos que le provocaba su enfermedad, Mª José expresó de forma reiterada y firme su voluntad de morir. Estaba en plenitud de facultades mentales y era, por tanto, dueña de su vida y de su cuerpo. Incapaz de mover las manos, solicitó la ayuda de Ángel Hernández, su marido, para cumplir su deseo de morir.
Y añade, que en una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal. Defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea. “El acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal”, insiste.
Para concluir que en ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre los deseos de la ciudadanía y la legislación como en el de la regulación de la muerte asistida. Más del 80% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal sigue castigándola con penas de prisión. DMD exige a los futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente. Hacerlo se ha vuelto ya un imperativo moral.
No es el único caso, ayer mismo, tres mujeres, una persona mayor y otras dos jóvenes, han reclamado en Asturias su derecho a una muerte digna. Así lo ha confirmado la asociación Derecho a Morir Dignamente cuyos miembros han secundado una concentración ante el Tribunal Superior de Justicia.
Los médicos hablan de la vida
Este debate no deja de lado, en ningún momento, la opinión de los médicos, sobre los que recae, muchas veces, esa dura decisión ante un paciente terminal que pide morir. Pero su trabajo les pide, justamente, lo contrario, hacer todo lo posible por la vida, y eso es lo que acordó en asamblea el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), al recordar que el Código de Deontología Médica establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”..
Además, y según dicho Código, “el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”.
Más concretamente, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) asegura que la regulación de la eutanasia responde a un debate completamente diferente a la visión que guía su trabajo, cuyo motor es lograr que todas las personas que necesitan atención paliativa puedan acceder a ella y ver así reducido su sufrimiento y el de sus seres queridos.
Cuidados paliativos universales
De ahí que defiendan unos cuidados paliativos universales, integrales y de calidad al final de la vida para todas las personas que requieren esta asistencia. Mientras tanto, el debate sobre la eutanasia responde al deseo de regular una situación que plantean algunas personas que no siempre entrarían dentro de la población susceptible de recibir cuidados paliativos (por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro, cuya situación no estaba asociada a una enfermedad avanzada ni se encontraba al final de su vida).
Por tanto, y como recogía el comunicado de hace unos meses al respecto, “aun agradeciendo que se nos tenga en cuenta como profesionales cercanos a procesos finales de vida, entendemos que el debate social de la eutanasia compete a una comunidad y a sus políticos y legisladores”.
SECPAL es una sociedad multidisciplinar con más de 2.000 socios en todo el país y en la que conviven muchas sensibilidades “individuales” diferentes, por lo que se respetan las posturas y opiniones diversas. A partir de ahí, y desde esta consideración, como sociedad científica abogan por la extensión de los cuidados paliativos como la forma de atención más adecuada para tratar a personas con enfermedad avanzada y a sus familiares, un objetivo para el que seguirán aportando su esfuerzo con el fin de que la fase final de la vida sea contemplada como un momento especialmente importante, donde la forma en la que cuidamos a estas personas hable de nuestra sensibilidad hacia lo débil y lo frágil.
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