Los últimos foniatras con formación reglada y acreditada en España se están ya jubilando a marchas forzadas y desde el año 2000, tras la desaparición de la Escuela de Especialización Profesional y el Título Propio de Médico Foniatra de la Universidad de Salamanca, nadie se ha encargado de formar a estos especialistas para asegurar el futuro de una especialidad fundamental para el desarrollo infantil, la calidad de vida de las personas mayores y la integración social y laboral de todos los ciudadanos con algún trastorno de la comunicación.
Pero es que además estos profesionales, agrupados casi en su totalidad en la Sociedad Médica Española de Foniatría (SOMEF), creada en 1982, han trabajado sin descanso todo este tiempo para llevar tanto al Ministerio de Sanidad como a las Comunidades Autónomas diferentes propuestas para regular la formación y el ejercicio de esta especialidad: en 1995, la propuesta para el reconocimiento de la Foniatría como especialidad médica; en 2005, las bases para la creación del Área de Capacitación Específica (ACE); en 2006, la definición de la categoría profesional, que también fue adaptada para su aprobación en Castilla y León en 2016, por no hablar de dos Proposiciones no de Ley, una del PP en 1997 y otra del PSOE en 2010, aprobadas por unanimidad instando a crear la ACE de Foniatría.
Todo un camino recorrido, avalado científica y políticamente, con una realidad asistencial incuestionable que, sin embargo, las administraciones competentes no han querido poner en valor, dejando a los foniatras en un limbo legal y a los pacientes con un riesgo real de no contar con los servicios de calidad requeridos para patologías tan diversas como los trastornos del lenguaje en el niño por un mal desarrollo; en el adulto, por accidentes cerebrovasculares o procesos degenerativos; deficiencias auditivas y sorderas en niños y adultos; trastornos funcionales y orgánicos de la voz, problemas en la deglución o trastornos del habla.
Lo cuenta con todo detalle quien ha sido testigo directo de este proceso, el doctor José Manuel Gorospe Arocena, no sólo como profesional sanitario a cargo del Servicio de Foniatría del Hospital de Salamanca, sino también como miembro activo de la SOMEF y luchador incansable para que una especialidad viva y necesaria no acabe enterrada por dejadez, o lo que es peor, por irresponsabilidad.
“Nos hemos quedado sin Área de Capacitación Específica, sin Escuela de Salamanca y sin nada, desde el año 2000 ya no se forma a nadie y es una pena que no se esté aprovechando la experiencia y todo el potencial que había acumulado la Foniatría en España, tanto de formación, como de protocolos y conocimiento clínico para abordar la patología de la comunicación… Es como volver a empezar”, asegura el doctor Gorospe.
En la actualidad, ya no llegan a 20 los hospitales públicos que incluyen la Foniatría en su cartera de servicios; eran 27 en el año 2016, y sólo se está atendiendo al 4% de los pacientes afectados por alguna patología de la comunicación, en torno al 8,5% de la población, un 12% si hablamos de población adulta, con 20 nuevas consultas por 10.000 habitantes cada año.
La realidad es que “cada vez hay más consultas de Foniatría, pero menos foniatras”, asegura el doctor.
Ya sólo hay un centro concertado con un foniatra en Guipúzcoa para todo el País Vasco, una en Zaragoza y otra en Huesca para todo Aragón, dos en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona en toda Cataluña, dos en Valencia, cinco en Madrid, dos en Asturias, una en Mallorca, otra en Canarias y uno en Castilla y León; han desaparecido estos especialistas en Galicia y Extremadura y se mantienen consultas privadas en Navarra, Cantabria, Murcia y Andalucía.
Todos ellos con formación específica en Foniatría, la mayoría procedentes de la Escuela de Salamanca, pero que se han empezado a jubilar y la administración ha tomado una decisión que Gorospe califica de “curiosa”, pero que, en realidad, supone otro ejemplo más de cómo los profesionales sanitarios son los que garantizan la continuidad asistencial ante la falta de previsión del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas.
“Hace mucho tiempo que estamos dispuestos
a enseñar, no somos una sociedad científica gremial
y no tenemos ningún interés estrecho ni cerrado”
“Como la normativa para contratar a médicos especialistas exige que tengan una formación y esa formación ya no existe, se ha decidido recurrir a médicos rehabilitadores que de repente se encuentran con una asistencia que dar, pero sin formación específica en Foniatría, así que son las sociedades médicas -en este caso, la Sorefon, filial de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)- quienes realizan jornadas de formación por su cuenta con inscripciones muy bajitas y con docentes que no cobran, para ir dando respuesta al trabajo que tienen que realizar“, asegura el especialista, que es precisamente uno de los que imparte formación en estos cursos.
“Hace mucho tiempo que estamos dispuestos a enseñar, no somos una sociedad científica gremial, no tenemos ningún interés estrecho ni cerrado, compartimos con ellos este problema y colaboramos en impartir la formación con nuestra experiencia, se acabarán formando seguro, como hicimos los primeros foniatras”. De hecho, tanto la Someg, con unos 90 foniatras asociados, como la Sorefon, que ya tiene alrededor de 30, están dispuestas a trabajar de forma conjunta para asegurar un desarrollo científico necesario que impulse y dé continuidad al área de conocimiento y a la asistencia de la Foniatría.
Volver a empezar, como apunta el doctor Gorospe, armarse de nuevo, caminar otra vez en el desierto, y tocar a las puertas de otro Ministerio de Sanidad, para que “todo acabe diluyéndose porque no hay posturas de acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Llega un momento en que la especialización en España ya no parece posible, así que ya sólo nos queda luchar por la categoría profesional”, al menos para resolver la regulación del ejercicio de la Foniatría en España con médicos en situación de interinidad durante más de 30 años.
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
En torno a 1950, los primeros médicos foniatras iniciaron su actividad asistencial, docente e investigadora en España hasta llegar a la década de los 70 y 80 con dos hospitales donde se formaba a estos especialistas, el Vall d’Hebron de Barcelona y el Clínico de Salamanca, con un programa similar a una escuela de especialización, pero sin regulación oficial.
“En Salamanca hacíamos cuatro años con un rotatorio por Neurología de adultos e infantil, Psiquiatría, un año entero en Otorrinolaringología y al final otro año en la consulta de Foniatría, muy parecido al programa MIR, pero sin cobrar, porque era una formación que en realidad no existía de forma oficial, aunque éramos médicos, había un sistema de selección de candidatos y una rotación asistencial”, explica José Manuel Gorospe.
En 1989, Salamanca da un paso más y se convierte en la gran referencia nacional en Foniatría con la creación de Escuela de Especialización y el Título Propio de Médico Foniatra de la Universidad de Salamanca, un programa ya oficial, con nada menos que 350 créditos, el aval universitario y el apoyo del hospital y del propio Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), cuyo director general de entonces, Jesús Gutiérrez Morlote, estuvo en la inauguración. Cuatro alumnos cada año, 16 médicos que coincidían entre los cuatro cursos en el hospital y que suponen más de la mitad de los foniatras que están actualmente en ejercicio. Una cantera que parecía inagotable, un dulce sueño del que pronto estos especialistas empezaron a despertar. La Escuela dejó de funcionar en el año 2000.
“Llega un momento en el que la especialización
ya no parece posible, así que ya sólo nos queda
luchar por la categoría profesional”
“Fuimos inocentes”, reconoce Gorospe, pero más bien fue la respuesta lógica a una promesa fundada y consecuente del entonces Gobierno del PP para crear de forma inmediata el Área de Capacitación Profesional. “Después de muchos años yendo al Ministerio para que nos reconociera, llegamos a la cresta del desarrollo de la especialidad al lograr un acuerdo histórico entre las tres sociedades implicadas, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF) y la propia Sociedad Médica Española de Foniatría (SOMEF) sobre todo lo concerniente al programa de formación, quiénes podían acceder, cómo se regularía la obtención del título para quienes ya estuvieran trabajando… Conseguimos un documento conjunto que el Ministerio acogió de forma muy favorable, porque siempre suele haber dificultades cuando un área de capacitación genera polémica con diferentes especialidades existentes, pero nosotros lo teníamos resuelto”, explica el doctor, teniendo en cuenta además las dos PNL aprobadas ya en el Parlamento.
“Fuimos inocentes”, repite, y de verdad cuesta asimilar aquella marcha atrás gubernamental cuando se había llegado “a una situación evidente de capacitación”. Iban a ser dos años de especialización en Foniatría después de haber terminado Otorrinolaringología o Rehabilitación, y entonces Salamanca dejó de hacer convocatorias para la Escuela, “porque si invitábamos a un alumno a meterse en el título propio cuatro años se le iba a escapar de las manos la comparación” con el nuevo Área de Capacitación que, sin embargo, nunca llegó a aprobarse.
“Desde 1983, lo único que ha modificado el Ministerio de Sanidad es la especialidad de Admisión y Documentación, pero todas las que estábamos en la cola, Infecciosas, Psiquiatría Infantil, Urgencias, Genética, Foniatría… no hemos conseguido nada, se ha creado la categoría profesional de Urgencias, que engloba a un grupo muy grande de profesionales y luego sólo ha habido repuntes de Ministerios que prometen”, dice con resignación este superviviente de la Foniatría.
El caso de Salamanca
No en vano es también el último foniatra de Salamanca, el único de Castilla y León y uno de los pocos que siguen en la Sanidad pública española.
“A mí me duele mucho estar a punto de jubilarme y que la Foniatría no haya encontrado una solución para que tenga continuidad”, asegura, mucho más teniendo en cuenta que “Salamanca ha sido una referencia siempre, ha tenido el único centro de formación acreditada, ha sido pionera en conocimiento y en programas, por ejemplo, de implante coclear”, y en sus mejores años, llegó a tener tres foniatras, ahora sólo uno, 10 logopedas, ahora sólo cuatro, y un psicólogo, ahora ninguno.
Un equipo multidisciplinar mínimo para la atención hospitalaria de la patología de la comunicación que también se fue diluyendo y ahora se traduce en una lista de espera interminable que supera los 160 pacientes para iniciar la rehabilitación logopédica y que aumenta mes a mes. En el camino han tenido que dejar de tratar la patología del lenguaje escrito en los niños, como la dislexia, “para los problemas de lectoescritura el psicólogo era fundamental”, y la disfagia, con su propia unidad en las dependencias del Clínico, pero aún así no han logrado “salir del agujero”.
La primera cita en trastornos del lenguaje adulto e infantil puede llegar en 15 días o en un mes desde que lo pide Neurología, pero para iniciar la rehabilitación pueden pasar más de seis meses; en problemas de voz con carácter urgente, el médico foniatra puede atenderte en torno a los 15 días, pero se dispara a un año si hablamos de la voz preferente “y se quedan en el tintero” todos los volantes de atención normal, al igual que la disfonía infantil, “que es muy importante atender para que no vaya a más, pero nos come el sitio un paciente que no habla; difícil tarea, pero tienes que decidir”, explica Gorospe.
Lo mismo ocurre si hablamos, en concreto, del programa de implantes cocleares, una referencia en toda España, pero que dista mucho de llegar a la excelencia, como pretenden muchos gestores y dirigentes sanitarios a los que les encanta hablar de equipos multidisciplinares cuando el día a día dista mucho de la imagen idílica que intentan transmitir.
“Hace cinco años hicimos un estudio junto con María Garrido (foniatra ya jubilada) y descubrimos un déficit del 60% de profesionales respecto al programa de implante coclear de Nottingham. Entonces teníamos 680 implantados, teniendo en cuenta que se hacen unos 40 al año, ahora estaremos atendiendo entre 800 y 900 pacientes y hemos perdido una foniatra”, explica, para tener que escuchar, además, de algún subdirector médico de hospital “lo bien que lo hacemos con la mitad de gente”.
“Me duele mucho estar a punto de jubilarme
y que la Foniatría no haya encontrado
una solución para que tenga continuidad”
“Yo no sé si va a seguir esta Unidad de Foniatría o no, en el último momento puede aparecer algo o alguien que lo remueva, porque no es cuestión de dinero. Nos han reducido de 13 a cinco personas, son 8 puestos de trabajo que para el hospital no es nada y significaría volver a una competencia que hemos perdido, porque la demanda sigue aumentando. Se resuelve con muy poco, pero a día de hoy no veo ningún interés”.
A pesar de estas palabras, José María Gorospe no pierde la esperanza, sigue viendo una luz al final de tanta puerta cerrada, pero sobre todo sigue viendo cada día una realidad asistencial que exige de manera ineludible la atención de los trastornos de la comunicación en un enfoque multidisciplinar que incluya la perspectiva médica.
¿Esperanza?
Para ello, al menos sería una “pieza clave” que se aprobara la categoría profesional, una medida muy factible en Castilla y León al amparo del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud, y que al menos resolvería los problemas que tienen los hospitales para contratar. “Yo seré interino para toda mi vida, no se puede convocar una plaza para la que no existe ni especialización, ni área de capacitación ni categoría profesional, y así llevo desde el 86”, explica Gorospe como ejemplo de un sinsentido que dura ya más de 30 años.
Al final, si una Comunidad Autónoma da el primer paso, siempre puede ser el ejemplo a seguir, pero el problema es que “no interesa, no preocupa, como si no fuera un problema médico”, mientras vemos una sociedad con graves problemas de comunicación, algunos emergentes e infravalorados, como puede ser la pérdida auditiva del adulto, que afecta al 70% de las personas mayores de 70 años y no se trata; o la atención al daño cerebral adquirido, “que se atiende en el hospital en su fase aguda, pero es una tragedia tener que dar el alta a una persona cuando tiene 50 años y no ha conseguido recuperar la escritura o el habla”; o los trastornos del lenguaje en el niño, cada vez menos atendidos por logopedas en los colegios; o el aumento de los implantes cocleares laterales, ya que antes sólo se intervenía cuando había sordera en los dos oídos; o el aumento progresivo de profesiones con una carga vocal extraordinaria, más allá del profesor o el actor, como pueden ser ahora los teleoperadores; o incluso disfonías que antes se interpretaban en el terreno psicológico y ahora se están viendo como respuesta a un trastorno neurológico…
En definitiva, todo un elenco de viejos y nuevos trastornos de la comunicación que España ha estado tratando, pero se ha negado a reconocer, obviando incluso una larga tradición en la foniatría europea, con países de referencia como Alemania, con cátedras y departamentos universitarios de Foniatría, o Reino Unido, con institutos específicos nacionales de audición y comunicación. Porque más allá de los problemas que pueden pasar de forma inicial por un hospital en su fase aguda, queda un intenso trabajo socio sanitario y educativo que dé continuidad y atienda de forma integral algo tan vital para el ser humano como es la capacidad de poder comunicarse correctamente con los demás.
Claro que esto sería otra larga historia que contar, de momento habrá que salvar a los últimos foniatras. Pero que nadie se equivoque, como dice José Manuel Gorospe, “yo voy a tener siempre un amigo foniatra y tú quizá no, quien corre el riesgo no somos nosotros, es la población”.
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