Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día de los Derechos de la Infancia con acciones encaminadas a visibilizar las situaciones de desprotección y abuso que sufren los menores, principalmente en países empobrecidos y víctimas de conflictos. No hace falta irse tan lejos para conocer a menores que, en nuestro país y nuestra propia Comunidad Autónoma, padecen situaciones de discriminación y desamparo por ser migrantes.
Queremos denunciar la situación que padecen los menores migrantes que están viendo vulnerados sus derechos por desatención de las instituciones que tienen la responsabilidad de velar por su bienestar y que ejercen su tutela. Es el caso de los MENAs, Menores Extranjeros no Acompañados.
Asistimos a la llegada de menores, procedentes fundamentalmente de Marruecos, en situación extremadamente vulnerable y que, como menores, deberían recibir el amparo de las instituciones, basado en el marco legal y los convenios suscritos por el Estado en materia de protección de la infancia como expresión de la defensa de los derechos humanos que afectan a este colectivo.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia establece que los menores de 18 años, sea cual sea su procedencia, tienen derecho a una atención y protección especial que incluye: la protección contra cualquier tipo de discriminación, respeto al interés superior de la infancia, derecho a la salud, a la educación y a unas condiciones de vida dignas. Y estos derechos no pueden ser sustraídos por motivos de raza, religión, origen o cualquier otra condición.
Denunciamos que estos derechos son vulnerados sistemáticamente, tanto en relación a los menores como a los jóvenes ex tutelados que se enfrentan a un abandono sobrevenido al cumplir 18 años.
Las deficiencias y negligencias que se producen en el periodo de tutela tienen graves consecuencias en el futuro de estos menores que salen de los centros en condiciones muy desfavorables, sin escolarizar, sin conocimientos suficientes del idioma, sin documentación y con enfermedades no tratadas.
Ante las situaciones de abandono que los menores sufren en los centros, se producen fugas sistemáticas y se han detectado grupos de menores y ex tutelados en situación de calle, sin recursos y sin las mínimas condiciones de vida dignas.
Ante esta situación reclamamos:
• Tutela de las administraciones competentes desde que los menores llegan a territorio.
• Escolarización para todos y todas las menores de 18 años.
• Apoyo educativo en materia de idioma.
• Asistencia sanitaria
Al cumplir los 18 años:
• Tarjeta de residencia.
• Programas específicos que favorezcan la incorporación al mundo laboral.
• Ampliación de plazas municipales para erradicar el sinhogarismo en éste colectivo especialmente vulnerable.
• La no criminalización ni persecución policial.
• Reforzar el diálogo con las entidades que trabajamos en la incorporación de la población migrante a la sociedad, ya que se trata de una situación estructural de largo recorrido que requiere soluciones urgentes.
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