Su nefasta gestión se ha caracterizado por la falta de organización y planificación de las necesidades asistenciales, el caos administrativo e informático, los recortes presupuestarios y de personal, así como las externalizaciones que han abierto el camino a las privatizaciones, con efectos muy negativos en la población de Castilla y León, especialmente en Salamanca.
Se va después de ocho años de continuas mentiras y de poner en peligro la salud de los castellanoleoneses. Los conflictos han sido una constante en sus mandatos, especialmente por la forma de gestionar y planificar la Sanidad pública. De nada han servido las propuestas, quejas, denuncias, sentencias condenatorias y las numerosas movilizaciones de las mareas blancas por toda Castilla y León exigiendo un cambio de rumbo en la política sanitaria de nuestra Comunidad.
La política sanitaria llevada a cabo por su Consejería ha contribuido a desprestigiar el sistema público de salud y a sus profesionales, originando un perjuicio muy grave en la asistencia sanitaria, tanto en Atención Primaria como Especializada.
Con las medidas de externalización de procesos quirúrgicos, a través de la adjudicación de contratos por procedimiento negociado sin publicidad a la Sanidad privada, se ha dilapidado dinero público e infrautilizado las estructuras públicas, dando peor calidad asistencial a los pacientes, además de pagar más caro los procesos, sobre todo en términos económicos y de salud. Se han vulnerado derechos de trabajadores y pacientes con las insoportables listas de espera, poniendo en peligro la vida de los castellanoleoneses. Sin duda, se han traspasado todas las líneas rojas y encendido todas las alarmas en Castilla y León.
Indudablemente, la actitud del consejero negando los problemas que afectan a nuestro sistema sanitario público ha contribuido a agudizarlos. Su persistencia en las mentiras e inventos de planes estratégicos, Unidades de Gestión Clínica, Plan Perycles, las eternas promesas de finalización del nuevo hospital salmantino, el desprecio a la Sanidad rural y la opacidad en la información sólo han servido para ganar tiempo con falsas promesas y mantenerse en el cargo.
Teniendo en cuenta los escándalos de las oposiciones de Enfermería; las instrucciones para maquillar las listas de espera de Burgos; la concesión de este hospital a la Sanidad privada, con un sobrecoste de más de 600 millones y que actualmente se investiga en una comisión de las Cortes; la pérdida de 15.000 pruebas radiológicas en Ávila; los pagos a servicios extraordinarios de “algunos funcionarios”; las condenas por el fraude de contrataciones; las dimisiones de múltiples coordinadores en protesta por la falta de dotación de personal sanitario en el medio rural y, lo más patético, elaborar desde su propio ordenador una carta que defendía “la buena marcha de las Sanidad en Castilla y León” firmada por jefes de servicios, cargos de libre designación que, de haberse negado a hacerlo, podrían haber sido cesados fulminantemente. Pues a pesar de todos ellos, y más, es inconcebible, desde la perspectiva de la ética y la razón, su resistencia y apego al cargo. Claro está, avalada y consentida por el presidente, Vicente Herrera.
Resumiendo, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha pervertido en su ámbito de gestión, la Sanidad, todos los valores que debería tener cualquier político dedicado a la gestión pública: responsabilidad, ética y transparencia. Se irá, pero dejando la peor de las herencias a su sucesor o sucesora.
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