Las plataformas de Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León” en su última reunión celebrada en Valladolid, han coincidido en su alarma ante lo que consideran un proceso de deterioro al que se está sometiendo al sistema sanitario público y ante la deriva hacia su privatización.
Desde que la Junta de Castilla y León publicó el Decreto 57/2014, de 4 de Diciembre, para regular la implantación de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), las Plataformas han venido estudiando el significado de los profundos cambios que representa este nuevo modelo organizativo en el Sacyl y las graves repercusiones que tiene para la población usuaria y el propio personal sanitario.
El 26 de Setiembre, la Consejería de Sanidad publicó en el BOCYL la Orden SAN/822/2016, por la que se crean 15 Unidades de Gestión Clínica en Castilla y León, que afectan tanto a servicios de Atención Primaria como de Atención Especializada. A juicio de las plataformas, se trata “del inicio oficial de un plan urdido desde el Gobierno de la Junta para ir desmantelando, silenciosa pero eficazmente, el andamiaje del sistema sanitario público que hoy conocemos, tan preciado como imprescindible para la mayoría de la población”.
Por este motivo, las Plataformas para la Defensa de la Sanidad Pública de la comunidad han decidido difundir su postura consensuada y evitar la puesta en marcha de esta Unidades, que, a su juicio, “priman el ahorro en el gasto sanitario por encima de los resultados en salud”. “Con el pretexto de lograr una mayor implicación de los profesionales sanitarios en la organización y gestión de los servicios, organizados en Unidades con una supuesta mayor autonomía e independencia, vemos detrás una intención de hacerles cómplices del poder político en los recortes sanitarios, afirman y recuerdan que el gasto sanitario público de 2014 es 10.000 millones de euros más bajo que en 2009.
Además, considera que coloca a los profesionales sanitarios en un dilema ético-deontológico, porque cobrarán más, mediante incentivos, si gastan menos con las personas que atiendan. Una fórmula que “pone en riesgo la atención de las personas más enfermas, más necesitadas del sistema sanitario y, por tanto, más incómodas por el mayor coste que representan para unos servicios que funcionarán como microempresas, atentas a una cuenta de resultados favorable, lo que aumentará la inequidad del sistema”.
Fin de la participación ciudadana y de los trabajadores
También alertan del fin de la participación de la ciudadanía en el control de su sistema público de salud, porque no se contempla ningún cauce de intervención por los usuarios en la nueva organización de las Unidades de Gestión Clínica, así como del final de la Atención Primaria, fundamentada en los conceptos de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, actividades sin relevancia alguna en este modelo.
Respecto a los trabajadores, creen que los dejan sin capacidad para negociar sus condiciones de trabajo, ante una Dirección unipersonal y omnipotente, nombrada “a dedo” por el poder político.
Con todo, creen que estamos ante “el modelo más propicio al desembarco del capital privado en la sanidad pública, para hacer de la salud de las personas el gran negocio, tanto tiempo apetecido por los grandes inversores”.
“Con esta reforma organizativa no se corrigen los principales problemas del Sistema Sanitario Público: pobre financiación, hospitalocentrismo, una formación e investigación dependiente de los intereses de las multinacionales, mala educación para la salud de la población, estamento gerencial ligado al poder político y con escasa profesionalización, deficiente integración de los recursos y niveles asistenciales, centralismo en la toma de decisiones y nula participación decisoria de la ciudadanía. Muy al contrario, se camina en dirección opuesta, porque antes de concluir que el modelo actual no sirve, hay que hablar de la culminación del fracaso de los actuales gestores que no defienden el Sistema Público de Salud, porque no creen en él o porque tienen otros intereses”, aseguran las plataformas.
Además, recuerdan que N+no hay constatación de que el modelo de Unidades de Gestión Clínica comporte algún beneficio para los pacientes. Del largo recorrido que tienen ya en Andalucía o Asturias y de las dos experiencias piloto que hubo en Castilla y León, no se conocen evaluaciones transparentes y de calidad, tanto en términos económicos como por sus resultados en salud, que hagan plausible una generalización del modelo.
“Consideramos que se trata de una decisión política neoliberal, una más de las que se vienen tomando para acabar con los servicios públicos en manos del Estado, garante en la satisfacción de derechos esenciales del ser humano (salud, educación, pensiones, atención a la dependencia…), y así hacer de la prestación de esos servicios a la sociedad una oportunidad para el enriquecimiento de unos pocos”. apuntan.
Por todos los motivos indicados, estas agrupaciones hacen un “llamamiento a usuarios y trabajadores para sacudirse la pasividad y defender activamente nuestra sanidad pública y nuestro derecho a la salud, informándose y participando en todo tipo de organizaciones y colectivos ciudadanos que, como nuestras Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, pretenden poner freno al desmantelamiento del Servicio Público de Salud”.
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