El Consejo Autonómico de Enfermería, que agrupa a los nueve colegios profesionales de Castilla y León, interpondrá un recurso contencioso-administrativo para solicitar la paralización cautelar de la aplicación de la Orden EYH/315/2019, de 29 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por la que se regulan medidas dirigidas al alumnado que presenta necesidades sanitarias o socio sanitarias.
Según se informa desde la organización en una nota de prensa, el Consejo ha adoptado esta medida “después de analizar la repercusión que esta Orden puede tener tanto para profesionales como para los niños, y hace públicas las siguientes consideraciones:
1. “Va contra la ley y carece de consenso entre los profesionales: no existe un informe preceptivo de las organizaciones profesionales ni ha sido consultada a las organizaciones profesionales de Enfermería, a pesar de que las normas así lo establecen, como la Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa, que apenas se aprobó en septiembre pasado y que establece la obligatoriedad del diálogo civil en la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta, donde las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación podrán realizar aportaciones desde el primer momento“.
2. “Falta de responsabilidad de la Administración, al encomendar actividades de educación sanitaria y de dispensación de medicamentos a los profesores, con las implicaciones que pueda tener para estos, al manipular fármacos”.
3. “Invasión de competencias: la Junta fomenta el intrusismo profesional al encomendar actividades propias de los profesionales de Enfermería al profesorado”.
Según ha asegurado el presidente de la entidad, Alfredo Escaja, “el Consejo lleva mucho tiempo exigiendo que haya enfermeras que garanticen la atención a niños con necesidades de salud y para educar desde pequeños a tener un estilo de vida saludable, y esta norma no responde a estas necesidades”.
Por otra parte, añade, “estamos indignados por la falta de respeto de esta Administración a los enfermeros, además de preocupados por las consecuencias que esta norma pueda tener en última instancia para la atención sanitaria que reciben las personas más vulnerables, que son los niños que tienen necesidades especiales”.
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