El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha reiterado hoy “su firme compromiso con el modelo español de farmacia”, según el cual hace falta tener la condición de farmacéutico para ser titular de una oficina de farmacia, cuya propiedad está regulada por las comunidades autónomas y por la legislación estatal.
El departamento que dirige Alfonso Alonso ha respondido así a un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) conocido hoy que propone, entre otras medidas, abrir la dispensación de medicamentos a comercios ajenos a la farmacia, liberalizar la venta de fármacos por internet -en la actualidad solo es legal para farmacias acreditadas- y suprimir la obligatoriedad de la colegiación.
Según subraya el Ministerio en una nota de prensa, el modelo vigente en España desde hace décadas “ha garantizado la profesionalidad del servicio farmacéutico y una atención farmacéutica de calidad al servicio del paciente, por encima de otros intereses”, por lo que considera este sistema “el más apropiado para garantizar la protección de la salud por encima de cualquier otro interés”.
En cuanto a la propuesta de Competencia, Sanidad cree que estas opciones “pondrían en riesgo la salud de los ciudadanos, al no estar garantizada la asistencia profesional, además de fomentar prácticas fraudulentas, como la venta de medicamentos falsificados”, de modo que ha recalcado que, para “asegurar la protección de la salud pública”, defenderá el modelo actual “ante cualquier propuesta en este sentido”.
Cercanos a los ciudadanos
Además, recuerda que gracias a este sistema, “que garantiza que la farmacia es uno de los establecimientos sanitarios más cercano a los ciudadanos”, ha sido posible “avanzar en el buen uso de los medicamentos, así como en la adherencia terapéutica de los pacientes crónicos o polimedicados”.
En este contexto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad defiende “un modelo que permite fácil acceso de los pacientes a su medicación, con independencia del ámbito rural o urbano en el que residan, y una eficiencia de costes que sería difícilmente alcanzable con sistemas como el propuesto por la CNMC, que equipara el medicamento a cualquier otro bien de consumo”.
Avalado por la Unión Europea
Por otra parte, el departamento de Alfonso Alonso señala que el modelo español “ha demostrado una alta capacidad de adaptación a las circunstancias, pues desde 1980 se ha pasado de tener que gestionar 10.000 medicamentos autorizados a los 27.000 que hay en la actualidad”, y apunta que en ese mismo periodo el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tramitar 400 millones de recetas a los 900 millones que se dispensan cada año.
Esta adaptación, continúa el Ministerio, “se ha producido sin aumento de reacciones adversas, para lo que es esencial que las farmacias estén en manos de profesionales”, y ha conseguido evitar “la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de distribución”. Esto se debe a que la cadena asistencial, incluida la dispensación de medicamentos, “está altamente profesionalizada según el modelo español de farmacia”, mientras que en países con modelos distintos, como Estados Unidos, “hasta un 1% de los medicamentos que se consumen son falsificados”.
Como indica Sanidad, España ha defendido este modelo de oficina de farmacia ante la Unión Europea, “que ha avalado la accesibilidad, funcionalidad y garantía de servicio al ciudadano del mismo”, al igual que “las decisiones judiciales españolas y comunitarias”, que han considerado este sistema “ajustado al Derecho”.
En su informe (puede consultarse íntegro aquí), la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia recoge que la regulación actual de las oficinas de farmacia en España “impone restricciones de acceso, de propiedad y de ejercicio de la actividad de la distribución minorista de medicamentos” que tienen “impacto negativo sobre la competencia y, en consecuencia, perjudican a los pacientes como consumidores de estos productos, incrementan el coste de aprovisionamiento del sector público y reducen el bienestar general”.
Por ello, y aun reconociendo “la necesaria protección del interés público, inherente a la regulación de este mercado, en lo que se refiere a la seguridad y acceso a los medicamentos”, en su polémico informe la CNMC realiza, entre otras, las siguientes recomendaciones a las autoridades, “con el fin de alcanzar un mayor grado de competencia”:
– Eliminar “los módulos de población y las distancias mínimas obligatorias, tanto entre oficinas de farmacia como entre éstas y los centros de salud”.
– Suprimir “una serie de restricciones al ejercicio de la actividad de dispensación de medicamentos”. Así, sugiere permitir la venta de fármacos no sujetos a prescripción médica “en otros establecimientos”, eliminar “la reserva de actividad de las oficinas de farmacia en la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de sitios web y la venta de medicamentos sujetos a prescripción a través de sitios web, con el requisito de que la dispensación se realice por un técnico competente”.
– Eliminar el requisito de que los propietarios y titulares de oficina de farmacia “sean exclusivamente farmacéuticos colegiados” y permitir la propiedad de más de una oficina de farmacia, así como “eliminar la restricción a la integración vertical de las oficinas de farmacia, por ejemplo, con la distribución mayorista, mediante la modificación normativa correspondiente”.
– “Suprimir el requisito de colegiación obligatoria para titulares y farmacéuticos en oficinas de farmacia” y eliminar “la reserva de actividad de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos en la facturación y cobro de recetas oficiales”.
– Eliminar “otras restricciones que afectan a los horarios y publicidad de las oficinas de farmacia y a los requisitos en los concursos de méritos para la apertura de nuevas farmacias”.
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