La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y La Caixa han firmado un convenio de colaboración a través del cual, en febrero, se pondrá en marcha esta experiencia piloto que pretende valorar el uso de tarjetas como complemento al servicio actual de reparto de alimentos y su utilidad como medio de pago de las ayudas de urgente necesidad. A través del Fondo de Solidaridad, se decidirán los detalles de aplicación de este pilotaje como la entidad que lo desarrolle, la provincia en la que se realice la experiencia y los criterios para su aplicación.
Se estima que la experiencia se puede desarrollar a través de unas 300 familias y, una vez analizados los resultados, la intención de la Junta es implantarlo en toda la Comunidad. Gracias a este convenio, la Obra Social ‘la Caixa’ aporta 90.000 euros entre 2015 y 2017 destinados al Fondo de Solidaridad.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el director territorial en Castilla y León y Asturias de La Caixa, José Manuel Bilbao, han firmado un convenio de colaboración mediante el cual se va a desarrollar un proyecto piloto que permitirá analizar y valorar la implantación de un instrumento como las tarjetas prepago para la adquisición de alimentos frescos por parte de las familias y personas vulnerables.
Alicia García se ha referido a que, a través de esta experiencia piloto, se quiere avanzar en la integralidad y mejora en la atención a las personas y explorar las posibilidades de un sistema de tarjetas prepago con los objetivos de servir, por un lado, como complemento al servicio de distribución de alimentos que ya existe, para mejorar la respuesta y ofrecer mayores posibilidades de elección a las personas para los alimentos frescos, ya que los beneficiarios del servicio seguirían recibiendo los productos perecederos de la forma habitual y, por otro, para utilizar estar tarjetas como soporte de las ayudas en situaciones de urgente necesidad.
Entre 2015 y 2017, apoyo de La Caixa
La consejera ha agradecido a La Caixa su implicación en lo que es un nuevo ejemplo de colaboración público-privada para el desarrollo de actuaciones de interés general en las que administraciones y entidades aúnan esfuerzos y recursos para mejorar la protección a las personas y familias. Gracias a este convenio, La Caixa aporta 90.000 euros entre 2015 y 2017 destinados al Fondo de Solidaridad.
Este proyecto piloto comenzará a funcionar en febrero, una vez que se determine por parte del Fondo de Solidaridad la entidad o entidades que van a desarrollarlo, en qué provincia o provincias se hará el pilotaje y los términos detallados de su contenido y desarrollo. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que, una vez analizados los resultados de este pilotaje, la intención es implantarlo con carácter general en toda la Comunidad para que complemente al actual sistema de distribución de alimentos, tanto el ordinario como el urgente, y permita extender su uso a las ayudas de atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.
Está previsto que este pilotaje pueda ponerse en marcha a través de unas 300 familias que serán seleccionadas entre la Gerencia de Servicios Sociales y la entidad y corporación local que desarrolle el pilotaje de conformidad con una serie de criterios que permitan evaluar su efectividad en función de diversas circunstancias sociales y personales. Se entregaría a las familias una tarjeta prepago con un crédito mensual asignado en función del número de miembros de la familia para la compra de productos alimenticios en cualquier establecimiento que tenga habilitado el pago con tarjeta.
Ventajas y beneficios
Se va a pilotar este sistema de tarjetas por considerar que puede aportar beneficios y ventajas para las personas, entre ellas evitar la estigmatización y fomentar la normalización, seguir cubriendo las necesidades alimentarias de las familias, mayor comodidad para las personas y flexibilidad en el servicio para elegir los alimentos que deseen consumir. También aportaría ventajas respecto a las entidades gestoras ya que reduciría los costes de gestión y las cargas administrativas.
El servicio de reparto de alimentos ha atendido desde su puesta en marcha en 2013 a una media de 26.000 personas al año. En 2014 fueron 21.782 las personas beneficiarias a través del reparto ordinario y 1.813 a través del reparto urgente de alimentos. Por otro lado, y con las ayudas de urgencia social, se atendió en 2014 a 8.272 personas proporcionándolas ayudas para gasto de alimentación. Todo ello hace un total de 31.867 personas que recibieron de una u otra forma apoyo para satisfacer sus necesidades de alimentación durante 2014.
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