El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de Sanidad, con el que se busca paliar el déficit de especialistas en Atención Primaria, tanto médicos de Familia como pediatras. La norma, que incluye la recuperación de la productividad variable, incentivos de hasta 6.000 euros en los puestos de difícil cobertura o actuaciones para la “fidelización” de los MIR, posiblemente entrará en vigor “el próximo lunes”, tras su publicación en el Bocyl.
Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, poco antes de asistir al acto de despedida de la gerente del complejo asistencial de Salamanca, donde ha afirmado no entender las críticas vertidas desde UGT y CCOO por la falta de negociación del decreto en Mesa Sectorial. “Se trata de medidas muy importantes de apoyo a los profesionales y que garantizan contratos de larga duración, por lo que entiendo que deberían ser bienvenidas”, ha indicado.
Además, el máximo responsable sanitario de la Comunidad ha negado las consideraciones de los sindicatos, puesto que “algunas partes del decreto sí han sido sometidas a negociación, como la productividad variable, que se ha tratado dos veces en la Mesa Sectorial de Sanidad, y el problema de los puestos de difícil cobertura, que se ha abordado en tres ocasiones”.
Un órgano que UGT y CCOO han abandonado “por la falta de respeto a los representantes de los trabajadores” que supone que se convoque una mesa “con documentos ya decididos y anunciados en la prensa esa misma mañana” por parte de la Consejería de Sanidad. “Para cumplir con el atrezzo, había convocado una mesa sectorial extraordinaria a las 17:00 horas del mismo día y había informado a los integrantes de la misma de los mismos puntos la tarde anterior”.
“También por la tarde estaban convocados los grupos de trabajo para la mejora de la Atención Primaria, derivados del Consejo Castellano y Leonés de Salud y de las Cortes de Castilla y León, en el que se abordan puntos como los puestos de difícil cobertura o la posibilidad del transporte a la demanda (que implica el cierre de consultorios locales), incluidos en el mismo decreto, y que son asuntos que deberían negociarse en el ámbito laboral, y no en el político”, continúan los sindicatos en un comunicado en el que muestran su “preocupación” por los “comportamientos electoralistas de esta Administración”.
“Está trasladando los asuntos laborales, sujetos a la negociación colectiva, al ámbito político, hurtando de esta manera la verdadera negociación a sus legítimos responsables, lo que consideramos un auténtico fraude, vulnerando los derechos reconocidos en las leyes y un permanente ataque a la credibilidad de los sindicatos como defensores de los trabajadores”, denuncian.
Tal y como adelantó Sáez Aguado el pasado martes, el Decreto Ley de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Gobierno se estructura en cuatro títulos, nueve artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales.
El título I se refiere a medidas en materia de productividad con las cuales se pretende incentivar a los profesionales de Sacyl, vinculándola a los objetivos asistenciales. Globalmente, estos incentivos ascenderán a 36 millones de euros y se concretarán en los distintos mediante un Pacto de Objetivos, donde se determinarán los aspectos concretos del Plan Anual de Gestión que afecten a cada servicio, unidad o equipo. Se recupera así este instrumento de motivación de los profesionales que fue paralizado en 2012 como consecuencia de la situación económica de la Comunidad.
El título II hace referencia a las medidas para el reconocimiento y la provisión de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de la Atención Primaria en la Gerencia Regional de Salud. Para esta calificación se tendrán en cuenta la distancia desde el centro de salud al hospital de referencia; el tiempo semanal empleado en los desplazamientos; el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos. Según estos criterios, se puntuarán los puestos y, si cuentan con una puntuación igual o superior a siete puntos con los baremos establecidos, se declararán de difícil cobertura.
A través de esta norma, se establecen también medidas incentivadoras, como el reconocimiento del complemento de garantía asistencial, especialmente para las categorías y profesiones con déficit de profesionales. Dicho complemento será de 6.000 euros anuales para los profesionales del grupo A1; de 1.300 euros anuales para los pertenecientes al grupo A2 y de 300 euros anuales para las categorías C1 y C2, así como para otras agrupaciones profesionales.
Otras medidas son la flexibilización del horario; la disponibilidad en los llamamientos de interinidad en las bolsas de empleo temporal, siempre que el profesional lleve más de un año desempeñando dicho puesto; la valoración como mérito en la carrera profesional, considerándose como cooperación con el Servicio de Salud; la prioridad en la participación en las actividades de formación y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos puestos de difícil cobertura en los proyectos piloto o de investigación.
El título III se refiere a las medidas en materia de fidelización de los licenciados sanitarios especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Con carácter excepcional, durante los años 2019 y 2020 se podrán realizar anualmente nombramientos eventuales a todos los médicos de esta especialidad que hayan finalizado su residencia en los tres años anteriores a la fecha del nombramiento por un periodo de dos años prorrogable, en su caso, por un año más. Posteriormente, se realizará un estudio y valoración sobre si procede la creación de una plaza en la plantilla orgánica.
Por último, el título IV recoge medidas sobre servicios de transporte a la demanda en los casos en los que sea preciso para ofrecer la cobertura asistencial oportuna cuando no sea posible hacerlo en los consultorios locales por carencia de profesionales. Se modifica para ello la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Catilla y león, añadiendo en la misma una disposición adicional única que regula esta materia.
Con esta medida se posibilita el desplazamiento del usuario al centro de salud o a otro consultorio de la Zona Básica de Salud mediante un transporte a demanda que resultará gratuito para el usuario.
Estabilidad laboral
Según indica la Administración autonómica en una nota de prensa, estas iniciativas “se suman a otras ya adoptadas por parte de la Consejería de Sanidad para hacer frente al déficit de especialistas, entre las que destaca la prolongación del servicio activo de todos los profesionales que lo solicitan una vez cumplida su edad de jubilación o la habilitación para la contratación de especialistas que no cuenten con el requisito de nacionalidad”.
Asimismo, añade, se ha mejorado la estabilidad en el empleo, pues en los últimos tres años se han ofertado por oposición 642 plazas de médico de Familia, a las que se añadirán otras 710 en la próxima convocatoria. En conjunto, serán 1.352 plazas que facilitarán la estabilidad laboral de estos profesionales.
De igual modo, “en 2016 se convocó un concurso de traslados de médicos de Familia ya resuelto, con un total de 2.412 plazas”; este mismo mes de febrero “se ha convocado concurso abierto y permanente de médicos de Familia que facilitará su movilidad y la atracción de especialistas de otras comunidades, y también se han incrementado las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y se ha negociado, para su próxima aprobación, el pago de las acumulaciones a los profesionales de Atención Primaria cuando no es posible su sustitución por falta de profesionales”.
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