Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra mañana 17 de octubre, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y su Movimiento Asociativo lanzan la campaña Discapacidad es pobreza para 1 de cada 3, para alertar de que una tercera parte de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de exclusión y reclamar medidas urgentes para atajar esta situación agravada por la pandemia de la COVID-19.

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Millones de personas en todo el mundo celebran hasta este domingo la Semana Internacional de las Personas Sordas, impulsada por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50 y organizada desde entonces por cientos de asociaciones. En España, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su red asociativa también se han sumado a esta conmemoración, que este año tiene como lema Reafirmando los derechos humanos de las personas sordas.

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La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado en un estudio que “el cruce del androcentrismo y el propio modelo biomédico ha invisibilizado la salud de las mujeres con discapacidad”, puesto que en las investigaciones se ha contado de forma minoritaria con la participación de hombres y no se ha tenido en cuenta las necesidades específicas de la población femenina con discapacidad.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados que la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se tramita en el Congreso de los Diputados, sea plenamente respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque el texto no menciona directamente a las personas con discapacidad, recoge expresiones que en opinión del movimiento CERMI deberían suprimirse, como “persona plenamente capaz y consciente”; “en plena capacidad de obrar”; “enfermedad invalidante”; “limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación”; “situación de incapacidad de hecho: situación en el que el paciente carece de entendimiento y de voluntad suficiente para gobernar su vida de forma autónoma sin que necesariamente haya resolución judicial de capacitación”, e “impedido físicamente”.

Para el CERMI, estas expresiones, imprecisas, inapropiadas y muchas veces incorrectas desde una consideración exigente de derechos humanos, pueden dar pie a interpretaciones indeseables de la futura ley en relación a las personas con discapacidad. Además, señala que deberían estar superadas en una norma del siglo XXI y en un Estado signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, recuerda que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión a España, formuló recomendaciones, entre las que se encontraba la de “velar por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación”.

Por ello, el CERMI defiende que la regulación de la eutanasia debe aludir a las personas que presentan “una condición, estado o situación de salud caracterizado por la presencia de una enfermedad o patología graves e incurables que ocasionen padecimientos continuos e insoportables en los términos establecidos en esta ley”, evitando los términos anteriores.

Consentimiento informado

En relación con el consentimiento informado, aunque está ampliamente citado en la iniciativa legislativa, no recoge ningún tipo de salvaguarda ni procedimiento para que el mismo sea accesible e inclusivo y ofrezca todas las garantías a las personas con discapacidad que quieran ejercer este derecho.

Para resolver esta cuestión, la plataforma representativa de la discapacidad en España plantea la incorporación a la ley de una disposición adicional específica sobre personas con discapacidad que recoja que “en los procedimientos que hayan de seguirse en virtud de lo establecido en esta ley para solicitar y recibir ayuda para morir, cuando se trate de personas con discapacidad, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas”.

Asimismo, el CERMI pide que se indique explícitamente que se facilitarán “las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y de los demás derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico”.

De igual modo, insta a que se establezca que “las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.

En definitiva, el CERMI reclama que la futura regulación de la eutanasia sea neutra con las personas con discapacidad y que se abra a la participación también de profesionales como es el caso de los psicólogos.

 

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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y su Movimiento Asociativo invitan a la población a notificar incidencias de accesibilidad mediante el uso de la aplicación móvil AccesibilidApp para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

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Los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han recordado hoy que "denegar la derivación hospitalaria sin ofrecer una alternativa viable adecuada podría incurrir en una omisión del deber de socorro", por lo que exigen "actuaciones concretas" para que no vuelva a discriminarse a sectores como el de las personas mayores con discapacidad si vuelve a vivirse una situación de colapso sanitario por la pandemia de COVID-19.

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Hace una semana, Marcos Lechet, un joven de Gran Canaria con discapacidad auditiva, publicaba un tuit en su perfil: "Me llamo Marcos y soy sordo, necesito leer los labios para comunicarme, como muchas personas sordas, niños, jóvenes, adultos. Me gustaría llegar al ministro @salvadorilla para poder explicarle con mi propia voz la necesidad de las mascarillas transparentes".

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El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), ha advertido de que la accesibilidad al teléfono de emergencias 112 "no está garantizada en igualdad de condiciones para todas las personas", puesto que no cumple con las exigencias de la legislación europea.

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Tras la compleja situación que se vivió en el último trimestre del pasado curso por el cierre de los centros educativos a consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las administraciones educativas que no ignoren las necesidades específicas del alumnado con discapacidad en la vuelta a las aulas.

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El presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Joan Ruiz, ha hecho un llamamiento para "repensar" el modelo de residencias de personas con discapacidad y mayores tras la situación que se ha vivido en ellas durante la pandemia de COVID-19.

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