La Junta de Castilla y León solicitará ante los tribunales que se anule la orden que establece el copago de los fármacos que se dispensan en los hospitales a los enfermos crónicos. Es su respuesta al rechazo del Ministerio de Sanidad a su requerimiento de retirar una medida con la que el Ejecutivo autonómico discrepa, al considerar que no contribuye a generar ahorro ni a la sostenibilidad del sistema. Así lo confirmó ayer en Salamanca el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien reconoció, no obstante, que su departamento tendrá que cumplir la resolución si su anulación no prospera.
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha reiterado en Salamanca la disconformidad de la Junta con la resolución que establece el copago de los medicamentos de dispensación hospitalaria, generalmente destinados a enfermos crónicos. Esta idea llevará al Gobierno autonómico a presentar “en los próximos días un recurso contencioso administrativo reclamando judicialmente su anulación”.
Según ha recordado el máximo responsable sanitario de la Comunidad, su departamento ha compartido “los cambios que ha planteado el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de la nación en relación al copago farmacéutico, a través de recetas, porque entendíamos que era una medida que contribuía a la sostenibilidad de la Sanidad pública, algo que, de hecho, así se ha demostrado”. Sin embargo, “esta otra medida no contribuye a generar ahorros, ni a la sostenibilidad y, además, no debe ser disuasoria, porque afecta a pacientes con procesos graves”. Por lo tanto, ha añadido, “no comprendemos las razones de su implantación”.
No obstante, Sáez Aguado ha reconocido que si no prospera la retirada de la normativa que establece el copago hospitalario, la Junta tendrá que aplicarla en Castilla y León. “Nosotros somos un Gobierno serio, y aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas, como ocurre con esta resolución, si al final se mantiene en vigor la aplicaremos, porque forma parte de las normas que estamos obligados a cumplir todos los ciudadanos y todos los gobiernos”, ha asegurado.
Para ello, la Consejería de Sanidad está “estudiando y haciendo algunos ajustes en los procedimientos de los servicios hospitalarios de Farmacia por si en un tiempo razonable, si esta orden no se anula por una u otra vía, tuviéramos que aplicar esta resolución”, en vigor desde el 18 de octubre, aunque por el momento ninguna comunidad ha podido ponerla en marcha.
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