Opinión Por María García Gómez* Lunes, 26 Febrero 2018 08:42
= EL BAÚL SANITARIO =

El cuidado de las personas

*Secretaria de Sanidad del PSOE Salamanca

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Aunque el cuidado de las personas no debe tener género, los estereotipos de género siguen imponiéndose en nuestra sociedad y ocasionando un problema muy importante para la igualdad y el desarrollo de las mujeres. Si hacemos referencia a los cuidados de las personas, hablamos de mujer, tanto en el ámbito familiar como en el laboral.

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Aunque hay algunas excepciones de hombres comprometidos, son las mujeres las que siguen atrapadas en la responsabilidad de cuidar. Un ejemplo claro lo tenemos en la actividad laboral de las trabajadoras de Atención Domiciliaria, es decir, lo que llamamos Ayuda a Domicilio. Este sector aglutina al 95% de mujeres que prestan ayuda a personas con algún grado de dependencia, discapacidad, enfermedad o familias en situación de riesgo social.

Si bien el Servicio de Ayuda a Domicilio en España nace en marzo de 1970 a través de una Orden del Ministerio de Trabajo y otra después en 1971 como Servicio Social de Asistencia a los Ancianos, en realidad no empezó a funcionar hasta los años 80 con la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos.

En el año 2006, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero centra la atención a las personas dependientes como prioridad en las políticas sociosanitarias, presentando la Ley de la Dependencia. Esta ley estableció una serie de servicios para personas en situación de dependencia, entre los que estaba el servicio de Ayuda a Domicilio con el fin de atender las necesidades de la vida diaria de estas personas, realizando diferentes tareas de apoyo en la higiene personal, en la movilización, medicación, limpieza de la casa, gestiones médicas, acompañamiento etc.

Lamentablemente, este servicio sigue funcionando con esquemas sólo de limpieza de las viviendas, cuando en realidad es una prestación psicosocial básica del sistema público de Servicios Sociales. El verdadero valor de este trabajo no se limita sólo al doméstico, sino al apoyo psicosocial, educativo y asistencial.

Desgraciadamente, la Administración (ayuntamientos y diputaciones) no asume la gestión directa de estos servicios y subcontrata empresas privadas a las que paga para prestarlos, desvirtuando el objetivo principal de proporcionar unos cuidados de calidad y eficiencia al convertir el servicio en negocio. Estas empresas se presentan a concursos públicos que saca la Administración, donde se elige, normalmente, la oferta más barata, en más de una ocasión temeraria, donde no se cumple el convenio colectivo, se recortan salarios, complementos, licencias o vacaciones que repercuten no sólo en las trabajadoras, sino en la calidad del servicio.

Es imposible que una auxiliar que dispone de hora y media, incluso en algunos casos media hora, pueda realizar el aseo personal, ayudar en el hogar y hacer otras gestiones necesarias para desarrollar su trabajo con la calidad que requiere esta prestación, y todo esto se produce ante la impasible mirada de la Administración que contrata a estas empresas y que no ejerce el control que se requiere.

La violencia en el lugar de trabajo (domicilio del usuario) también es un factor a tener en cuenta que se da por diferentes causas, como enfermedades mentales, demencias o alzheimer que pueden ocasionar algún episodio violento, o por falta de información de los familiares que desconocen en qué consiste este servicio. Todas las empresas deberían disponer de un protocolo que, ante una agresión, verbal o física, permitiera una pronta actuación correctora.

No me cabe duda de que en los sindicatos se está luchando por dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, especialmente desde la Secretaría de la Mujer de FESP-UGT de Castilla y León, liderada por Fonsi Bonafonte, que tanto en las mesas de negoción como en diferentes foros repite incansablemente los problemas que acucian a este colectivo:

"Estas trabajadoras desempeñan su trabajo en condiciones precarias y con bajos salarios. La mayor parte de la atención a los dependientes se realiza en los domicilios, en viviendas que no están adaptadas para desarrollar su labor, con espacios pequeños que dificultan moverse con sillas de ruedas, cuartos de baño sin grúas, camas no regulables que obligan a las trabajadoras a una sobrecarga física que, en muchas ocasiones, debería ser realizada por dos personas. La ausencia de medidas preventivas y de seguridad las está llevando a la pérdida de salud. Las lesiones que arrastran estas trabajadoras por los sobreesfuerzos relacionados con la movilización manual de las personas hacen que abandonen su trabajo antes de la edad de jubilación, quedando en una situación de indefensión total para poder cotizar y optar a una pensión aceptable".

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha señalado la labor de este colectivo como una de las cinco actividades productivas con un mayor índice de accidentes laborales; por lo tanto, como bien señala Fonsi Bonafonte, es de justicia que se valoren las enfermedades profesionales de la dependencia y se incluya la descripción y las lesiones más frecuentes del sistema músculo-esquelético en el RD 1299/2006 como los principales riesgos profesionales marcados por los sobreesfuerzos y movimientos repetitivos relacionados con la movilización manual de las personas.

Queda mucho por hacer con estas trabajadoras; en primer lugar, reconocer el valor social que merece su trabajo, además de una justa retribución y el cumplimiento de las medidas de prevención.

La Administración debe ejercer sus funciones y no puede, por mera comodidad, descartar una gestión directa del servicio donde los beneficios se reinviertan en una mayor eficiencia del mismo.

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