Uno de los ejes fundamentales del derecho a la salud es el acceso a los medicamentos seguros, eficaces y de calidad, y en algunas enfermedades el tratamiento farmacológico es crucial y determinante en muchos casos. Los altos precios son una barrera al acceso de los tratamientos de personas con escasos recursos por el ¿copago.
Sólo los pensionistas, con el copago farmacéutico, han aportado desde el 2012 (año de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012) más de 3.000 millones de euros a la factura farmacéutica. A nivel global, esos precios elevados merman los presupuestos sanitarios, obligando a recortar otras partidas, ya que los presupuestos del sistema sanitario son limitados.
¿Y cómo se fijan los precios de los medicamentos en España? Es la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) del Ministerio de Sanidad la que inicia el proceso y decide sobre la financiación de cada fármaco y sobre fijar un precio industrial máximo, que propone la industria farmacéutica. Los medicamentos hospitalarios se renegocian en cada comunidad autónoma u hospital, pero si el precio aprobado por la CIPM es muy alto (recordemos que lo propone la industria farmacéutica), aunque siempre se negocia a la baja, la repercusión es muy escasa, ya que a la industria no le interesa establecer grandes diferencias en los precios de los medicamentos en los diferentes países de la Unión Europea.
La industria defiende los altos precios de algunos medicamentos por su alto coste en I+D, cuestionada esta justificación por la falta de transparencia metodológica y de publicidad en los datos, donde tampoco se tiene en cuenta la colaboración institucional de los gobiernos con sus hospitales e investigadores y el altruismo de los pacientes en los ensayos clínicos; en países de altos ingresos, un 51,6 de los ensayos clínicos no eran financiados por la industria (ICTRP de la OMS para ensayos registrados entre 2006 y 2013).
Un ejemplo claro. Un medicamento contra la leucemia mieloide crónica (pag. 20, campaña de No es Sano Medicamentos para el cáncer: Altos precios y desigualdad) sale al mercado en 2001 por 2.200 dólares en EEUU; un año de tratamiento costaba 26.000 dólares. En el año 2016, alcanzó los 146.000 dólares el año de tratamiento: crecía su precio entre el 10 y 20% anual. Al expirar la patente, había acumulado ventas por valor de los 48.000 millones de dólares. Ahora el genérico cuesta entre 126-216 dólares por paciente y año. El laboratorio invirtió menos de 100 millones de dólares en ensayos clínicos (se cubrió con el primer año de ventas), y el coste de la investigación había sido cubierto con presupuestos públicos. Un descaro y un abuso. Es uno de los casos más flagrantes de arbitrariedad en el precio de un medicamento.
Después viene el uso de las patentes para impedir o retrasar el mayor tiempo posible la fabricación de biosimilares que compitan en el tratamiento de una enfermedad o de genéricos.
Continuará…
Para las personas que leen este espacio de saludadiario.es, mis mejores deseos para el nuevo año.
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