Se publicitan montones de actuaciones en el ámbito sanitario que llenan las páginas de nuestros periódicos; muchas veces, incluso, no son novedosas, sino que refrescan algo anunciado años atrás, pero sirven para hacernos creer que tenemos suerte de pertenecer a una Comunidad con alto número de ofertas en prestaciones.
La realidad es que pocos de estos programas y actuaciones acaban cerrándose, y quedan enquistados durante años.
La lista es grande, y afecta tanto a profesionales como a pacientes. Qué decir, por ejemplo, de la tan cacareada receta electrónica, con tantos aplazamientos que nadie cree que vaya a llegar; de nuestro motor sanitario en la provincia, como es el plan director del hospital (hay trabajadores que lo empezaron a conocer por la mitad de su vida laboral y se van a jubilar antes); de la regulación de los puestos de trabajo, unificación laboral, concursos de traslados (el último, de 2008, se ha resuelto ahora); la construcción y remodelación de centros de salud, que después de anunciarlas a bombo y platillo se quedan en el aire. Hay muchas más.
Pero si hay algo que al ciudadano (poco reivindicativo, por otra parte) de nuestra Comunidad le está afectando, y mucho, aparte de las listas de espera, es la atención directa y diaria que reciben, que se deteriora por algo que debería facilitar y agilizar las actividades. La informática, en vez de convertirse en elemento de ayuda y modernidad, se ha transformado en tortura para trabajadores y usuarios: equipos anticuados, redes insuficientes, ausencia de historia electrónica conjunta, dificultad de añadir nuevas prestaciones a lo existente (el visado de recetas especiales ha creado situaciones de enfrentamiento en los centros de salud). Es habitual que entre profesionales, para calificar si la jornada ha sido buena o mala, el baremo sea si ha funcionado o no el ordenador, y mientras, los pacientes…. haciendo honor a su nombre.
El Procurador del Común tiene denuncias de asociaciones de vecinos para que transmita su malestar; la Plataforma Regional para la Defensa de la Sanidad Pública, recientemente creada, pretende vigilar y denunciar que las actuaciones de nuestra Administración no deriven en la pérdida del derecho de salud para todos.
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