Inicio esta colaboración con la intención de abordar los problemas cotidianos y despejar las dudas más comunes que tenemos en torno a nuestra asistencia sanitaria. Y me gustaría hacerlo centrándome, especialmente, en ampliar el conocimiento sobre los derechos de los pacientes, una cuestión necesaria ante una atención sanitaria cada vez más impersonal y deshumanizada y un aumento de la sofisticación y complejidad de los medios diagnósticos y terapéuticos.
Empecemos por un asunto que recientemente ha copado conversaciones, titulares e incluso intervenciones en las Cortes de nuestra Comunidad: los médicos de Área y la intención del Sacyl (Sistema Asistencial de Castilla y León) de asignar plazas de este tipo a especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que hayan aprobado las últimas oposiciones de Atención Primaria. Intención que, de hacerse realidad, ahondaría aún más en el deterioro de nuestro derecho como pacientes a tener asignado un médico o médica de Familia propio.
La figura del médico de Área se creó como un recurso provisional en 2007 y exclusivamente en nuestra Comunidad. Su objetivo era contar con un grupo de profesionales que, en las áreas rurales, se encargaran tanto de realizar las guardias que los médicos y médicas no podían hacer porque excedían el límite legal de su jornada laboral, como de cubrir periodos vacacionales, de incapacidad laboral o cualquier ausencia de sus compañeros fijos. Es decir, una suerte de comodines para tapar agujeros allí donde los hubiera.
Sin embargo, este supuesto recurso provisional ha cumplido ya diez años, y se revela cada día que pasa como una pobre solución a un problema legal y laboral. Y es una pobre solución para todos: en primer lugar, para los pacientes, que tienen que ver cómo cada día aparece un profesional diferente a pasar consulta, y en segundo lugar, porque desprecia las capacidades de los profesionales sanitarios y les condena a poner parches, generando una gran insatisfacción profesional.
Esta procesión de doctores y doctoras es especialmente grave en el ámbito rural, donde ejercen estos médicos de Área, pues el envejecimiento de las personas que lo habitan, y la consecuente pluripatología que les acompaña, hacen muy necesaria una atención sanitaria integradora y continuada que solo puede ser proporcionada por un médico o médica fija. Esta atención integradora y continuada no es sólo garantía de una asistencia de calidad, sino que también es un derecho recogido tanto a nivel nacional, en la Ley General de Sanidad de 1986, como autonómico, en la Ley 8/2003 sobre Derechos y Deberes en Relación con la Salud de Castilla y León.
Además, esta figura atenta también contra los derechos de los profesionales sanitarios a ocupar un puesto de trabajo estable, tras haber hecho una carrera, una especialidad y una oposición. Una oposición, por cierto, que en la convocatoria se refería a plazas de Equipo de Atención Primaria, pero que ahora el Sacyl, desgraciadamente, pretende convertir en plazas de médico de Área.
Tenemos que exigir que las plazas que se cubran sean de médicos de Equipo de Atención Primaria. Es nuestro derecho como profesionales. Y es nuestro derecho como pacientes, porque vivir en un pueblo no puede privarnos de disfrutar de las acciones que se realizan desde estos equipos, como las actividades preventivas y la atención integral y continuada en la salud, en la enfermedad y, cuando así lo decidamos, en los momentos finales de nuestra vida. La gestión sanitaria debe resolver los problemas asistenciales en nuestra zona rural y eso sólo puede hacerse respetando y garantizando los derechos de aquellos que viven en ellas.
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