Asociaciones de madres y padres y sociedades médicas que forman parte del Grupo de la Ley Integral del Amianto, han trasladado nuevamente al Gobierno de España la necesidad de una norma estatal que, entre otros objetivos, establezca “la identificación y erradicación del amianto de los centros educativos”, una demanda que la agrupación realiza desde junio de 2020 “para abordar la pandemia del amianto, que supone un grave problema de salud pública”.
Según se explica desde el colectivo, al finalizar el periodo de verano, varias iniciativas autonómicas para eliminar este producto mineral de los centros educativos en Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana, entre otras, no han tenido consecución “por falta de coordinación de las administraciones públicas o de prioridad política”.
Esto hace que las niñas y niños vuelvan a iniciar el curso “con el amianto en muchos centros donde estudian, lo cual pone de manifiesto, más aún, la necesidad de una ley integral con marco estatal”.
La Dra. Carmen Diego, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), señala que los niños son más sensibles a la exposición al amianto o asbesto, “porque respiran más veces por minuto que los adultos, tienen conductas de juego e interacción con el suelo, donde se pueden depositar las fibras de amianto que se desprenden de los tejados y bajantes de uralita por desgaste o rupturas, y tienen más tiempo para que se desarrollen las enfermedades derivadas de esta exposición, que se pueden manifestar en un periodo de 20 a 50 años”.
Por este motivo, la propuesta de ley integral plantea como una de sus prioridades “la total eliminación del amianto en los centros educativos para evitar la exposición ambiental, tanto de los alumnos como del personal”.
“Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado queremos mostrar nuestra gran preocupación por la gestión que se está realizando respecto del desamiantado de los centros educativos por parte de las administraciones públicas. Los años pasan, y nuestras hijas e hijos siguen estudiando bajo el amianto, en algunos casos sin saberlo, ya que no se ha realizado un mapeo a nivel nacional. Exigimos que se realice de manera urgente un análisis del amianto instalado en centros educativos y se determine un calendario preciso para su retirada, ya que las terribles consecuencias que acarrea la exposición a este material pueden ser 100% evitables a través de su erradicación segura y planificada”, destaca María del Carmen Morillas, representante de CEAPA.
Por su parte, el pediatra Juan Antonio Ortega recuerda que el Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría ha instado “al desarrollo de programas de salud ambiental escolar que prioricen eliminar la exposición a sustancias cancerígenas como el amianto en centros escolares; es una injusticia medioambiental más que sobreexpone a riesgos innecesarios a los escolares en España”.
También el neumólogo Josep Tarrés apunta que la falta de actuación por parte del Gobierno de España contra “la pandemia del amianto va a suponer dejar a las próximas generaciones una herencia envenenada y miles de casos de cáncer que se manifestarán dentro de 20 a 50 años, una gravísima irresponsabilidad de los políticos que provocará dolor, muerte y sufrimiento a las generaciones futuras”.
Asimismo, indica que mientras otros países europeos utilizan desde hace años “fondos estructurales europeos para erradicar el asbesto”, el Ejecutivo español no lo hace “ni tiene una estrategia de identificación y erradicación, como insta el Parlamento Europeo”.
Por último, Carlos Arribas, coordinador de Residuos de Ecologistas en Acción, considera que es insuficiente abordar la identificación y erradicación del amianto en los centros educativos, ya que existen vertidos de asbesto “en escombreras y zonas industriales deterioradas que son origen de una peligrosa exposición medioambiental para las niñas y niños y para el conjunto de la población”, por lo que es “inaceptable que no exista una estrategia política urgente para abordar este grave contaminación que se ha convertido en un grave problema de salud medioambiental”.
En este contexto, el Grupo de la Ley Integral del Amianto, formado por más de 40 organizaciones representantes de la sociedad médica, civil y ecologista, además de por diferentes expertos, insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que el Ejecutivo aborde una propuesta de Ley Integral del Amianto al Congreso de los Diputados de forma urgente “por el desastre medioambiental, sanitario y sociolaboral que supone la exposición al amianto”. Esta norma debe establecer como ejes “el censo y la erradicación del amianto antes de 2028, la creación de un fondo de compensación para los afectados y el desarrollo de tratamientos para las enfermedades derivadas de la exposición al amianto, así como técnicas de innovación en la gestión de este peligroso residuo en el marco de los fondos del Plan de Recuperación”.
Este movimiento médico y civil cuenta con un amplio apoyo social, manifestado en las más de 72.000 firmas recogidas en http://www.change.org/leyamianto.
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