El Congreso convalida el Real Decreto-ley para “garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español”, una aprobación que la ministra Camen Montón considera que dignifica la vida política.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que modifica el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones con 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones. El decreto será tramitado como proyecto de ley por vía urgente después de que 340 diputados apoyaran esta vía y uno se abstuviera.
El objetivo del Real Decreto aprobado por el Gobierno es “garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español”. Para ello, se recupera la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida su residencia en el territorio español.
Tras la aprobación de esta norma se modifica el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Según el nuevo Ejecutivo, el Decreto “dejaba fuera de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España”, limitando la asistencia a casos de “urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica y a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto”. Para el actual Gobierno, esta decisión “se sustentó en criterios economicistas” y sus argumentos fueron “coyunturales y de limitado alcance temporal”, por lo que entienden que deben ser derogados al “no demostrar una mejora de la eficiencia en el ámbito sanitario”.
“Mejorar la vida de las personas”
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha defendido la aprobación afirmando que “es una norma que dignifica la acción política y que tengo el orgullo de traer a esta cámara en nombre del Gobierno de España”, ha asegurado Carmen Montón desde la tribuna de oradores. “Un Gobierno que tiene como vocación mejorar la vida de las personas, eliminando desigualdades a través de la garantía de sus derechos, la solidaridad y la cohesión social. Y para ello necesitamos recuperar la universalidad del acceso al SNS”.
La norma representa un cambio de modelo en la atención sanitaria. La titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado o de beneficiario. De este modo, el acceso a la sanidad pública, en condiciones de equidad y de universalidad, es un derecho básico de toda persona: “Para el anterior Gobierno era urgente reducir y recortar derechos, para el Gobierno actual es recuperarlos”.
Ante el pleno del Congreso de los Diputados, la ministra ha destacado que la ley aporta “coordinación, armonización y seguridad jurídica” a las personas que se habían quedado fuera del sistema por el Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Partido Popular, pero también a los profesionales sanitarios y a las Comunidades Autónomas, “que habían intentado dar una solución a la exclusión asumiendo la prestación de manera desigual”.
Fruto del diálogo
El Real Decreto Ley 7/2018 es el resultado de un proceso de diálogo con Comunidades Autónomas, sociedades científicas y sociedad civil. La norma responde a las demandas planteadas por los agentes implicados y a las de organismos internacionales como la Comisión Europea, el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud.
“Señorías, España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que sentirnos orgullosos y hoy fortalecemos el sistema recuperando su carácter universal y convirtiendo la asistencia sanitaria en un derecho básico de toda persona”, ha insistido la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Con la recuperación del carácter universal el Gobierno alcanza la meta marcada por el ministro Ernest Lluch que en 1986 aprobó la Ley General de Sanidad y sentó las bases de uno de los pilares del Estado de Bienestar en nuestro país. “Con ese mismo espíritu defendemos el derecho fundamental a la salud de todas las personas, sin exclusiones. La salud no entiende de fronteras, ni de carnets de identidad, ni de permisos de trabajo o de residencia”.
La norma, por tanto, reconoce que todas las personas que se encuentran en España tienen derecho a la protección a la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Incluidos los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en nuestro país.
“No dejar a nadie atrás”
En todo caso, la asistencia no correrá a cargo de fondos públicos siempre que no exista un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
La ministra ha trasladado al pleno de la Cámara algunas de las aportaciones a la norma introducidas por los agentes implicados como es la asistencia gratuita en el periodo entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. También que la declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración responsable en lugar de una declaración jurada.
“Una sociedad justa no deja a nadie atrás”, ha destacado la ministra, que ha apelado a elegir entre “la universalidad o la exclusión: esto diferencia la manera de hacer política y la visión que se tiene de la sociedad”.
Carmen Montón ha finalizado su intervención en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados mostrando públicamente las gracias “a todas las personas que en estos seis años han luchado contra la exclusión sanitaria, a profesionales, entidades y organizaciones sociales”.
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