El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca llevará al próximo Pleno del Consistorio una moción en la que se pide un apoyo unánime y solidario para las personas afectadas por la talidomida, y en particular a la Asociación AVITE, por su lucha incansable y sin cuartel en pro y en favor de los derechos de las víctimas de este fármaco en España, reconociendo la deuda histórica que nuestro país tiene con los afectados y sus familiares desde hace 60 años.
De la misma forma, los socialistas solicitan que desde el Ayuntamiento se inste a la Junta para crear una unidad médica de diagnóstico de afectados por la talidomida, y al Gobierno de España, la elaboración de un registro de afectados y la concesión de pensiones vitalicias a los mismos como se ha establecido en el resto de países a excepción del nuestro. Poniendo en marcha las medidas necesarias para tramitar las gestiones encaminadas a reclamar a la farmacéutica alemana, que comercializó este medicamento, las indemnizaciones pertinentes en proporción a los daños producidos por el suministro descontrolado del citado fármaco.
La talidomida fue un medicamento que se comercializó como un sedante sin aparentes efectos secundarios, y que paliaba además las náuseas y vómitos en las embarazadas. Se suministró a las mujeres en España entre 1954 y 1975 sin control ni vigilancia alguna, provocando que entre esas fechas citadas nacieran un número desproporcionado de niños con graves malformaciones en brazos y piernas e, incluso, careciendo de ambas extremidades.
Muchas de estas personas ya han muerto, unos en el parto y otras posteriormente, sin que hayan sido reconocidos como víctimas ni reconocidos sus derechos. La mayoría de las victimas vivas de Talidomida que quedan en España, sobrevive gracias al apoyo familiar o a las ayudas de instituciones caritativas o sociales, incluso ejerciendo la mendicidad en las calles de las grandes ciudades.
La tragedia de la talidomida contribuyó a cambiar la legislación occidental en materia de control sanitario de medicamentos, alimentos, bebidas y artículos de consumo humano, en especial en la vigilancia de la medicación y otros productos suministrados durante el embarazo. Sin embargo, en nuestro país el reconocimiento de sus efectos y los daños producidos en las víctimas ha sido prácticamente nulo.
La Farmacéutica alemana Grünenthal, que comercializó este medicamento, ha reconocido a los afectados alemanes, ingleses, noruegos y de otros países, pero se ha desentendido de los damnificados en España. Se habla aproximadamente de 3.000 casos en nuestro país, de los que murieron la mitad al nacer. Se calcula que sobrevive en la actualidad la décima parte, unas 300 personas, algunos de ellos en Salamanca.
Todas las víctimas de los países europeos, excepto las españolas, han percibido una indemnización, pensiones vitalicias que les aseguran una existencia digna y autónoma, unidades médicas y psicológicas especializadas, gratuidad en medicamentos, prótesis y ortoprótesis. Aquí en España sigue sin existir un organismo oficial (y gratuito) que reconozca a los afectados por laTalidomida y distinga entre esta y otras patologías. A día de hoy se les considera, en el mejor de los casos, simples discapacitados físicos.
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