La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) quiere salir al paso de manifestaciones monolíticas expresadas por organizaciones colegiales y profesionales sobre la nueva ley de eutanasia, que dejan un regusto de falta de representatividad por parte del variado mundo de los médicos.

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Jueves, 31 Diciembre 2020 10:43

Luz verde a la ley de la muerte

“Nuestras vidas empiezan a terminar el día en el que guardemos silencio sobre las cosas que importan”. Esta cita no es mía, sino que pertenece a uno de los discursos del activista y pastor bautista estadounidense, Martín Luther King, que luchó hasta su muerte por la libertad sin violencia, por la justicia y por los derechos humanos y civiles de las personas.

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El pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó con amplia mayoría la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en medio de un intenso debate político y mediático en el que a menudo se habla de dignidad al final de la vida. A juicio de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y de la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL), la norma que ha recibido luz verde en la Cámara Baja introducirá en el ordenamiento jurídico español el derecho de una persona que sufra "una enfermedad grave e incurable" o "una enfermedad grave, crónica e invalidante" a elegir el momento en el que quiere fallecer.

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El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones en una votación de conjunto, tal y como exigen el artículo 81 de la Constitución y el 131 del Reglamento del Congreso, donde también se establece la necesaria mayoría absoluta para su aprobación y continuar así su tramitación en el Senado.

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La demanda social y profesional para establecer un marco legal que regule la eutanasia y/o el suicidio asistido es suficientemente amplia para debatirla, ya que ha aumentado notablemente en las últimas décadas. Este marco regulador debe distinguirse del debate sobre los cuidados paliativos, y, desde luego, no debe ir en detrimento de ellos, que “se deben repensar y reforzar, aplicarse de forma precoz y no solo al final de la vida”, en opinión del Dr. Diego Real de Asúa, coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Profesionalismo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), con motivo de la sesión Eutanasia y suicidio asistido, que se celebrará el próximo martes día 24 en el marco del 41º Congreso de la SEMI Virtual.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados que la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se tramita en el Congreso de los Diputados, sea plenamente respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque el texto no menciona directamente a las personas con discapacidad, recoge expresiones que en opinión del movimiento CERMI deberían suprimirse, como “persona plenamente capaz y consciente”; “en plena capacidad de obrar”; “enfermedad invalidante”; “limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación”; “situación de incapacidad de hecho: situación en el que el paciente carece de entendimiento y de voluntad suficiente para gobernar su vida de forma autónoma sin que necesariamente haya resolución judicial de capacitación”, e “impedido físicamente”.

Para el CERMI, estas expresiones, imprecisas, inapropiadas y muchas veces incorrectas desde una consideración exigente de derechos humanos, pueden dar pie a interpretaciones indeseables de la futura ley en relación a las personas con discapacidad. Además, señala que deberían estar superadas en una norma del siglo XXI y en un Estado signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, recuerda que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión a España, formuló recomendaciones, entre las que se encontraba la de “velar por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación”.

Por ello, el CERMI defiende que la regulación de la eutanasia debe aludir a las personas que presentan “una condición, estado o situación de salud caracterizado por la presencia de una enfermedad o patología graves e incurables que ocasionen padecimientos continuos e insoportables en los términos establecidos en esta ley”, evitando los términos anteriores.

Consentimiento informado

En relación con el consentimiento informado, aunque está ampliamente citado en la iniciativa legislativa, no recoge ningún tipo de salvaguarda ni procedimiento para que el mismo sea accesible e inclusivo y ofrezca todas las garantías a las personas con discapacidad que quieran ejercer este derecho.

Para resolver esta cuestión, la plataforma representativa de la discapacidad en España plantea la incorporación a la ley de una disposición adicional específica sobre personas con discapacidad que recoja que “en los procedimientos que hayan de seguirse en virtud de lo establecido en esta ley para solicitar y recibir ayuda para morir, cuando se trate de personas con discapacidad, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas”.

Asimismo, el CERMI pide que se indique explícitamente que se facilitarán “las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y de los demás derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico”.

De igual modo, insta a que se establezca que “las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.

En definitiva, el CERMI reclama que la futura regulación de la eutanasia sea neutra con las personas con discapacidad y que se abra a la participación también de profesionales como es el caso de los psicólogos.

 

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido esta tarde que el debate sobre la eutanasia “es absolutamente necesario y oportuno” y se ha mostrado confiado en que se culmine el trámite parlamentario de la proposición de ley que el Congreso aprobó tomar en consideración el pasado 11 de febrero. “Esperamos que esta vez sea la definitiva, la que nos lleve a la aprobación de una Ley de Eutanasia que dé respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad”, ha asegurado.

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El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha recordado este jueves que el posicionamiento de la organización ante la eutanasia "sigue siendo el mismo que se aprobó en la Declaración de Melilla de 2018", una posición "que se rige por nuestro Código de Deontología Médica" y que coincide "de pleno" con la declaración de la Asociación Médica Mundial.

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El pasado 11 de febrero se debatió en el Congreso de los Diputados la Propuesta de Ley sobre la Despenalización de la Eutanasia. Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) queremos manifestar que ambas sociedades siempre han mostrado total respeto y comprensión hacia las diferentes sensibilidades existentes.

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La Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista ha superado este martes su primera votación en el Congreso de los Diputados, cuyo Pleno ha aprobado, con 203 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones, la tramitación de esta iniciativa legislativa que volvía a la Cámara Baja por tercera vez en casi dos años.

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