La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de la decisión de autorizar ya ingresos en centros residenciales de Castilla y León de todos los usuarios que precisen cualquier tipo de atención.
Para las residencias de mayores, se levanta la restricción de acceso a personas no dependientes, mientras que en los centros de día para personas con discapacidad y con unidad de estancias diurnas para mayores se elimina la obligatoriedad de realizar actividades en grupos burbuja de hasta cinco participantes.
Las nuevas normas se han incorporado hoy a la Guía de actuaciones para las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad durante la alerta sanitaria, disponible en el portal web de Servicios Sociales.
Esta resolución obedece a la máxima de garantizar la mayor protección de las personas vulnerables, tratando de dar respuesta a todo tipo de necesidades sociales, como las derivadas de problemas de salud, fragilidad o soledad no deseada, entre otras. Y se adopta una vez constatado que se dan todas las condiciones de seguridad tanto para los residentes, como para los profesionales que prestan los servicios en estas instalaciones.
Por un lado, se ha completado la vacunación en todos los centros residenciales de la Comunidad, lo que implica que se encuentran inmunizados prácticamente la totalidad de los residentes y de los trabajadores. Por otro, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha podido verificar la alta efectividad de las dosis inoculadas a través de estudios propios.
Balance del proceso de vacunación en residencias de mayores
El balance definitivo sobre el proceso de vacunación frente a la covid-19 en las residencias de mayores indica que el 97,43 % de los residentes (34.835 de un total de 35.754) han recibido las dos dosis. El restante 2,57 % se corresponde con los casos de personas que no pudieron ser vacunados por estar enfermas, por criterios médicos, por no encontrarse en el centro en el momento de la inoculación o porque han ingresado recientemente. Es previsible, por lo tanto, que la mayoría de estas personas se incorporen próximamente a la lista de vacunados, a medida que sus circunstancias lo permitan.
En lo que respecta a los 24.655 trabajadores de los centros, la ratio de vacunados se eleva al 89,5 % (22.065). Existe un porcentaje del 6,3% que han rechazado la administración de las dosis, mientras que el restante 4,2% no han podido recibirlas por criterios clínicos, por encontrarse de baja laboral o porque acababan de incorporarse a su puesto de trabajo. Como ocurre con los residentes, la mayoría de estos casos se sumarán pronto a la lista de vacunados.
Un estudio propio para medir la efectividad de las vacunas
Junto a los avances en el proceso de vacunación, en la decisión de la Consejería de Familia e Igualdad de flexibilizar el régimen de ingresos en las residencias han pesado las conclusiones de un estudio elaborado por su propio personal, que pone de manifiesto el alto grado de inmunización frente al virus existente entre los trabajadores de los centros, quienes por su movilidad constituyen el principal vector de contagio.
El pasado mes de diciembre, la Gerencia de Servicios Sociales comenzó un cribado con test serológicos a los más de 3.500 trabajadores de centros de su titularidad como medida preventiva ante el inicio de la Navidad. De toda la plantilla, 1.085 profesionales de siete centros participaron en las pruebas en los meses de febrero y marzo, cuando la campaña de vacunación ya estaba en marcha, lo que permitió medir su inmunidad una vez habían recibido una o las dos dosis.
Así, los resultados del estudio concluyen que la vacuna es altamente efectiva. Indican que el 94 % de los trabajadores a los que se les administró la primera dosis presentan inmunidad humoral con elevados títulos de anticuerpos IgG+. El porcentaje se dispara hasta el 99,8 % en el caso del personal sociosanitario vacunado con las dos dosis.
Estas conclusiones se consideran extrapolables al resto de centros, puesto que las características de los mismos (en lo relativo al porcentaje de vacunados) y de sus plantillas (por perfil y edad media) son similares. El estudio ha sido remitido para su divulgación en publicaciones científicas.
Flexibilización progresiva de medidas e incremento en el ritmo de ingresos
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha mantenido una política responsable y prudente en la flexibilización progresiva de medidas relativas al funcionamiento de las residencias y los centros de día públicos y privados de personas mayores y con discapacidad, conjugando siempre la protección y atención a los más vulnerables con su seguridad y la de los profesionales volcados en la prestación de los servicios.
Así, durante toda la pandemia estos recursos han prestado cobertura a personas en situación de prioridad o desamparo social. En febrero, una vez completado el proceso de vacunación, se autorizaron ingresos de grandes dependientes (con grados II y III). Y, desde marzo, se permite el acceso de residentes con cualquier grado de dependencia y el retorno a los centros de quienes durante la emergencia sanitaria habían permanecido en sus domicilios.
El elevado volumen de personas vacunadas, la eficacia del proceso de inmunización y la reducción casi total de contagios están permitiendo el retorno progresivo a la normalidad en las residencias. Prueba de ello es la tendencia alcista en el número de ingresos, que comenzó a evidenciarse en febrero –con 171 residentes más– y se intensificó en marzo –con 306 nuevos ingresos–.
Satisfacción de Acalerte
Cuando se cumple un mes de 0 fallecimientos en las residencias de Castilla y León, la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia, que agrupa a las empresas del sector, se muestra “muy satisfecha” por esta decisión de la Junta de Castilla y León. Una medida anhelada y “muy necesaria” para todas las personas usuarias que estaban a la espera de recibir los servicios y que ahora puede realizarse de una manera “normalizada”, teniendo en cuenta todas las precauciones de la Covid.
Diego Juez, presidente de la organización, ante el anuncio de la consejera de Familia, Isabel Blanco, en el Consejo de Gobierno, explicaba que “desde que se comprobó la efectividad de la vacunación y el descenso de contagios y sobre todo, el hecho de no tener que lamentar la pérdida de más personas por la Covid, pedimos esta medida ya que así nos lo solicitaban los familiares y futuros usuarios que estaban a la espera de la plaza”.
Hay que recordar que desde hace más de un año están los centros están cerrados a ingresos normalizados y abiertos a salidas y visitas. En lo que va de año, según las propias informaciones de la Junta de Castilla y León, durante los meses de febrero y marzo se han registrado 500 nuevos ingresos de residentes por razones de “urgencia social”.
Actualmente en Castilla y León existe en 48.296 plazas en centros residenciales, de las cuales, 6.946 están vacantes según los datos registrados por la Junta de Castilla y León. Una situación que tiene al sector en un lugar de preocupación ya que, en el caso concreto de las residencias, centros de día y atención domiciliaria, por cada persona que se atiende se están creando 1,2 puestos de trabajo y la dificultad para poder acceder a una plaza libre que existe actualmente son empleos cualificados, altamente feminizados y no deslocalizables que se ponen en peligro.
Por ello desde Acalerte recalcan que “son necesarias políticas sociales integrales que tengan en cuenta la Dependencia “y que no nos hagan pensar en que la Administración es la que tiene que solucionarnos este problema cuando llega”. Por otra parte, recuerdan que el sector de la Dependencia no implica gasto, sino inversión ya que “Por cada euro que se dedica, 0,50 vuelve a las arcas del Estado: en cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos, etc.”.
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