Tras hacerse pública la suspensión cautelar de la convocatoria de oposiciones para el personal de Enfermería prevista para el próximo 22 de noviembre por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el consejero de Sanidad de la Comunidad, Antonio María Sáez Aguado, ha considerado, en declaraciones a los periodistas, que la paralización del procedimiento es “poco inteligente” y no beneficia a nadie.
El máximo responsable sanitario de Castilla y León ha asegurado que, aunque respeta la decisión judicial, no comparte el fallo, y ha reconocido que, a pesar de la legislación vigente establece un máximo de tres años para ejecutar una oferta de empleo de este tipo, se “arriesgó” a agrupar en un proceso las plazas ofertadas en los años 2009, 2010 y 2011 “para dar estabilidad a los profesionales, ya que estos puestos estaban ocupados por personal interino, por lo que tampoco supondrían un mayor gasto público”.
Sin embargo, el plazo para convocar estos procesos venció, respectivamente, en 2012, 2013 y 2014, por lo que el TSJCyL, ante una impugnación promovida por la Administración General del Estado, ha entendido que el perjucio de paralizar de forma cautelar las pruebas, a las que iban a concurrir 20.000 aspirantes de todo el país, es menor que el que ocasionaría su anulación, una vez celebradas.
Ante esta situación, Sáez Aguado ha pedido disculpas a los afectados, y ha afirmado que en otras comunidades autónomas se han llevado a cabo convocatorias similares que han contado con el aval judicial, al considerar que el límite de tres años para la cobertura de las plazas -554, en el caso del procedimiento paralizado- no era determinante ni se causaba un gasto público mayor con el proceso.
Además, el consejero ha indicado que la agrupación de las plazas pendientes desde hace seis años en un solo procedimiento se hizo con el fin de ofertar el mayor número de puestos y contó con el acuerdo de las organizaciones sindicales, que, según ha señalado, en dos ocasiones acordaron con la Junta mantener la convocatoria a pesar de su impugnación por parte de la Administración General del Estado.
Asimismo, Antonio María Sáez Aguado ha admitido que la determinación del TSJCyL hará necesario estudiar la situación de la convocatoria de otros procesos de oposición, como el previsto para médicos, con una oferta de 311 plazas.
Otras oposiciones en la cuerda floja
En este sentido también se ha pronunciado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO CyL), que en una nota de prensa ha manifestado que, “a tenor de este proceder, es muy posible que mañana no se publiquen en el Bocyl las bases de las oposiciones para médicos, y mucho menos las que estaban previstas para técnicos auxiliares de Radiodiagnóstico y técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería”.
Para la organización sindical, lo sucedido “es inaudito”, por lo que anuncia que pedirá “responsabilidades por esta negligencia” con la que, “una vez más, los grandes perjudicados van a ser los profesionales sanitarios y los ciudadanos”.
La FSS-CCOO CyL ha querido “dejar bien claro ante la opinión pública de esta Comunidad, en general, y ante el colectivo de profesionales sanitarios, en particular, que no comparte el auto que ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, y considera que no existe “justificación alguna que avale dicho proceder”.
Para Pablo Vicente, secretario general de la federación autonómica, “es incomprensible el recurso presentado por el Ministerio por el que se han suspendido las oposiciones de Enfermería en una convocatoria que estaba ya tan avanzada”.
“No hay ninguna razón que sustente este recurso. Esta convocatoria no supone un exceso de gasto. Es mentira, porque son plazas que ya están ocupadas por interinos, por lo que este empleo ya está consolidado de antemano”, ha recalcado el representante sindical, que ve necesario “consolidar el empleo público a través de estas oposiciones”, por lo que “alguien tendrá que pensarse la forma en la que hacen las cosas antes de hacerlas”.
En este sentido, CCOO exige que, a partir de ahora, “todas las resoluciones que saque esta Consejería cuenten con las suficientes seguridades jurídicas, después de comprobar la gran cantidad de resoluciones anuladas posteriormente por los tribunales”. Sobre esto, Pablo Vicente ha añadido: “Creemos que todo esto es una grave irresponsabilidad, tanto por parte de la Administración General del Estado como de la propia Consejería de Sanidad. No se puede jugar de esta manera con la gente, y con este tipo de actuaciones se mata la ilusión de miles de personas”.
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