La Mesa de la Profesión Enfermera de Castilla y León ha organizado esta tarde en el Hospital Clínico de Salamanca una sesión informativa sobre las consecuencias del llamado decreto de prescripción enfermera, una norma que entró en vigor el pasado diciembre y que, en la práctica, ha generado “una gran inquietud” entre los profesionales.
Así lo asegura Alfredo Escaja, presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, que integra, junto con SATSE, un foro que sigue inmerso en la campaña iniciada en todo el país para denunciar las repercusiones del Real Decreto 954/2015Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Indicación, Uso y Autorización de Dispensación de Medicamentos y Productos Sanitarios de Uso Humano por parte de los Enfermeros, que entró en vigor la pasada Nochebuena.
El movimiento de protesta también está activo en la Comunidad, donde se están programando en todas las provincias jornadas como la que esta tarde tendrá lugar en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA). En ella, el propio Escaja y la secretaria general del Sindicato de Enfermería en Castilla y León, Silvia Sáez, ofrecerán a los profesionales “un análisis pormenorizado” sobre la norma, y expondrán una serie de supuestos con los que se pueden encontrar en su ejercicio diario y que colisionarían con lo establecido en el RD.
Según el representante de los Colegios de Enfermería de la región, el decreto ha colocado a la Enfermería en una situación de “inseguridad jurídica”, porque ha convertido en “ilegales” prácticas cotidianas que los enfermeros venían realizando de forma “alegal”, una circunstancia que fue la que llevó a las organizaciones de Enfermería a reclamar durante años una regulación. Cuando ésta ha llegado, sin embargo, el colectivo se ha encontrado con un nuevo marco legal que empeora la realidad vigente hasta ahora.
Un retroceso
Y es que, como han denunciado en los últimos meses los representantes nacionales del Foro de la Profesión Enfermera, el artículo 3 del RD fue “adulterado en el último minuto, a espaldas de las instituciones enfermeras, del Consejo de Estado y de las comunidades autónomas, que son las que verdaderamente gestionan la Sanidad, y que habían aprobado por unanimidad el decreto original”. Para la organización, las modificaciones introducidas “son radicalmente contrarias al normal funcionamiento de la Sanidad y suponen un retroceso de décadas al desarrollo profesional enfermero y, lo que es peor, su aplicación generará un colapso sin precedentes en el sistema sanitario”.
En este sentido, el Consejo General de Enfermería y SATSE han reiterado que, en virtud del decreto, “las enfermeras no deberán usar ni indicar ningún medicamento sujeto a prescripción médica si antes no tienen la indicación del facultativo”, mientras que hasta ahora, “en su trabajo diario, los enfermeros usan e indican un buen número de medicamentos de manera habitual”.
Alfredo Escaja ha puesto un ejemplo: “En muchas zonas rurales de Castilla y León el enfermero es, a veces, el que realiza las visitas domiciliarias a los pacientes mayores. Si un enfermo sufre una úlcera varicosa, le cura, le pone un apósito y, al final, determina si necesita una pomada con antibiótico. El médico ni ve a esa persona. Si se aplica a rajatabla el decreto, un familiar del paciente tiene que ir a la consulta médica en el horario que esté determinado y pedirle que le recete la pomada que ha considerado necesaria la enfermera. Lo único que pedimos es autonomía para este tipo de actuaciones”, explica el presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, que se pregunta si, en el hospital, es operativo despertar a un médico de guardia para que determine si se le puede administrar “paracetamol de 1 gramo” a un paciente hospitalizado.
Incertidumbre e inseguridad jurídica
“Si los enfermeros cumpliéramos estrictamente lo que establece el real decreto, serían los propios médicos los que se convertirían en nuestros principales aliados para que se derogara”, asegura Escaja. Al parecer, en Castilla y León no se ha planteado a los profesionales esa drástica medida porque, según su representante autonómico, los más perjudicados serían los pacientes. Sin embargo, la “inquietud” que ha generado la entrada en vigor de la norma se demuestra “por la gran cantidad de consultas que estamos recibiendo sobre las conscuencias de prácticas hasta ahora habituales en Enfermería”. A este respecto, Alberto Escaja reconoce que existe un elevado grado de incertidumbre y de “inseguridad jurídica” por las posibles repercusiones de un texto legal que califica como “una auténtica barbaridad”.
Pese a todo, el representante de los enfermeros en la Comunidad se ha mostrado convencido de que existe una posibilidd de marcha atrás. Recuerda que todos los partidos de la oposición se han mostrado contrarios al RD -ayer así lo expresaron todos los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León, excepto el PP-, y que incluso hay sociedades científicas formadas por médicos que han manifestado que el decreto aprobado “es una oportunidad que se ha perdido para regular claramente lo que se está haciendo en la práctica”.
Del mismo modo, Escaja apunta que se trata de una norma “del Partido Popular” que no apoya “ningún otro grupo político”, por lo que, en un escenario de cambio, se espera su derogación. “Creo que cuando se den cuenta de sus repercusiones, los propios médicos van a dar marcha atrás. Además, estamos tratando de que se convoque un Consejo Interterritorial de Salud con carácter urgente para pedir explicaciones al Ministerio de Sanidad, porque el decreto es contrario a lo que este órgano de representación aprobó en su día”, señala el presidente del Consejo, quien recuerda que en otros países, como ocurre en el mundo anglosajón, la Enfermería tiene un desarrollo total, algo que no perjudica la calidad de la asistencia sanitaria, sino todo lo contrario, porque los pacientes reciben “una atención más rápida”.
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