Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional declara nula la facultad del Ministerio de Sanidad de conceder a los enfermeros la precripción de medicamento en favor de las CCAA, la Mesa de la Profesión Enfermera hace un llamamiento a la tranquilidad: la sentencia no tiene efecto en la práctica profesional, sólo afecta a un acto administrativo.
“Desde la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad de los enfermeros y enfermeras respecto a la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2018 dada a conocer hoy, ya que se refiere exclusivamente a la competencia administrativa para acreditar a los profesionales de Enfermería prescriptores y no afecta a ningún otro aspecto regulado en la Ley del Medicamento y en el Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”, asegura.
Así, el fallo del Tribunal Constitucional establece que el acto administrativo de la expedición de la acreditación de las enfermeras y enfermeros como prescriptores es una competencia de las CC.AA. y no del Ministerio de Sanidad, como estaba regulado hasta ahora. No obstante, el Tribunal Constitucional deja bien claro en su sentencia que los criterios para la acreditación de los profesionales son materia básica y, por tanto, los va a seguir fijando el Estado conjuntamente con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros, estableciendo que debe seguir siendo así para garantizar la cohesión y la homogeneidad en la competencia prescriptora en todo el Sistema Nacional de Salud.
Sin efectos retroactivos
Además, es importante destacar que la sentencia preserva la seguridad jurídica de aquellos profesionales que obtuvieron la acreditación antes de la misma. Al respecto, la Mesa de la Profesión Enfermera apunta que los magistrados dejan bien claro que la sentencia no tiene efectos retroactivos, con lo que las acreditaciones que ya hayan sido expedidas mantienen su plena legalidad.
En cualquier caso, la Mesa de la Profesión Enfermera insta al Gobierno a la aprobación y publicación del actual proyecto de Real Decreto de prescripción enfermera que tiene previsto corregir las graves deficiencias existentes en el todavía vigente y que, además, ya preveía la eliminación de la necesidad de un acto administrativo para obtener la acreditación, ya que esta será automática.
Finalmente, la Mesa de la Profesión Enfermera quiere expresar su total conformidad respecto a la propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, de modificar la Ley del Medicamento para que las enfermeras y enfermeros, dentro de su ámbito de competencias, sean incluidos como prescriptores en los mismos términos que el resto de profesionales.
Modificación legislativa
No obstante, hay que tener en cuenta que una modificación de dicha Ley requiere de unos largos plazos que afectarían de lleno a la labor asistencial que realizan, de forma diaria, los profesionales enfermeros, como en el caso de las vacunaciones de niños y adultos. Por ello, instan a que se dé respuesta a la petición realizada desde las CC.AA. y al consenso entre las profesiones enfermera y médica y se publique cuanto antes en el BOE el nuevo RD de prescripción enfermera, y que paralelamente se vaya trabajando en esta modificación legislativa.
El Tribunal Constitucional ha fallado que corresponde a las Comunidades Autónomas acreditar a los enfermeros para que puedan prescribir medicamentos, al declarar “inconstitucional y nula” la facultad que el Ministerio de Sanidad se arrogaba para ello en la normativa actual, con lo que da la razón al conflicto de competencias que presentó Andalucía sobre esa cuestión.
Además de Andalucía, otras cinco comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias) habían presentado conflicto de competencias sobre esta normativa, mientras que el sindicato de Enfermería Satse, el Consejo General de Enfermería de España y Comisiones Obreras han recurrido la cuestión ante el Tribunal Supremo.
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