Enfermería recuerda que la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales debería haberse asumido en España el 18 de enero y contempla el diagnóstio enfermero y, por tanto, abre la puerta a la prescripción de medicamentos.
Si el Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio no cumple con esa obligación, el Consejo General de Enfermería denunciará al Reino de España en la Unión Europea. Con los recursos contra el RD de Prescripción Enfermera paralizados en el Supremo, después de que el Constitucional aceptase a trámite el recurso de dos comunidades, la lucha contra la normativa que impide a la enfermería realizar su labor en materia de decisiones relacionadas con medicamentos, “aprobada a traición por el Gobierno del PP”, pasa casi exclusivamente por la vía política. Por ello, el Consejo General de Enfermería solicita a todos los partidos que concurren a las próximas Elecciones Generales que acaben con un conflicto que supone un claro perjuicio para los pacientes y un enfrentamiento innecesario entre compañeros médicos y enfermeros.
“Una vez se constituya el Parlamento y se llegue, si se llega, a un acuerdo de Gobierno, no sólo vamos a hablar con el nuevo Ejecutivo, también vamos a poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular, que esperemos que algún partido haga suya, para que se trasponga al ordenamiento español la Directiva europea que España debería haber hecho el 18 de enero tras transcurrir los dos años de plazo que le concedió la Comisión Europea. Esta directiva obligará a modificar las leyes españolas porque reconoce la existencia de los diagnósticos enfermeros, como consecuencia de la enorme evolución y desarrollo de la profesión. Al reconocer esta capacidad de diagnóstico, dentro de sus competencias, también podrán prescribir en el ámbito de sus competencias”, ha explicado en rueda de prensa el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado.
El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y las organizaciones médicas defensoras de la versión modificada del RD de prescripción se han apoyado siempre en su convicción de que sólo prescribe el que diagnostica. “Con la directiva europea en mano, se comprueba que tienen razón, pero es que a los ojos de Bruselas los enfermeros también realizan determinados diagnósticos al paciente”. González Jurado ha confirmado que, si los responsables del próximo Ejecutivo no trasponen la directiva, un equipo especializado de juristas ya tiene preparada la denuncia contra el Reino de España que llegará, si es preciso, al Tribunal de Luxemburgo.
“Queremos negociar con los partidos la aplicación de esa directiva y la redacción de un nuevo proyecto de Ley para resolver el problema para siempre. Si eso no es posible, comenzarán importantes movilizaciones ya previstas, pero eso será obviamente tras las elecciones”, afirma González Jurado.
Como primer paso para que los principales partidos políticos definan si están dispuestos a cumplir con lo que dicta Bruselas o a comprometerse con una profesión a la que el decreto actual ata de pies y manos en sus actuaciones, los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos o Unidos Podemos han sido invitados a acudir a un debate sobre sus propuestas en enfermería y sanidad que tendrá lugar el próximo día 8 en la sede del Consejo. “A todos se les pedirá una posición clara e inequívoca sobre los grandes problemas que afectan a la enfermería y la ausencia de algún partido, en caso de producirse, será tomada como una falta de respeto hacia los 285.000 enfermeros españoles”, aseguró.
Críticas a Castilla y León
En otro orden de cosas, el presidente del Consejo General de Enfermería también ha valorado las políticas de trasparencia y profesionalización de la gestión clínica que están poniendo en marcha algunas regiones como Madrid, en contraposición a otras como Castilla y León, gobernadas por el mismo partido.
“Apoyamos medidas como la profesionalización de la gestión y que personas preparadas para cumplir con los objetivos institucionales –de un hospital o un centro de salud, por ejemplo- puedan acceder al cargo por sus méritos y facultados por su titulación de graduado, sea un médico o una enfermera. Son políticas valientes, como la que intenta llevar a cabo la Comunidad de Madrid y a la que algunos se oponen porque no interesan determinadas reformas. Se trata, sin embargo, de un proyecto de ley con aspectos éticos y humanísticos para con el paciente; y que fomenta por fin que los equipos los dirija gente competente y con capacidad para gestionar recursos. ¿A quién no le interesa que se hagan operaciones por la tarde en los hospitales públicos? Pues a los que van a trabajar por la tarde en la privada. No optimizamos los recursos ni se ha centrado el sistema, como predican, en el paciente. Ahora que una Consejería de Sanidad como la de Madrid apuesta por ello le llueven palos. No se entiende, pues es una de las leyes más importantes en este campo desde la Ley General de Sanidad”, concluye González Jurado.
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