Sociedades científicas, asociaciones de afectados, colectivos vecinales, agentes sociales y numerosos expertos han sumado sus voces para reclamar, en un manifiesto común, el desarrollo de una Ley Integral del Amianto que permita evitar las muertes derivadas de la exposición a este material todavía muy presente en todo tipo de construcciones, como tejados, redes de tuberías o estructuras de edificios.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 125 millones de personas de todo el mundo están actualmente expuestas al amianto –también llamado asbesto– en su lugar de trabajo, y esto provoca que cada año mueran 107.000 personas por cáncer de pulmón, cáncer de pleura (mesotelioma) y asbestosis (fibrosis pulmonar). Además, miles de muertes pueden atribuirse a otras enfermedades relacionadas con el amianto, así como también a exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo.
En España, la producción de este componente está prohibida desde el año 2002, pero no existe una regulación del asbesto ya instalado, donde hasta ese momento fue muy utilizado en el país, por lo que aún sigue formando parte de múltiples instalaciones, tal y como se destaca desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), una de las organizaciones firmantes.
Como se recoge en el manifiesto, “el uso industrial del amianto ha supuesto un desastre global sin precedentes que, en el caso del Estado español, puede alcanzar la cifra total de 130.000 fallecidos en 2050 un 40% de ellos aún por llegar” (se calcula un fallecido por cada 20 toneladas de amianto importado/consumido, y el volumen total estimado en nuestro país es de 2,6 millones de toneladas).
“A pesar de la prohibición de la importación y producción del amianto en 2002, es un problema de salud pública, medioambiental y laboral del pasado, presente y futuro que afecta gravemente a nuestra sociedad. Sin embargo, aún no se ha abordado un instrumento legislativo para erradicarlo de nuestras vidas, lo que es especialmente grave si consideramos que no existe un nivel de exposición segura al amianto , además, se estima que el 65% del instalado en todo el territorio español ha finalizado ya su vida útil (30?35 años), lo que incrementa su peligrosidad, al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente”, recoge el manifiesto.
“Por desgracia, en España no disponemos de un registro regulado de enfermedades relacionadas con el amianto y existe, por tanto, un infradiagnóstico importante. Además, no hay competencia nacional reguladora para gestionar la prevención de la exposición. Con un periodo de latencia de hasta 40 años, es en la actualidad un problema sanitario prevalente de gran impacto en España y que se mantendrá las próximas décadas. Además, las enfermedades asociadas no afectan únicamente a los antiguos trabajadores del amianto, sino que nos afecta a todos, como población general expuesta, sin saberlo, de forma ambiental”, ha señalado el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la SEOM, quien recuerda que el amianto tiene relación directa “con el cáncer de pulmón, el de pleura (mesotelioma), el de laringe y el de ovario”.
Escaso reconocimiento de las enfermedades asociadas
En el manifiesto, las organizaciones firmantes señalan que, además del drama que supone “la pérdida de vidas evitables, nos enfrentamos al problema del infrareconocimiento de estas patologías como enfermedades profesionales”. Así, recuerdan que solo el 9% de los hombres que fallecieron en España entre los años 2007 y 2017 por mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermos profesionales. En el caso del cáncer bronco?pulmonar asociado a este material, ese porcentaje se reduce hasta al 0,44%.
“La situación es aún más acusada entre las mujeres, con tan solo un 0,9% de fallecidas por mesotelioma y un 0,05% defallecidas por cáncer bronco?pulmonar derivados de las exposición laboral al amianto reconocidas”, subrayan las organizaciones que apoyan el documento, en el que advierten que los estudios epidemiológicos actuales “confirman la tendencia al incremento de cifras de víctimas y del número de afectados por exposición ambiental” como consecuencia del “largo periodo de latencia” de las patologías relacionadas con el amianto.
Las consecuencias que podría tener la Ley Integral del Amianto en la salud pública serían muchas. A continuación detallamos algunas:
Beneficios de una Ley Integral del Amianto
Para los representantes de la SEOM, los beneficios que podría conllevar el desarrollo de una ley Integral del Amianto en la salud pública serían numerosos, y entre ellos destacan los siguientes:
1. Regulación de medidas para la identificación de población de alto riesgo de enfermedad atribuible al asbesto, lo que permitiría establecer acciones de seguimientoo screening, teniendo en cuenta el periodo de latencia de enfermedad.
2. Identificación de casos atribuibles al asbesto mediante un Registro de Notificación Obligatoria de todos casos asociados a este manterial, como la asbestosis o el cáncer.
En relación a esto, la sociedad científica resalta que esta norma haría posible fomentar entre los especialistas que atienden a pacientes con enfermedades del asbesto, incluidos los oncólogos, la importancia de identificar estas patologías, “con implicaciones sociales/económicas para los pacientes”. Además, se evitaría el infradiagnóstico de casos y se regularía “el acceso a beneficios sociosanitarios y económicos específicos”, como el establecimiento de medidas de prevención (ayudas para desinstalación del amianto, por ejemplo) u otras acciones, entre ellas, ayudas económicas por enfermedad.
“Solicitamos al Gobierno español que aborde decididamente y con la máxima celeridad un proyecto de Ley Integral del Amianto que permita proporcionar una visión global y transversal del problema y (…) normalizar y canalizar las soluciones en los distintos ámbitos, evitando, como hasta ahora, respuestas insuficientes y fragmentadas. Esta iniciativa colocaría a nuestro país en una posición de vanguardia en la UE y como referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo”, sostienen las organizaciones que suscriben el manifiesto.
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