Organizaciones de Enfermería, Medicina y Defensa de la Sanidad de Madrid han firmado una declaración contra lo que consideran la “mal llamada farmacia comunitaria”, recogida en un proyecto de ley de la Comunidad de Madrid y que a su juicio invade competencias asistenciales de otros profesionales sanitarios.
El manifiesto está firmado por el Consejo General de Enfermería, el Colegio de Enfermería de Madrid, el sindicato de enfermería SATSE, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), la Sociedad Madrileña de Enfermería de Familiar y Comunitaria (SEMAP), la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), FACUA-Madrid, la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), la Federación de Asociación de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC).
Las Organizaciones firmantes, preocupadas por el interés general, la calidad de la atención sanitaria y la salud de la población, consideran necesario el mantenimiento y la potenciación de la Atención Primaria como base fundamental de una Sanidad Pública universal, eficiente y de calidad, por ello, consideran que “la realización por parte de los farmacéuticos de determinadas actividades, como lo son la visita domiciliaria, el control de pacientes crónicos (seguimiento de diabéticos, anticoagulados, hipertensos…), la adherencia al tratamiento… suponen no solo una duplicidad de actuaciones que ya vienen realizando desde el ámbito público, médicos y enfermera os sino que también puede implicar un grave conflicto de intereses, en perjuicio de los usuarios y de las políticas públicas de uso racional de los medicamentos”.
Respeto a sus funciones
En el comunicado, aseguran que los profesionales farmacéuticos “merecen todo nuestro respeto y consideración, que, como profesionales sanitarios, desarrollan una labor fundamental en el ámbito de la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública, que son las funciones que tienen atribuidas por Ley y reconocemos la imprescindible labor que desarrollan los farmacéuticos en el Sistema Público Sanitario”.
Sin embargo, entienden, por un lado, que el Anteproyecto de la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid no ha contado en su elaboración, ni con la participación ni el consenso de todos los agentes implicados, como lo son todos los colectivos de profesionales sanitarios, y no sólo los farmacéuticos, así como los agentes sociales o los propios usuarios y pacientes, y por otro, que las oficinas de farmacia, por el hecho de estar en la comunidad y ser un recurso comunitario, no pueden ser consideradas farmacias comunitarias ya que dicha consideración precisa, entre otras cuestiones, de unas competencias y conocimientos que no adquieren los farmacéuticos en su titulación, pero sí otros profesionales como médicos y enfermeros, tanto en sus estudios de grado como de posgrado y especialización.
“El citado anteproyecto no puede atribuir unas competencias profesionales a los farmacéuticos de las oficinas de farmacia, que no son de su ámbito y que por el contrario ya tienen atribuidos otros profesionales”, aseguran.
Fortalecer la Atención Primaria
Aseguran que la administración debe fortalecer la atención primaria y no destinar unos fondos públicos para que los farmacéuticos u otros trabajadores empleados por ellos, a través de unos establecimientos privados, como son las oficinas de farmacia, aunque presten un servicio público, realicen unas actividades sanitarias.
Por todo ello, consideran que los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid deben rechazar de pleno este Anteproyecto de Ley e instan a que se promueva una nueva iniciativa legislativa que tenga en cuenta y en la que participen todos los agentes implicados, respetando las competencias profesionales, ya atribuidas por Ley, propicie los derechos y la seguridad de los usuarios y pacientes, desde una atención sanitaria más eficiente, que respete las competencias de los distintos profesionales, no comprometa el carácter público, gratuito y universal de la atención sanitaria y que permita articular la aportación que, según las competencias de cada uno de los agentes de salud, realiza en el ámbito de la comunidad, con criterios de equidad, accesibilidad y longitudinalidad, previamente consensuados.
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