La Airef propone subasta de medicamentos a nivel estatal y ventajas para rentas bajas

Se ha centrado en la evaluación del gasto público en recetas dispensadas en oficia de farmacia. La AIReF concluye que hay aspectos mejorables para el Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista de la gobernanza, los aspectos procedimentales, la eficiencia y la equidad. 

La AIReF entiende que estas mejoras permitirían reforzar la sanidad pública en España y ofrecer más y mejores recursos a los ciudadanos. Además, considera fundamental desvincular esta partida de los vaivenes del ciclo económico. La sanidad es una de las partidas más importantes del gasto público y su peso será cada vez más relevante en el futuro. En el año 2017 el gasto público en salud fue de 72.813 millones de euros, de los que alrededor de 16.264 millones, el 1,4% del PIB, se destinaron a medicamentos y más del 62%, alrededor de 10.171 millones, a gasto en recetas dispensadas en farmacias.

En este estudio, la AIReF centra su atención en los aspectos tanto de oferta como de demanda que determinan este gasto y en los que las autoridades sanitarias tienen la capacidad de influir. 

En su análisis, la AIReF ha detectado varios elementos de mejora. En relación con la gobernanza, la institución considera que la representación de las comunidades autónomas en la determinación de qué medicamentos se financian y a qué precio no es acorde al impacto que estas decisiones tienen en sus presupuestos, puesto que cargan con este gasto en sus cuentas.

Precio del medicamento

En cuanto a las cuestiones procedimentales, la AIReF constata una falta de sistemática para establecer el precio que el Sistema Nacional de Salud paga por los medicamentos. Además, considera que la evaluación coste-beneficio no se valora a la hora de determinar los precios y que la carencia de recursos humanos y tecnológicos necesarios para apoyar estas decisiones hace que el sistema se centre en la entrada y dedique menos esfuerzo a la revaluación de los medicamentos en cartera.

Desde el punto de vista de la eficiencia, la AIReF considera que el sistema de precios de referencia no ofrece una visión global del precio de los tratamientos y terapias financiadas, ya que solo considera la equivalencia en términos de principio activo y no de indicación terapéutica. Además, detecta una falta de contraste en las prescripciones realizadas y gran hetereogeneidad entre las CCAA en sus pautas de prescripción.

Además, la AIReF cree que la superposición de las actividades de evaluación de medicamentos en las CCAA no favorece resultados óptimos desde el punto de vista de la eficiencia: la dispersión de criterios dificulta la labor de los prescriptores y no favorece la racionalidad en el uso de los medicamentos.

Finalmente, desde el punto de vista de la equidad, la institución observa que el actual modelo de copago penaliza a los trabajadores activos de bajos ingresos, frente a los pensionistas de ingresos similares y es desigual en el tratamiento de las personas especialmente vulnerables, como los perceptores de rentas mínimas de inserción.

Propuestas

Tras este análisis, la AIReF realiza una serie de propuestas, como modificar la composición actual de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, corresponsabilizando a las CCAA de las decisiones que en ella se tomen. Además, se sugiere la creación de una autoridad independiente que apoye con los medios humanos y tecnológicos adecuados la toma de decisiones sobre financiación y que garantice la sistemática reevaluación de los medicamentos y seguimiento de las condiciones de financiación.

La AIReF plantea también la definición de un nuevo sistema de precios de referencia en el que, además del principio activo, se considere la indicación terapéutica y propone estudiar la posibilidad de aplicar de forma generalizada procesos de selección de medicamentos existentes a nivel regional, conocidos como las subastas, aunque con cambios para lograr los resultados deseados en beneficio de los ciudadanos y permitiendo la entrada a distintos operadores.

La institución también plantea una modificación del esquema actual de copago para mejorar su equidad y eficiencia, con mejoras en las condiciones de compra para la parte de la población activa con menos ingresos y dificultades para acceder a los medicamentos. Asimismo, propone incorporar los sistemas de copago evitable para concienciar al ciudadano del impacto de sus decisiones de consumo y obtener mejoras en los precios de facturación del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, la AIReF sugiere vincular las prescripciones a las resoluciones de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, introducir programas generalizados de seguimiento de su consumo, incrementar la cooperación entre las Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las Agencias de Evaluación Regionales en la evaluación de medicamentos y la elaboración de guías clínicas y desarrollar planes de educación sanitaria para fomentar el uso racional de los medicamentos y la adherencia a los tratamientos, con la participación del farmacéutico de atención primaria y las oficinas de farmacia.

La industria farmacéutica 

Ante la publicación de estos resultados, Farmaindustria considera que el estudio deja de lado los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes, para centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios (menos hospitalizaciones y menor gasto hospitalario) y sociales, como las mejoras en el ámbito de la incapacidad laboral (que se traduce en mayor productividad) o los cuidados familiares.

Además, cree que ignora la complejidad del proceso de innovación y la naturaleza incremental del progreso terapéutico, reduciendo los procedimientos de intervención de precios a un mero problema de obtener el precio más bajo posible a lo largo del ciclo de vida del medicamento, y obviando otros condicionantes críticos de una actividad administrativa tan importante como es la regulación económica del medicamento. En suma, propone un enfoque exclusivo sobre el coste, sin considerar la cualidad de inversión que tiene el gasto en medicamentos.

A juicio de Farmaindustria, las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018. Lejos de subir, el gasto per cápita en España es notablemente inferior al de los países de su entorno: un 32% inferior a la media de países de la Eurozona (datos de 2016).

Además, las propias previsiones de la AIReF para 2019-22 muestran un crecimiento del gasto farmacéutico muy reducido (1,4% medio anual) e inferior al crecimiento del PIB nominal (3,8%), por lo que esta partida no amenazaría en ningún caso a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. No se entiende, por tanto, la necesidad de abordar un plan para ahorrar 1.500 millones de euros en 4 años, con medidas de gran calado que el informe además califica como “fáciles de implementar”, añade la patronal.

Patentes e impacto económico

Tampoco se tiene en cuenta, a su juicio, un indicador clave para medir la eficiencia del modelo farmacéutico español: el tamaño del mercado fuera de patente. Así, no se menciona que, una vez que expira la patente, en España los medicamentos originales bajan al mismo precio que su genérico correspondiente, con lo que el indicador relevante en términos de eficiencia no es tanto el porcentaje de mercado que ocupan los genéricos cuanto el porcentaje de mercado de los medicamentos a precio de genérico, que en la actualidad alcanza el 82% de las dispensaciones de medicamentos de prescripción en oficinas de farmacia (datos de 2018).

Al plantear las medidas de ahorro, los autores del informe tampoco han tenido en cuenta su impacto sobre el tejido productivo e innovador del país. En concreto, de llevarse a cabo, las citadas medidas supondrían un importante daño, desde el punto de vista productivo, para la industria farmacéutica, que produce medicamentos en España por valor de 15.000 millones de euros y es el sector líder en I+D industrial en nuestro país, con más de un 20% del total, y que está a la cabeza en las exportaciones de alta tecno¬logía, con un 25% del total.

Asimismo, esta industria genera en España más de 40.500 empleos directos (que suman hasta 200.000 contando los indirectos e inducidos), que se caracterizan por su carácter indefinido, su ele¬vada cualificación y su paridad (el 52% son muje¬res, porcentaje que se eleva al 64% en el área de I+D).