La sentencia conocida esta mañana contra las 15 Unidades de Gestión Clínica aprobadas por la Junta de Castilla y León en septiembre de 2016 ha reavivado la petición de dimisión del consejero de Sanidad, que ya tuvo una solicitud de reprobación en el pleno de las Cortes tras la marea blanca regional del pasado 20 de enero.
Así, el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, le ha pedido al consejero que se marche o que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o el del PP, Alfonso Fernández Mañueco, lo echen, ya que “es un peligro para la sanidad”.
En rueda de prensa tras una reunión de coordinación con el secretario de Organización nacional, José Luis Ábalos, el secretario del PSOE de Castilla y León se ha referido “al nuevo mazazo” para la sanidad regional tras el recurso presentado por CCOO contra esas Unidades de Gestión Clínica anuladas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
“Una vez más tenemos que decir al consejero que ya se lo advertimos”, ha sostenido Tudanca, quien ha recordado que “hace mucho tiempo que el consejero debería estar en su casa, haber dimitido o haber sido cesado”, según las declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Ello tras suspenderse las oposiciones de enfermería, los problemas del sistema informático de Atención Primaria conocido como Medora, el deterioro de la sanidad rural, o no cumplir con la puesta en marcha de unidades de radioterapia, “desastre tras desastre”, ha reflexionado Tudanca.
El 30 de julio de 2015 el PSOE, ha recordado el también portavoz del grupo parlamentario socialista, ya exigieron la paralización de esas unidades de gestión clínica ya que, a su juicio, “encubrían la privatización de la sanidad” y el rechazo de los profesionales de la sanidad.
“Que presente su dimisión”
En la misma línea, el portavoz de IU-EQUO en las Cortes, José Sarrión, considera que la sentencia constituye “la gota que colma el vaso y es una razón más para que el consejero presente su dimisión”.
Sarrión, en declaraciones a Europa Press, anuncia que su grupo ha registrado este martes una petición para que Antonio María Sáez Aguado comparezca en las Cortes y explique la situación planteada tras dicha sentencia y, al tiempo, invita a la “reflexión ante tanta normativa de la Junta que ha sido tumbada por los tribunales por problemas de procedimiento, pues ésta no es la primera”.
En cuanto al motivo de fondo de la anulación de la totalidad de las unidades de gestión clínica, el procurador de IU-EQUO recuerda que son el “desprecio” del consejero a los sindicatos y su “falta de diálogo”, circunstancias que, según recuerda, constituyen las principales críticas que se han venido realizando al departamento de Sáez Aguado. “Esperamos, por tanto, que el consejero dé las oportunas explicaciones en las Cortes”, concluye.
También ha solicicado la comparecencia urgente del consejero el grupo parlamentario Podemos CyL para que valore las medidas judiciales llevadas a cabo en el mes de febrero de 2018 relacionadas con la Orden SAN/822/2016 de 26 de septiembre, por la que se crean Unidades de Gestión Clínica y se determina la composición de los Comités Clínicos de las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Público de Salud de Castilla y León.
Los profesionales, satisfechos
Por su parte, el Sindicato de Enfermería, SATSE, de Castilla y León valora positivamente la sentencia, ya que desde el inicio de este proyecto de la Consejería de Sanidad, se ha mostrado en contra de esta forma de gestión que se pretende ir implantando en los centros sanitarios de Castilla y León, con consecuencias negativas para los pacientes y para los trabajadores del Sistema Regional de Salud, para los que implica una pérdida importante de derechos.
SATSE ha constatado que los trabajadores de Sacyl están mayoritariamente en contra de las UGC y el objetivo final y primordial de este proyecto siempre es el ahorro económico, pese a que desde la Consejería de Sanidad se pretenda argumentar lo contrario. SATSE Castilla y León considera que se crean para reducir costes económicos en el sistema sanitario de una manera velada y en la sombra, de modo que ese recorte no tenga un coste político para los responsables de la Consejería de Sanidad y de Sacyl.
Recuerda que es importante ser eficientes en el gasto público, pero no a cualquier precio y no precisamente de este modo tan escasamente transparente, como se está llevando a cabo con las UGC. Como se señala en la sentencia del TSJ de Castilla y León, la orden de creación de estas unidades no dispone de una memoria económica que realmente señale lo que implica económicamente este proyecto para el Sistema de Salud.
SATSE también pone de manifiesto que las sucesivas UGC que se han ido creando se han implantado de espaldas a los profesionales y sin información alguna para estos trabajadores que estaban implicados en los servicios que se convertían en UGC, como ha denunciado SATSE reiteradamente. “Esto choca frontalmente con el argumento de la Consejería, que afirma que se crean las UGC para dar más autonomía y protagonismo a los profesionales en la gestión sanitaria”, asegura.
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