Profesionales Por S. A. D. Jueves, 15 Octubre 2015 22:46
POLÉMICA

La vacunación frente a la gripe de 22 millones de personas "peligra" por el retraso de la prescripción enfermera

Los enfermeros recuerdan que no pueden realizar "ninguna actuación terapéutica relacionada con el medicamento" si no va a acompañada de una receta médica oficial

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Una enfermera administra una vacuna frente a la gripe; abajo, una profesional en un hospital. Una enfermera administra una vacuna frente a la gripe; abajo, una profesional en un hospital. ARCHIVO / Dicyt

La Mesa de la Profesión Enfermera ha advertido de que el nuevo retraso, "arbitrario e injustificado" de la aprobación de la llamada prescripción enfermera en Consejo de Ministros, puede suponer la convocatoria de "una huelga inminente" en todo el país y "pone en peligro" la vacunación frente a la gripe de 22 millones de ciudadanos "por la exigencia de ceñirnos exclusivamente a aquellas actuaciones legalmente establecidas para el ejercicio profesional de los enfermeros".

Según ha explicado esta entidad, formada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (SATSE), "hoy se ha confirmado oficialmente que el Gobierno ha vuelto a retrasar la aprobación del Real Decreto de Indicación, Uso y Autorización de Dispensación de Medicamentos y Productos Sanitarios por parte de los Enfermeros, una situación que ha motivado una reunión urgente de la Mesa de la Profesión Enfermera, que ha acordado las siguientes acciones:

1. Constituir un gabinete de crisis compuesto por miembros de ambas instituciones que establecerán las estrategias y acciones a realizar en los próximos días.

2. Exigir una reunión urgente al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que éste se comprometa, "con luz y taquígrafos", a la aprobación de este real decreto "de forma inmediata". Finalmente, el encuentro se producirá el próximo martes, 20 de octubre, y en él pedirán explicaciones a Alfonso Alonso, a quien informarán del calendario de movilizaciones que se diseñará este fin de semana, y que incluirá la celebración de asambleas "en todos los centros sanitarios del país para informar a los profesionales de la situación crítica actual".

3. Convocar "una huelga inminente en toda España en caso de que la petición de reunión urgente no sea atendida de inmediato por el ministro de Sanidad y de que éste no dé una respuesta satisfactoria a la profesión". La huelga sería convocada por SATSE "y avalada y respaldada por la Organización Colegial de Enfermería".

4. Informar a los pacientes, a través de sus asociaciones representativas, así como a los 274.000 enfermeros y enfermeras de España que de que esta situación generada por el Gobierno pone "en serio peligro" la campaña de vacunación de la gripe, porque la no aprobación de la prescripción enfermera "conlleva la exigencia de ceñirnos exclusivamente a aquellas actuaciones legalmente establecidas para el ejercicio profesional de los enfermeros".

Así, continúa el colectivo, "sin la aprobación de este real decreto las enfermeras y enfermeros españoles no pueden realizar ninguna actuación terapéutica relacionada con el medicamento si no va a acompañada de una prescripción médica de forma oficial, es decir, con carácter individual y nominativo para cada paciente, y en la que se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de intervención".

Según advierte la Mesa de la Profesión, esta realidad "va a afectar a toda la asistencia sanitaria que se presta a los pacientes en el país en todos Enfermera-Dicytlos servicios de salud, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada".

En este contexto, y como primera medida, los estos profesionales "no podrán vacunar directamente a los 22 millones de personas que cada año reciben su vacunación, ya que los enfermeros no pueden hacerlo al tratarse, las vacunas, de medicamentos sujetos a prescripción médica". De este modo, "los pacientes tendrán que ir primero al médico para que éste les realice la correspondiente prescripción de la vacuna y, posteriormente, acudir a la enfermera para su administración".

Si las enfermeras administraran directamente las vacunas, continúa el colectivo, "estarían cometiendo un delito de intrusismo profesional tipificado en el Código Penal, al tiempo que estarían también vulnerando el Código Deontológico de la Enfermería Española, que establece que la enfermera no debe aceptar el cumplimiento de una responsabilidad que no sea de su competencia". Además, "como se trataría de una vulneración de la ley, el seguro de responsabilidad profesional no actuaría en caso de siniestro, porque las pólizas no cubren, obviamente, los casos de intrusismo profesional, con lo que los pacientes estarían indefensos ante estas malas prácticas profesionales".

5. Recordar que ya hay enfermeras inhabilitadas por prescribir medicamentos. "Como ejemplo, recordamos a una enfermera de la Comunidad Valenciana inhabilitada durante un año y medio por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Valencia como consecuencia de haber administrado de forma autónoma un paracetamol a un paciente, sin prescripción médica previa, a pesar de que dicho medicamento sí estaba indicado para dicho caso, no existió ningún efecto adverso derivado de la misma y el paracetamol es un medicamento que no requiere receta médica y puede comprarse libremente en farmacias", señala la Mesa de la Profesión Enfermera.

Una falta de respeto a la soberanía popular

En su comunicado, estos profesionales denuncian "la falta de respeto institucional del Gobierno hacia la soberanía popular, representada por las Cortes Generales", puesto que en diciembre de 2009 el Congreso de los Diputados y el Senado "aprobaron por unanimidad la regulación para la indicación uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros, dando un mandato al Gobierno para que en el plazo de un año reglamentase por real decreto dicho proceso".

Posteriormente, "el Congreso aprobó también por unanimidad tres proposiciones no de ley instando al Ejecutivo a desarrollar la norma, y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que agrupa al Ministerio de Sanidad y a las 17 comunidades autónomas, aprobó por unanimidad el proyecto". Asimismo, añade el colectivo, el Consejo de Estado "ha emitido dictamen favorable" y, por último, "en el texto definitivo del decreto se han tenido en cuenta y observado todas las consideraciones y observaciones de los distintos Ministerios antes de ir a la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros", a pesar de lo cual, "a día de hoy, el decreto no ha visto todavía la luz en dicho Consejo".

 



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