Los enfermeros advierten de que el Gobierno ha convocado una “huelga de competencias”

Según ha explicado la entidad, de la que forman parte el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (SATSE) se trata de una respuesta que engloba “actuaciones jurídicas, políticas, administrativas, informativas y de sensibilización social” que, en su conjunto, “implicaran a más de un millón de personas con derecho a voto en España, entre profesionales, estudiantes y familiares”, por lo que cree que “la fechoría” va a pasarle al Partido Popular “una factura sin precedentes”.

Los presidentes del CGE y de SATSE, Máximo González Jurado y Víctor Aznar, respectivamente, han asegurado que, tras la publicación en el BOE “del nuevo redactado ilícito del real decreto”, que consideran “una traición y un desprecio al colectivo”, va a ser el propio Gobierno “el que convoque la huelga competencial en todo el sistema sanitario”, ya que la norma “impide a las enfermeras el uso cotidiano de medicamentos en beneficio de la salud de los pacientes” (ver aquí ejemplos de decisiones cotidianas de la enfermería en materia de fármacos).

En una rueda de prensa, los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera han asegurado que, tras “el engaño y la actitud de menosprecio y humillación demostrada hacia los más de 274.000 enfermeros de nuestro país”, el Ejecutivo ha declarado a la Enfermería “profesión non grata“, por lo que, “en contraposición a esta ofensa”, se pedirá el respaldo de la profesión “para declarar al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, “persona non grata“.

La entidad ha reiterado que el real decreto aprobado “supondrá graves perjuicios para la atención sanitaria”, por lo que una de sus prioridades será “informar a los usuarios y pacientes para que tengan claro que el único culpable de la situación que se va a desencadenar cuando las enfermeras deban ajustarse de forma estricta al texto del real decreto es un Ejecutivo ajeno a la realidad sanitaria y asistencial, que solo está obsesionado con la idea de no enemistarse con colectivos afines a su ideología ultraconservadora y no perder ni un solo voto de derechas”.

El calendario inicial de acciones enumerado por los responsables de las organizaciones que conforman la Mesa de la Profesión Enfermera es:

Acciones administrativas y políticas

– Reuniones con los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre para informar a sus líderes de la situación y pedir su apoyo para un futuro cambio de la norma. 

– Envío de una carta a los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas (CCAA) para informarles “de las graves consecuencias que supone la modificación del artículo 3 del real decreto para el normal funcionamiento de la Sanidad que gestionan” y solicitar “una reunión urgente para abordar conjuntamente la situación”.

– Remisión de un escrito oficial a los gerentes de los servicios de salud de las CCOO comunicándoles que, desde la publicación del real decreto, “los enfermeros se ven en la obligación de dejar de realizar el uso e indicación de medicamentos en su práctica diaria si previamente no se ha producido, por parte del médico, el diagnóstico, la prescripción y la selección del protocolo a seguir”.

Acciones jurídicas

– Encargo a un equipo de prestigiosos penalistas de la presentación de una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.

– Interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar del RD, por nulidad de pleno derecho, en lo referido a su artículo 3, que regula el ámbito de las actuaciones con los medicamentos sujetos a prescripción médica.

– Puesta a disposición de todos los profesionales de un escrito para ejercer su derecho de petición ante el Gobierno, informándole de la responsabilidad patrimonial en la que podría incurrir al no permitir el ejercicio efectivo de una competencia establecida en la ley para su pleno desarrollo profesional.

– Coordinación de todas las asesorías jurídicas que ambas organizaciones tienen en todo el Estado para consensuar y unificar criterios.

Acciones informativas y de sensibilización social

– Puesta en marcha de una campaña informativa a usuarios y pacientes para explicarles por qué las enfermeras no van a poder atenderles como han venido haciendo hasta ahora.

– Reuniones con las diferentes asociaciones de pacientes para establecer alianzas en la reivindicación de un marco legal que garantice la seguridad de los usuarios y profesionales.

– Desarrollo de una campaña de información y sensibilización con los profesionales enfermeros, dotándoles de los argumentos jurídicos y deontológicos necesarios para poder actuar con plenas garantías.

– Inicio de reuniones con los estudiantes de Enfermería, cara a movilizar a los más de 50.000 futuros profesionales que estudian en este momento la carrera.

– Realización de jornadas de responsabilidad civil en todos los centros sanitarios para concienciar a los profesionales de las graves repercusiones que va a tener en su práctica diaria la entrada en vigor del real decreto.

Además de estas acciones, la Mesa de la Profesión Enfermera organizará una Cumbre Enfermera que reunirá “a miles de profesionales de todo el país para demandar conjuntamente al nuevo Gobierno el cambio de la norma, así como una multitudinaria manifestación con el mismo objetivo.

Reacciones en Castilla y León

La aprobación, el pasado 23 de octubre, del real decreto sobre prescripción enfermera también ha supuesto “una profunda decepción e indignación” para los profesionales de Castilla y León, que consideran las modificaciones incluidas en el último momento “un nuevo atropello” al colectivo.

En una rueda de prensa convocada hoy, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería en la Comunidad y SATSE Castilla y León han hecho público un manifiesto conjunto en el que señalan que, “después de seis años de negociaciones, tres proposiciones no de ley, 90 borradores del RD y con el acuerdo unánime del Consejo Interterritorial de Salud y el informe favorable del Consejo de Estado, al ala más conservadora e inmovilista de los médicos les ha bastado con una manifestación de 150 liberados por el Sindicato Médico (CESM) para que un ministro del PP se baje los pantalones ante las presiones corporativistas y modifique el texto la tarde antes, introduciendo un párrafo que perjudica gravemente el desarrollo de la profesión enfermera, la modernización del sistema sanitario y los intereses y derechos de los pacientes y ciudadanos”.

Para las dos organizaciones, la redacción del párrafo “introducido unilateralmente” vulnera “el espíritu y la letra” de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios y “pone en entredicho que las enfermeras podamos llevar a cabo, con soporte jurídico, competencias que hasta este momento estamos realizando, cercenado toda posibilidad de que adquiramos autonomía en el desarrollo de nuestra profesión”.

Ante esta situación, los colegios profesionales y SATSE “no van a cruzarse de brazos y tolerar estos continuos atropellos”, por lo que han anunciado que han convocado “de urgencia” a sus correspondientes órganos de gobierno para, “a través de la Mesa de la Profesión Enfermera de Castilla y León, definir las líneas de actuación oportunas, de las cuales se informará a todas las enfermeras y enfermeros de Castilla y León, solicitando su apoyo e implicación en aquellas en fuera necesaria su participación”. Además, avisan de que tomarán frente al real decreto, una vez publicado en el BOE, “las medidas que en Derecho procedan”.