El colectivo de investigadores predoctorales de la convocatoria FPI (Formación del Personal Investigador) 2018 está sufriendo una situación de precariedad al encontrarse desatendidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según denuncia en un comunicado.
Su convocatoria se abrió en octubre del 2018 y desde entonces se encuentran esperando a que se publique la Resolución de Concesión, un documento que les permite firmar sus contratos laborales.
Al igual que denunciaron los FPU (Formación del Profesorado Universitario) hace unos días, desde el colectivo de investigadores FPI 2018 explican que en las propias bases de la convocatoria se indica que la publicación de este documento tendrá lugar como máximo seis meses después del inicio del proceso, es decir, el 8 de abril. Sin embargo, en la convocatoria se añade que se pueden prorrogar estos plazos un máximo de dos meses más, hasta el 8 de junio, por el periodo de evaluación de las solicitudes.
“Hemos visto que este proceso de evaluación ha durado dos meses y medio por lo cual ya se han incumplido las bases por parte del Ministerio de Ciencia en una ocasión, y lo más grave es que ahora nos comunican que probablemente la resolución saldrá en julio, es decir, un mes más tarde del plazo máximo con prórrogas que estipula las bases de la convocatoria”, aseguran.
Para muchos de los jóvenes investigadores que están a la espera de firmar este contrato, esta situación significa no poder entrar en nómina hasta septiembre, dado que el inicio del contrato se produce el día 1 en uno de los tres meses posteriores a su firma, es decir, si firman en julio como todo parece indicar, no podrán incorporarse hasta agosto, septiembre u octubre, “y en agosto las administraciones funcionan bajo mínimos o no funcionan, así que en la práctica será septiembre como pronto”, afirma el colectivo.
Precariedad
A la crítica sobre el incumplimiento de los plazos máximos de los que el propio Ministerio de Ciencia se dota, se le suma también el hecho de que transcurre más de un año entre que los investigadores finalizan sus estudios de Máster Universitario (obligatorio para acceder al doctorado) y hasta que se pueden incorporar como investigadores predoctorales. Esto provoca que durante un año estos investigadores tengan que solucionar su situación laboral de una manera precaria, ya que el Ministerio de Ciencia no especifica si la convocatoria se va a resolver en tres meses o en ocho. Reclaman plazos fijos, más específicos y que no obliguen a permanecer un año entero a la espera del contrato.
Desde el Ministerio explican que se está trabajando para poder ofrecer plazos fijos y definidos, pero el colectivo de investigadores predoctorales cree que esto llega tarde y no es suficiente para solucionar el problema estructural de la ciencia española.
La situación que viven los investigadores predoctorales de esta convocatoria no es un hecho aislado, ya que recientemente también ha habido colectivos de otras convocatorias, como la Reserva FPU 2017 que han visto demorados los plazos en más de cinco meses. Además, todos los colectivos de investigadores predoctorales del país están en pie de lucha por llevar meses las universidades y centros de investigación sin aplicar el nuevo EPIF (Estatuto del Personal Investigador en Formación), que recoge subidas salariales para todos los ‘contratos predoctorales’.
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