La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado un documento sobre la talidomida en el que considera que no existe “razón ni sentencia alguna que haga olvidar los efectos de la talidomida” y que “no se puede admitir que la farmacéutica trate de forma distinta a afectados españoles de otros europeos”. Por ello, insta al Estado español y a Grünenthal, a quienes considera “responsables”, a compensar a las víctimas de esta tragedia.
Para la OMC, la negativa de la compañía alemana a reconocer y reparar la tragedia causada por la talidomida “es una burla a los derechos humanos”, e insta al Estado español a que, con la mayor diligencia posible, “reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados y proceda a su compensación”, por entender que el plazo que dio en su día fue insuficiente.
Como se ha puesto de manifiesto ante la asamblea general y se recoge en el propio documento, la organización se siente en la obligación de aportar este informe, ante “una clara vulneración de los valores y principios que defiende la profesión médica y por el mandato deontológico de apoyar a las víctimas de la talidomida”, que llevan más de 50 años esperando ser compensadas por los graves efectos y malformaciones sufridas a consecuencia de este fármaco.
Responde también a la petición de ayuda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), formada por víctimas de una situación que ocurrió entre finales de los años 50 y principios de los 60 y que provocó el nacimiento de miles de bebés con malformaciones en las extremidades después de que sus madres tomaran este fármaco para paliar las náuseas del embarazo.
Un “agravio comparativo”
Los afectados, que en España se calculan en más de 500 actualmente, “llevan años reclamando indemnizaciones, pensiones y ayudas como las existentes en otros países europeos”, y consideran que su situación es un agravio comparativo, ya que España es el único país en el que las víctimas no reciben apoyo alguno, ni del Estado ni de la farmacéutica propietaria del fármaco.
El colectivo médico se suma así al apoyo que el colectivo ha recibido de los Parlamentos español y europeo y del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre que desestimó los recursos planteados por AVITE, al considerar que habían prescrito, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en octubre de 2014, revocó la decisión de la jueza de Primera Instancia número 90 de Madrid, que condenaba a Grünenthal a indemnizar a los afectados por la talidomida.
En el documento se pone en evidencia la indefensión en la que se encuentra el colectivo de víctimas en España, tras años de sufrimiento y olvido, debido en parte “a una actitud negligente tanto de la Administración como de la compañía farmacéutica responsable”.
Conclusiones del documento
1. La OMC, como institución, está obligada a entender la primordial e inviolable relación médico-paciente, porque la misión ética y deontológica del médico es ayudar al paciente a que obtenga el bien último. Para ello, es preciso respetar y defender los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, e incluso el de integralidad. El caso de los afectados de embriopatía por la talidomida y su proceso en España constituye una vulneración meridiana de todos los principios éticos mencionados, que persiste y así se ha permitido durante 50 años.
2. Una vez conocidos y admitidos, en primer lugar, la relación causa-efecto entre la ingesta de talidomida por mujeres embarazadas y las consecuencias de la misma sobre sus hijos y, en segundo lugar, la evolución que sus terribles efectos producía y produce durante toda la vida de los afectados (originando graves discapacidades y deterioro generalizados), se debía y podía haber actuado con mucha anterioridad, mayor celeridad y diligencia, lo que no ocurrió intencionadamente en el caso de Grünenthal y, por desidia y falta de interés, en el del Estado español.
3. Los médicos, inicialmente, no fueron correctamente informados, al presentárseles un producto seguro, que no lo era; y después, desinformados por las actitudes adoptadas desde la central alemana de Grünenthal y su filial española, tras decidir qué información “ya disponible pondrían, o no”, en conocimiento de los médicos. Este hecho sitúa al médico como sujeto dañado por el laboratorio, pues la “eficacia y seguridad” sobre la que basaba su prescripción provenía de la información que dichos titulares de comercialización le proporcionaban, lo cual supuso un daño a la profesionalidad del médico y también a su biografía.
4. La mayoría de los afectados no ha tenido reconocimiento y compensación alguna por los daños que les ha ocasionado el medicamento. Y el reconocimiento que han tenido algunos de los afectados por la talidomida y sus familias ha sido exiguo. En ambos casos, constituye en un agravio comparativo respecto a lo sucedido en otros países, especialmente en Alemania. En España, su situación se ha convertido en dramática cuando la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo no les permite compensación por el daño sufrido, pero sí que se reconoce en la propia sentencia “la conveniencia de buscar otros caminos para resarcir a los perjudicados por una palmaria injusticia”.
5. Los medicamentos y todas las demás intervenciones sanitarias se evalúan por su balance de beneficios, riesgos añadidos, inconvenientes y costes. La talidomida se ha constituido en el paradigma del balance más desfavorable, no solo por la gravedad de los daños añadidos en relación con moderados beneficios en los pacientes, sino por la duplicación de los daños graves en la descendencia de las embarazadas, con un multifactorial y progresivo deterioro generalizado. En consecuencia, es inaceptable clínica, moral y socialmente que las consecuencias de la embriopatía talidomidica sean consideradas como un proceso estable.
6. No existe razón ni sentencia alguna que haga olvidar los efectos de la talidomida a todos los que aún los continúan padeciendo e incrementándose, ni se puede admitir que la empresa farmacéutica responsable trate de forma distinta a los afectados españoles, en comparación con otros afectados europeos.
7. La utilización de la talidomida hace más de 50 años ha constituido un problema sanitario y también un problema ético. Lo ocurrido fue una tragedia, como consecuencia de una gestión errónea e interesada, y cuya negativa por la farmacéutica a reconocerlo inicialmente, y después a repararlo, constituye un atentado a la dignidad de persona y una vulneración de los derechos humanos, en los términos recogidos en el artículo 10 de la Constitución española.
8. Con el fin de mitigar el daño que se les ha ocasionado, la empresa farmacéutica Grünenthal y el Estado español deben satisfacer a los afectados de igual forma que lo han hecho en otros países de nuestro entorno, porque ambas partes son responsables de la tragedia. No resarcir este daño desacredita a la empresa Grünenthal desde una perspectiva ética y científica y la aleja del interés sanitario que debe mover las acciones de estas compañías. Simultáneamente, sitúa a la Administración sanitaria en una situación de manifiesta debilidad y falta de credibilidad.
9. Instamos al Estado español a que, con la mayor diligencia posible, reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados y proceda a su compensación, dado que el plazo que se dio en su día fue insuficiente.
10. La catástrofe causada por la comercialización de la talidomida no puede quedar sumida en el olvido ni en la pasividad de los diferentes gobiernos y sectores de la sociedad, en especial de los sanitarios. Es preciso activar una postura ética que sensibilice a la sociedad para que responda adecuada y proporcionalmente ante esta agresión a nuestros pacientes y ciudadanos.
Carta del doctor Knapp la canciller alemana
El Documento de la OMC sobre la embriopatía por talidomida, aprobado este fin de semana en asamblea, ha sido redactado por los doctores Juan José Rodriguez Sendín, presidente OMC; Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz; Carlos Molina, presidente del Colegio de Cuenca; Javier Font, representante de la Vocalía de Médicos de Hospitales; Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC; Mariano Casado, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Badajoz; Juan José Torres, vocal de A.P. Rural del Colegio de Badajoz; Galo Sánchez, farmacéutico y experto en evaluación de fármacos; José Antonio González Correa, vicedecano de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Málaga, y Antonio Hernández Jerez, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Granada.
En la asamblea también estuvo presente el radiólogo infantil Klaus Knapp, uno de los descubridores, junto con el doctor Lenz, de los efectos de la talidomida “y una de las personas que más se ha destacado en la ayuda a las víctimas en su justa reivindicación”. El doctor Knapp explicó que ha escrito una carta a la canciller alemana Angela Merkel en la que le expone la necesidad de que se reabra el proceso.
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