48 horas. Es el plazo que dieron el martes los representantes de CSIF, CCOO y UGT a los responsables de la Junta de Castilla y León para responder a su propuesta sobre la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Comunidad: realizar durante este último trimestre del año “todos los ajustes normativos necesarios” para la implantación de esta jornada a partir del próximo 1 de enero.
Mientras tanto, se mantendría “el actual acuerdo de horario de verano hasta finales de año”. Si la exigencia es rechazada, los tres sindicatos emprenderán “acciones contundentes” y presentarán un calendario de movilizaciones que comenzarán el 3 de octubre con una petición de reunión con los delegados territoriales y concentraciones ante las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. Las protestas “irán en aumento hasta llegar, el día 6 de noviembre, a un paro general de todos los empleados públicos de la Comunidad”.
Asimismo, se celebrará una concentración autonómica el día 17 de octubre y “un parón de dos horas y media” en los centros de trabajo el 25 de octubre.
“Todas estas acciones están encaminadas a conseguir que la Junta recapacite, cumpla los acuerdos firmados y comience, por fin, a valorar a los profesionales que tiene a su servicio”, han destacado este miércoles los representantes de las tres organizaciones sindicales en un comunicado conjunto emitido un día después del encuentro que mantuvieron con los consejeros de Presidencia, Ángel Ibáñez; Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; Sanidad, Verónica Casado, y Educación, Rocío Lucas.
Según los representantes de CSIF, CCOO y UGT, “tras más de dos horas de reunión, no se llegó a ningún acuerdo, a pesar de los intentos por parte de los agentes sociales de reconducir una negociación que ya empezó con la clara intención, por parte de la Junta, de no cumplir los acuerdos”.
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