"Consideramos que la respuesta es una tomadura de pelo al colectivo de técnicos superiores sanitarios. Es impropia de cualquier Gobierno, falta a la verdad y demuestra un desconocimiento total e inadmisible sobre la titulación, el cambio de las titulaciones universitarias pre-Bolonia a las nuevas de Grado y sobre cómo se han gestionado los grupos de clasificación (tras la publicación del EBEP en 2007). También de cómo están establecidas las retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud", señala la organización sindical.
Para SIETeSS, dejar en manos de las CCAA la decisión de implantar el Grupo B, sin que se establezca una obligación mediante una ley "es mantener la situación del Grupo B como hasta ahora".
En este sentido, los representantes de la entidad recuerdan que los grupos de clasificación profesional determinan las retribuciones básicas de los trabajadores (sueldo base, trienios y pagas extras), por lo que estas deben ser "iguales para el personal estatutario en todos los servicios de salud", de modo que "no se puede dejar que cada comunidad desarrolle cuando crea conveniente el Grupo B".
En este punto, recuerdan que todos los técnicos de Formación Profesional de grado superior de la rama sanitaria tienen titulación de técnico superior desde 1990, "algo que está ratificado en las sucesivas reformas educativas y legislado en varias leyes orgánicas y reales decretos", por lo que "no tiene nada de nueva, como el Ejecutivo la califica".
"Apelar a que el Grupo B será efectivo cuando se dicten las leyes de función pública de cada comunidad autónoma es falso, porque, como reconoce el Gobierno en otra parte de la respuesta, ya están en la Comunidad Valenciana (2010), Castilla-La Mancha (2011) y Galicia (2015), y el Grupo B no se ha aplicado", continúan los representantes sindicales.
Con todo, desde SIETeSS se recuerda que el periodo de vigencia de una disposición transitoria "no puede estar sujeto al interés de la administración, convirtiéndola en permanente, y menos cuando está vinculada a las titulaciones de Grado, que no nos incluyen y llevan años implantadas". Por eso, la organización considera que la respuesta del Gobierno "carece de veracidad y justificación y no hay ninguna excusa para resolver su aplicación inmediata".
