Más de 48.100 personas han apoyado hasta el momento una petición dirigida al Tribunal Constitucional para solicitar que suspenda cautelarmente la ley de de eutanasia y declare su inconstitucionalidad. La iniciativa ha partido de un médico, el Dr. Ángel José Satre, experto en cuidados paliativos, y ha sido difundida por la plataforma Derecho a Vivir.
“Con esta iniciativa he querido invitar a los ciudadanos a que se sumen a la petición que anteriormente han realizado médicos y expertos en bioética. Todos pedimos al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la ley por medio de un manifiesto, y también apoyados por la campaña de Derecho a Vivir, que ya hemos firmado miles de facultativos y más de 48.000 ciudadanos”, explica el doctor Sastre, primer firmante de la petición.
“Me uno a los profesionales que hemos recopilado, desde una perspectiva científica, las aberrantes irregularidades que supondrá esta ley, que ha sido aprobada mediante un procedimiento parlamentario no adecuado (como proposición de ley) para regularizar la eutanasia por la vía rápida y eludir el profundo debate que requiere este dilema moral”, agrega.
Para el paliativista, la norma “crea una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles: los 80.000 españoles demandantes de cuidados paliativos que mueren cada año sin poder recibirlos”, Además, afirma, “supone una quiebra absoluta del pacto social entre ciudadanos y Estado” y “viola frontalmente el derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución española”.
Según sostiene el Dr. Sastre, la ley de eutanasia aprobada “impondrá a los médicos el deber de obedecer los deseos suicidas de los pacientes terminales, contradiciendo taxativamente el juramento hipocrático y el código ético deontológico de los profesionales sanitarios”.
En su opinión, el Tribunal Constitucional “tiene el deber” de fallar contra la ley “si ataca a los derechos fundamentales; esa es su función y es una premisa que otras instituciones públicas de nuestro entorno asumen y ejercen con naturalidad, como hizo el Constitucional de Portugal, que, en efecto, declaró inconstitucional la ley de eutanasia aprobada por el Parlamento”.
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