Profesionales Por S. A. D. Lunes, 10 Mayo 2021 18:20
asociación Euvita

Médicos españoles piden al Tribunal Constitucional frenar la aplicación de ley de eutanasia

La iniciativa cuenta ya con el respaldo de más de 24.000 firmas y el escrito presentado alega que la norma crea una inseguridad jurídica sin precedentes / El documento señala que cada año alrededor de 200.000 personas necesitan de cuidados paliativos y unas 80.000 fallecen sin acceder a ellos

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Fachada del Tribunal Constitucional. Fachada del Tribunal Constitucional.

Un grupo de prestigiosos médicos españoles, respaldados por la asociación Euvita, ha iniciado una campaña para frenar la aplicación de la Ley de eutanasia, aprobada el pasado 18 de marzo y que entrará en vigor el próximo mes de junio. Cuestiones legales, bioéticas y médicas, así como la inseguridad jurídica que genera la norma para los más frágiles, son las principales razones que se alegran en el escrito presentado al Tribunal Constitucional cuyo objetivo es frenar la aplicación de la Ley.

El documento, al que ya se han adherido más de 24.000 personas, cuenta con la firma, entre otros, de Salvador González Barón, catedrático Emérito de Fisiología Humana. ex-decano de la Facultad de Medicina de Málaga y presidente de Euvita. Álvaro Gándara del Castillo, jefe de la unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz. Manuel García del Río, profesor titular de Pediatría de la Universidad de Málaga y vicepresidente de Euvita. Y Manuel González Barón, director honorario de la cátedra de Oncología y Medicina Paliativa y jefe del servicio de Oncología Médica del hospital La Paz.

El escrito señala, entre otras cuestiones que “se ha venido promoviendo deliberadamente un falso debate social para justificar la ley de eutanasia”, mientras que “se olvida que aproximadamente 200.000 enfermos necesitan de cuidados paliativos al año y unos 80.000 fallecen por falta de unidades de cuidados paliativos”. Junto a esto, los profesionales se destaca que “lo que la sociedad demanda es que se dicten leyes que protejan la vida humana, especialmente las de las personas más vulnerables, en estados avanzados y de las personas con una discapacidad severa”.

Al mismo tiempo, el documento pone de manifiesto que la norma aprobada “nos afecta gravemente a todos, pues crea una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles”, lo que supone una valoración de ellos “fundamentalmente injusta”, puesto que deja a esas personas, “sin alternativas, puesto que los cuidados sociales o las ayudas a la dependencia no llegan a todos ni en tiempo ni en forma”.

Se opone a la práctica de la Medicina

Además, se destaca que la eutanasia se opone a la práctica de la Medicina. Porque la finalidad del médico es curar, y cuando no se puede, éste debe cuidar y aliviar. Algo que está recogido en los Códigos de Deontología Médica, tanto nacional como internacional. Por eso, la eutanasia no es un “Acto médico” propiamente dicho. En la ley, el médico “desempeña el papel de ejecutor en la eliminación de una persona y como consecuencia queda rota la relación de confianza tan necesaria entre el médico y el enfermo, así como con sus familiares”. Asimismo, se advierte que en los países que se ha despenalizado la eutanasia “la falta de control, a pesar de pretender garantizarlo, ha llevado a verdaderas eutanasias no solicitadas”.

Por otro lado, los firmantes del texto achacan a la ley una aprobación “recurriendo a un procedimiento parlamentario no adecuado”. Con ello hacen referencia a la crítica lanzada desde numerosos sectores sociales y políticos de que la norma ha sido tramitada como proposición de ley y no como proyecto, con lo que se ha evitado los informes, como el del Consejo de Estado, que es preceptivo en los trámites ordinarios.

Comité Bioética

Igualmente, recuerdan que durante la tramitación de la ley, no se ha solicitado valoración, ni al Comité Nacional de Bioética (que actuó de oficio y criticó severamente la ley), ni a las sociedades científicas sanitarias y a los colegios profesionales.

Los impulsores de la iniciativa cuestionan también la obligación de la inscripción previa en un registro de objetores de conciencia, con aquellos profesionales que se oponen a la aplicación de esta ley, cuando “lo lógico” hubiera sido realizarlos con aquellos profesional que están a favor de la eutanasia.

Por último aseguran que “la alternativa real” es promulgar una ley nacional de cuidados paliativos para “garantizar el acceso universal a estos cuidados como parte fundamental de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Pero, indican “en nuestro país no se ha querido promover los cuidados paliativos”. Como ejemplo señalan que en la UE hay dos unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes; en España la media es de 0,6.

 



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