Fernando Pablos, procurador del PSOE por Salamanca en las Cortes de Castilla y León, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario programado en la provincia, “con la complicidad del PP, está incumpliendo las condiciones del pliego por el que el Gobierno regional le adjudicó este servicio”.
Según el socialista, “además de ser cómplice del cierre del Centro de Coordinación”, el Partido Popular “tiene bloqueadas en las Cortes, desde hace más de tres años, iniciativas para dotar de UVI móvil a las comarcas de Vitigudino y Peñaranda y ampliar el horario de las ambulancias de emergencias de Alba de Tormes y La Fuente de San Esteban”.
En su exposición, Pablos ha afirmado que la empresa concesionaria, “de forma habitual, tiene menos ambulancias y un menor cupo de personal del que debería tener, y al que está obligada, para cubrir este servicio en la provincia”. Así, “de lunes a viernes cuenta con solo 50 personas trabajando, cuando debería haber 78”, mientras que el sábado sólo prestan servicio 31 de los 50 empleados obligatorios.
Pero los incumplimientos no acaban aquí, ha dicho el procurador del PSOE, porque “lo más grave es que parte de este personal se está utilizando para servicios privados pagados con dinero público”. Sin ir más lejos, ha señalado, este martes, 27 de febrero, “una de las ambulancias de transporte sanitario de la Sanidad pública, pagado con el dinero de la Junta de Castilla y León y, por tanto, de todos los ciudadanos, se dedicó a hacer de taxi para un médico perteneciente a una compañía privada, y a llevarle de un sitio para otro para cubrir las consultas que tenía programadas”.
El mismo día por la tarde, ha continuado Fernando Pablos, “tres ambulancias del servicio programado asignadas a la provincia de Salamanca hicieron las siguientes rutas: una fue a El Escorial (Madrid), prestando servicio a mutuas privadas, y dos de ellas fueron a Valladolid, también al servicio de empresas privadas”. “Con el dinero de todos los castellanos y leoneses se está haciendo negocio y no se están atendiendo las necesidades de nuestra provincia”, ha sostenido el líder de los socialistas salmantinos.
Para el procurador del PSOE, lo más grave es que esta situación ocurre “mientras cada día se producen denuncias de pacientes por las esperas injustificadas que sufren de forma habitual para su traslado en transporte sanitario desde el hospital hasta su lugar de residencia habitual, que en muchos de los casos supera las diez horas, algo inadmisible”.
Ante esta realidad, desde el PSOE de Salamanca se exige al consejero de Sanidad “que ponga fin a esta situación, porque es una auténtica estafa a los ciudadanos, con graves consecuencias y perjuicios para los usuarios de la Sanidad pública de Salamanca”.
Una “lamentable situación” del transporte sanitario “que si no está todavía peor es gracias al buen trabajo que realizan los profesionales contratados y las trabajadoras del Centro de Coordinación de Salamanca, que la empresa concesionaria quiere cerrar para trasladarlo a Valladolid”.
Ante esta amenaza, el PSOE insiste en su oposición “al cierre ilegal de este Centro de Coordinación del Transporte Sanitario Programado en Salamanca, que sin duda traería grandes perjuicios y una merma aún mayor de la calidad en la prestación de este servicio”. Por ello, ha concluido Pablos, “el PP y la empresa concesionaria tienen que saber que si persisten en la decisión del cierre van a tener a los socialistas enfrente; no lo vamos a consentir, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.
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