Ante una nueva sentencia en Palencia que reconoce el derecho de una enfermera laboral de Servicios Sociales a percibir la parte devengada de la paga extraordinaria de 2012, Satse Castilla y León exige a la Consejería de Hacienda de esta Comunidad que pague ya esa parte de la paga porque así le obliga la jurisprudencia emitida al respecto y ya que esta cuestión “va más allá de una negociación con los representantes de los empleados públicos”.
Una sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2 de Palencia reconoce a una enfermera, asistida por los servicios jurídicos de Satse, que trabaja en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y cuyo régimen es laboral, el derecho a percibir esa parte de la paga, en el que es el primer fallo de este tipo que afecta a una profesional de enfermería laboral en esta provincia.
El magistrado basa su sentencia en la jurisprudencia que se ha venido dictando en los últimos tiempos sobre distintas demandas de reclamación de esa parte de la paga, como las dictadas por diferentes Tribunales Superiores de Justicia, y señala en sus razonamientos jurídicos que esa jurisprudencia “mayoritaria” considera “que la supresión de la paga extraordinaria de diciembre no puede afectar a aquella parte ya devengada y que por lo tanto, forma parte del patrimonio del trabajador” y que sólo se halla pendiente de abono, “puesto que lo contrario significaría aplicar con carácter retroactivo una norma restrictiva de derechos individuales, algo prohibido por el artículo 9.3 de la Constitución Española”.
Ante esta última sentencia, Satse recuerda a la Consejería de Hacienda de Castilla y León que tiene que hacer ese pago efectivo ya porque así le obligan los tribunales y como han hecho ya otras administraciones públicas, como es el caso de la Diputación de Valladolid, que ya la ha abonado a sus empleados.
La jurisprudencia deja suficientemente claro que es una medida que no debía haberse aplicado, por lo que a juicio del Sindicato de Enfermería, no tiene sentido que la consejera de Hacienda de la Comunidad siga escudándose en la negociación con las organizaciones sindicales porque es una cuestión que ya trasciende de cualquier negociación: se trata de un derecho de los empleados públicos que debe ser respetado y no valen más demoras, que por otro lado, sólo harán que incrementar el gasto que va a suponer para la Administración autonómica ese pago en concepto de intereses de demora.
“Seguir insistiendo o dar entender que todo depende de la voluntad de negociación de los sindicatos, como parece hacer ver Pilar del Olmo, no es sino trasladar la responsabilidad y la obligación que la Junta de Castilla y León tiene de ejecutar lo que marcan los tribunales a otros actores de los que no depende, como son los sindicatos”, advierten. Este sindicato insiste en que es la Consejería de Hacienda la que tiene el balón en su tejado y debe ser responsable con las consecuencias de asumir una decisión como la que asumió en su día de eliminar esa paga extraordinaria y la parte devengada de la misma.
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