Desde la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) vienen denunciando desde hace años sistemáticamente la discriminación laboral y profesional que la Junta de Castilla y León ejerce entre los sanitarios asistenciales de Atención Primaria y Hospitalaria respecto a los preventivistas de Salud Pública.
En el primer caso, sus calendarios laborales son menguantes en función de las turnicidades, nocturnidades, festividades, tienen una formación permanente, su trabajo es retribuido hasta tres veces más en las “guardias”, les compensan las acumulaciones de los compañeros ausentes, tienen carrera profesional sanitaria, algo que no ocurre en el segundo caso, según denuncia el sindicato. Ahora “la gota que ha colmado el vaso” se produce cuando además su sistema de acceso a la Junta de Castilla y León también le están desarrollando de modo diferente, incumpliendo lo que marca la Ley 10/2010 de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León, que en su artículo 5.6 obliga a la Administración a que se utilice “con carácter general el sistema de concurso oposición, en términos similares al utilizado por Sacyl”.
Ante tal desatino, desde USCAL ha llevado a cabo el pasado jueves, 11 de noviembre, una concentración de los delegados a las puertas de la Consejería de la Presidencia, coincidiendo con el Consejo de Gobierno, para denunciar esta discriminación y la insensibilidad y falta de compromiso en los procesos de estabilización en el empleo que se están llevando a cabo a lo largo de este ejercicio. Además un grupo de sanitarios, fundamentalmente veterinarios y farmacéuticos, se encerraron en las Delegaciones Territoriales de Valladolid y Zamora.
Ahora les toca el turno a los sanitarios de León, Palencia y Salamanca que han comenzado un confinamiento indefinido en las respectivas Delegaciones Territoriales de dichas provincias. Y no serán las últimas.
Una vez más, USCAL traslada a la opinión pública que la Consejería de la Presidencia “se niega a detener la ejecución de las OPEs de 2017 y 2018″.
Usal asegura que debería aprovechar la legalidad vigente y detener los procesos selectivos hasta que el Congreso de los Diputados concluya la tramitación del proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta Ley establecerá medidas extraordinarias contra la situación absolutamente única de la temporalidad en todo el sector público de toda España: un 30% de media, mayor que en la empresa privada y la mayor de toda la Unión Europea.
Esta Ley, además, deberá trasponer la Directiva 70 del año 1999 (con más de veinte años de retraso), estableciendo mecanismos efectivos contra el abuso de la temporalidad en todo el sector público, y deberá considerar la situación absolutamente excepcional a día de hoy: 800.000 personas en toda España (35.000 en toda CyL), de las cuales, más de un 70% son mujeres de más de 50 años. Curiosamente, tanto el grupo Popular en el Congreso como el de Ciudadanos han presentado enmiendas al proyecto de Ley en este sentido y debemos exigir a la Junta que sean consecuentes, en Castilla y León, con lo que pretenden a nivel nacional.
Del mismo modo, “se niega a reconocer el carácter sanitario de veterinarios y farmacéuticos”. Los sanitarios no asistenciales, farmacéuticos y veterinarios, pidan que se permita acceder al empleo público como marca la Ley 10/2010 de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León, que en su artículo 5.6 obliga a la Administración a que se utilice “con carácter general el sistema de concurso oposición, en términos similares al utilizado por el Servicio de Salud de Castilla y León”.
USCAL apoya los encierros de sanitarios que se están llevando a cabo en toda Castilla y León, y asegura que se mantendrán hasta que el presidente de la Junta de Castilla y León de una solución justa a su situación de precariedad. Tras la concentración de delegados de USCAL y los encierros de sanitarios, continuarán con otras medidas disuasorias.
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