Tras seis meses de trabajo la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de la Dependencia ha finalizado su trabajo con la presentación de un informe que será remitido al Consejo Territorial para su discusión con un amplio consenso, según el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, al término de la reunión en la que participaron representantes de Cataluña, Asturias, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Canarias.
El informe final de conclusiones ha tenido muy en cuenta las propuestas de Castilla y León y, así, recoge la necesidad de actualizar la Ley de Dependencia para incrementar la financiación del Estado; tener en cuenta las características de los territorios y el coste de servicios y prestaciones en la financiación; priorizar los servicios respecto a las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas, además de revisar los modelos estadísticos para adaptarlos a las necesidades actuales de información.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha señalado que la Comisión ha culminado sus trabajos y, tras diez reuniones desde marzo hasta hoy, ha presentado su informe, que será discutido ante el Consejo Territorial el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y remitido al grupo de trabajo sobre financiación autonómica. En este sentido, García ha destacado que en el informe se han tenido en cuenta las aportaciones de Castilla y León y ha valorado el consenso alcanzado entre comunidades autónomas y Gobierno. No obstante, y a pesar de que existe un amplio consenso entre los miembros de la Comisión en la práctica totalidad del informe, García ha recordado que se ha abierto un plazo de unos días para que se puedan hacer todavía algunas aportaciones a las conclusiones, ya que algunas comunidades autónomas lo solicitaron.
La consejera se ha referido a que Castilla y León ha defendido, y así lo recoge el informe elaborado, la necesidad de abordar cuanto antes una propuesta para mejorar la Ley de Dependencia de 2006, revisar los mecanismos de financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Alcanzar el ‘nivel mínimo’
García ha valorado el cambio sustancial en la posición del Gobierno, reconociendo la necesidad de mejorar la financiación por su parte, hasta recuperar, en los próximos tres años, las cuantías del nivel mínimo pérdidas con motivo de la crisis. Este nivel mínimo es la cantidad que reciben las comunidades autónomas del Estado por cada persona que recibe prestaciones y en función del nivel de dependencia de esas personas.
Castilla y León ha defendido la necesidad de que el Gobierno incremente su financiación y, aunque su compromiso está todavía lejos de llegar al 50%, este incremento propuesto permitiría a la región en el año 2020 recuperar lo perdido, ya que en la actualidad deja de recibir al año unos 15 millones de euros. En el año 2016 la Junta de Castilla y León destinó a la atención a las personas dependientes 534,4 millones de euros, de los que 104,7 millones de euros, un 20% del total, provenían del Estado.
Alicia García se ha referido a que también ha sido recogida en el Informe la propuesta de Castilla y León de que el sistema de financiación tenga en cuenta para su financiación el coste de los servicios y las prestaciones y que, para el cálculo de los costes, se tengan en cuenta aspectos como las características de los territorios o la dispersión geográfica.
Otros de los aspectos defendidos por Castilla y León, y recogidos en el informe, son la necesidad de priorizar los servicios respecto a las prestaciones económicas, siempre respetando la voluntad de las personas en situación de dependencia, tal como se hace en Castilla y León, y la importancia de profundizar a través de estudios en el impacto que la Ley de Dependencia puede tener en el empleo, especialmente en el empleo femenino.
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