La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha participado este martes en Madrid en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que se ha a probado la distribución de los 100 millones de euros anuales de presupuesto comprometidos para las comunidades autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
De ellos, 7,5 millones se destinarán a Castilla y León, “un presupuesto importante, pero que llega tarde, a las alturas de año en las que estamos, ya que la Junta ya ha puesto en marcha muchas de las medidas contempladas en el Pacto con presupuesto propio y gracias a la colaboración con otras entidades e instituciones”, como como Fiscalía, Justicia, Sanidad, Educación, medios de comunicación, entidades locales, colegios profesionales o entidades del tercer sector. Así se ha manifestado en nota de prensa desde el departamento que dirige Alicia García, quien ha destacado que el Pacto de Estado “fue impulsado por el anterior Gobierno de España gracias a su capacidad de negociación y de consenso”.
Junto a esto, la consejera ha recordado que Castilla y León “fue una Comunidad muy activa en la gestación del Pacto, ya que aportó 23 medidas que fueron incorporadas”, al tiempo que ha considerado importante que el presupuesto contemplado en el acuerdo se haya distribuido atendiendo a los criterios propuestos por la región en relación con la dispersión geográfica y poblacional, el entorno rural o el envejecimiento de la población.
Nuevas medidas puestas en marcha por la Junta
Las nuevas actuaciones impulsadas desde el Gobierno autonómico han sido: ayudas a huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género con 5.000 euros anuales hasta que cumplan los 18 años y exención de tasas universitarias hasta los 26 años; el servicio de defensa jurídica gratuita y atención psicológica a víctimas de agresiones sexuales; el servicio de atención psicológica inmediata a víctimas en sede judicial o policial; la campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales en convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para llegar a todos los municipios de la Comunidad; la creación de recursos habitacionales para víctimas de trata, de violencia de género con problemas graves de salud mental y víctimas de violencia de género con problemas de drogodependencia; el desarrollo de una normativa que regule el funcionamiento de los centros y casas de acogida para lograr mayor homogeneidad y eficacia en el ámbito de Castilla y León; convenios con todas las universidades de la regon para detectar la violencia de género entre los estudiantes y promover medidas de igualdad y protocolos de actuación contra la violencia de género en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo.
García ha pedido al Gobierno que agilice al máximo todos los trámites para que las CCAA puedan disponer cuanto antes del presupuesto asignado, y ha asegurado que la Junta de Castilla y León hará todos los esfuerzos por aprovechar la cuantía percibida “para reforzar las medidas contempladas en el modelo de atención integral Objetivo Violencia Cero, que están completamente alineadas con las del Pacto de Estado”.
Por un lado, la Administración autonómica trasladará parte de su presupuesto a las corporaciones locales para reforzar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores y personas dependientes allí donde sea necesario. En Castilla y León, se recuerda desde Familia e Igualdad de Oportunidades, el modelo de atención es personalizado en función de las necesidades de cada víctima a través de los coordinadores de caso y de una estructura de centros de acción social.
En este sentido, la consejera ha manifestado que se destinará parte de la financiación procedente del Pacto de Estado a las corporaciones locales para reforzar esta atención, ya que en la reunión de la Conferencia Sectorial también se ha abordado la distribución de fondos que el Estado destina a las corporaciones locales, y a las de Castilla y León les han correspondido 1,1 millones de euros, una cantidad “un tanto escasa, si se tiene en cuenta la cantidad de municipios que hay en la Comunidad y su dispersión”.
Una de las líneas de actuación será la de prestar especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género con especial vulnerabilidad, como las mujeres con problemas de drogodependencia, inmigrantes, de etnia gitana o con discapacidad. Junto a esto, se reforzará la formación a todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género: Justicia, Fiscalía, psicólogos, coordinadores de caso, abogados o entidades del tercer sector.
Está previsto también prestar especial atención al ámbito educativo, a los jóvenes y a las familias en la prevención de la violencia de género, con actuaciones que les inculquen principios de igualdad, de respeto y de rechazo a todo tipo de violencia. De igual modo, se potenciarán las campañas de sensibilización contra la violencia de género, buscando el consenso y la colaboración de otras entidades y, en especial, los medios de comunicación, para lograr su máxima difusión y efectividad.
Además, se reforzarán las actuaciones específicas en prevención y atención a las niñas y mujeres víctimas de agresiones sexuales y víctimas de trata, que en Castilla y León están consideradas como víctimas de violencia de género.
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