El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución –que hace referencia a las políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad–, que permitirá incorporar “demandas históricas” realizadas por organizaciones como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Desde ambas entidades se ha acogido con satisfacción esta decisión, que supone que el proyecto pasará a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Los representantes del CERMI consideran que este es “un día histórico” y “trascendental” para las personas con discapacidad y sus familias, “y también para todo el ámbito de lo social, ya que, en sus más de cuatro décadas de vigencia, es la primera reforma de la Constitución Española de 1978 que tiene clara y netamente un contenido social”.
El objetivo es reformular completamente el artículo 49, que había quedado “desalineado y anticuado”, dada la evolución que ha experimentado la concepción y el enfoque de la discapacidad como “una cuestión de derechos humanos”. Así, actualizará la terminología empleada, “desterrando la palabra disminuidos, que es hiriente y no encaja con el modelo social de la discapacidad”.
Sin embargo, para el CERMI, esta revisión “va mucho más allá”, puesto que establece “un nuevo artículo, mucho más amplio e integral, que cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo, además de prohibir expresamente cualquier tipo de discriminación“.
En este sentido, desde la organización se solicita el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, puesto que el proyecto “ha sido construido desde la consulta, el diálogo y el consenso previos, tanto en sede parlamentaria como con el sector social que representa a las personas con discapacidad y sus familias”. Por ello, se espera “un respaldo constructivo y, en su caso, mejoras que lo perfeccionen y amplíen”
Según el presidente del Comité, Luis Cayo Pérez Bueno, esta revisión “situará a España en el rango constitucional como uno de los países con la legislación fundamental más avanzada en materia de personas con discapacidad”. Por ello, cree que puede ser “precursora de futuras reformas de carácter social de más amplio calado, como la constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales”.
También se aplaude el visto bueno del Consejo de Ministros desde Cocemfe, que valora la incorporación de demandas de largo recorrido, como “el enfoque de derechos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo”.
Aparte de sustituir el concepto de “disminuidos” por “persona con discapacidad”, la propuesta “modifica por completo el articulado para superar el enfoque asistencialista y pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos de las personas con discapacidad”. Concretamente, se reconoce que son titulares de derechos, sin que pueda producirse discriminación de ningún tipo, y obliga a los poderes públicos a garantizar su plena autonomía e inclusión social, respetando sus preferencias y libertad de elección.
De igual modo, recoge la perspectiva de género, estableciendo que los poderes públicos deben atender la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, por ser víctimas de discriminación interseccional, y estipula que todas las políticas que se lleven a cabo se elaborarán contando con las organizaciones representativas.
“Incorporar esta perspectiva en la norma más importante de nuestro país y alinearla con el tratado internacional más relevante para este grupo social, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, supone un paso firme y decidido hacia el reconocimiento y ejercicio real de todos nuestros derechos“, afirma Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe.
Por ello, remarca que la revisión “no solo implica garantizar nuestra dignidad, sino que aborda la discapacidad en su dimensión social, superando el paternalismo y la concepción médico-rehabilitadora para poner el énfasis sobre los derechos y deberes de los que somos titulares las personas con discapacidad, en condiciones de libertad e igualdad”.
En este momento, el artículo 49 de la Constitución Española, que forma parte del capítulo tercero (sobre los principios rectores de la politica social y económica) está redactado así:
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
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