El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado un incremento sustancial de las ayudas, subvenciones y bonificaciones que reciben los trabajadores con discapacidad que deciden establecerse como autónomos y desarrollar su propio proyecto empresarial.
Para la organización, actualmente los trabajadores autónomos con discapacidad cuentan con un marco de incentivos “débil y disperso, por lo que desde las administraciones públicas no se está estimulando eficazmente el espíritu emprendedor entre las personas con discapacidad”.
En este sentido, considera que las bonificaciones de Seguridad Social “son especialmente exiguas”, de modo que la plataforma reclama “una ampliación de las reducciones reconocidas a los autónomos con discapacidad”, en especial, “que se conviertan en indefinidas y que se apliquen a los casos de autónomos con discapacidad sobrevenida, ahora excluidos”.
El CERMI demanda “una revisión de todo el marco de incentivos, ayudas y bonificaciones sociales que reciben estos trabajadores, que deberían equipararse, como mínimo, a los que tienen reconocidos las empresas privadas por la contratación indefinida de personas con discapacidad”.
Asimismo, el Comité solicita “que se instrumenten convenios con las entidades oficiales de crédito para que éstas establezcan programas de ayudas a fondo perdido, microcréditos y créditos preferenciales para los trabajadores con discapacidad que creen su propio negocio”.
Convención internacional
Por otro lado, la entidad ha instado estos días a las comunidades autónomas (CCAA) “a no hacer dejación de sus responsabilidades y a aplicar en sus territorios la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues les obliga en los mismos términos que al Gobierno central”.
En las conclusiones del informe Derechos Humanos y discapacidad en España 2014, el CERMI ha comprobado que, siete años después de su entrada en vigor en España, las CCAA “apenas han adoptado medidas para adecuar su legislación y sus políticas al nuevo y exigente marco de derechos del tratado internacional.
Según la plataforma, la Convención de la ONU “no es algo que ocurre ahí fuera, en la escena internacional, o en la esfera estatal, y que se mira como mero espectador, que parece ser la actitud de gran parte de las comunidades autónomas, sino que es cosa propia, que vincula a todos los poderes públicos, nacionales y territoriales”.
Por ello, precisa, las CCAA están “interpeladas y urgidas en primera persona” por la Convención, y son igual de responsables que el Ejecutivo nacional.
En este sentido, recalca que han de responder “legislativa y políticamente a ese desafío, impulsando con decisión y de la mano del movimiento asociativo de la discapacidad una revisión profunda de su marco normativo y de su acción pública para adaptarla con celeridad al tratado de derechos humanos de la discapacidad”.
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