Servicios Sociales Por S. A. D. Viernes, 20 Diciembre 2019 13:50
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El Gobierno modifica los planes de Protección Civil para mejorar la atención a personas con discapacidad ante emergencias

El Real Decreto sienta las bases para suprimir, entre otras, las barreras comunicativas de las personas sordas cuando reclaman un servicio al 112

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Las personas sordas tienen dificultades añadidas antes una emergencia. Las personas sordas tienen dificultades añadidas antes una emergencia. ARCHIVO

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio del Interior, un Real Decreto para mejorar la atención a personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.

El objetivo es que ante cualquier amenaza de catástrofe natural o emergencia industrial o tecnológica, se garantice que las personas con discapacidad reciban la información de forma que les resulte comprensible y puedan adoptar así las medidas oportunas para garantizar su propia seguridad y la salvaguarda de sus bienes.

El Real Decreto sienta las bases para suprimir, entre otras, las barreras comunicativas a las que se enfrentan las personas sordas usuarias de la lengua de signos cuando reclaman un servicio de emergencia a través del teléfono 112.

Las modificaciones se deberán introducir en los planes autonómicos y locales. Para establecer los mecanismos concretos, se deberán determinar protocolos de actuación específicos en las distintas fases de las emergencias.

El establecimiento de protocolos entre las administraciones y la adopción de un sistema comunicativo visual en tiempo real, permitirá que las personas sordas, vulnerables hasta ahora, sean atendidas con eficacia y eficiencia lo más pronto posible en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

El objetivo es garantizar que las personas con discapacidad conozcan qué medidas deben adoptar como acción preventiva ante una emergencia. También les permitirá facilitar, como al resto de la población, la rápida actuación de los servicios de intervención, y, finalmente, podrán colaborar en restablecer la normalidad después de cualquier emergencia.

Para que las modificaciones sean efectivas, los distintos servicios de intervención en emergencias recibirán formación específica.

La mejora responde a la demanda de las asociaciones representativas de las personas con discapacidad y contribuye al cumplimiento de los derechos enunciados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y respecto a los riesgos establecidos en las diferentes Directrices Básicas de Protección Civil.

El Real Decreto cuenta con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y de la Federación de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), que han participado en la redacción del texto. Está prevista su participación en el desarrollo de la norma.

Reparto entre CCAA para sistemas de información

El Consejo de Ministros ha acordado también este viernes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la distribución de 2.006.950€ entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para la mejora de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud (SNS). De esta manera el Gobierno apoya a las CCAA en la extracción de datos sobre los problemas de salud atendidos en Atención Primaria, los ingresos hospitalarios, las urgencias, etc. con el objetivo de evaluar y mejorar la asistencia sanitaria prestada a la población.

En concreto los fondos aprobados se utilizarán para proseguir con el desarrollo de la Base de datos clínicos de Atención Primaria del SNS (BDCAP-SNS) de la que ya se obtiene, de forma anual, información de los registros clínicos de cerca de cinco millones de personas. Así, tanto el Ministerio como cada comunidad autónoma, tendrá un mayor conocimiento de la actividad asistencial prestada y unos datos comparables entre Servicios de Salud y podrán tomar mejores decisiones de cara a la atención de los pacientes.

De la misma manera con los fondos destinados al Registro de actividad de Atención Especializada (RAE-CMBD) y a la implantación de la Clasificación de enfermedades y procedimientos CIE 10 ES se persigue mejorar la información que se recoge sobre el funcionamiento de los hospitales (casos atendidos, procedimientos clínicos aplicados, estancias medias por proceso asistencial, ingresos evitables o costes de la atención), tanto en los hospitales públicos como privados, con el fin de planificar mejor los recursos y prestar una mejor atención a los pacientes.

Los criterios de distribución entre las distintas CCAA son los aprobados el pasado 4 de diciembre en el seno del Consejo Interterritorial del SNS: el 50% de manera lineal aplicando un importe mínimo a cada comunidad autónoma y al INGESA y el otro 50% teniendo en cuenta criterios poblacionales.

 



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