La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha presidido hoy el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia monográfico sobre el programa de interés general con cargo a la asignación del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En la reunión, a la que han asistido los consejeros de Servicios Sociales, el Ministerio y las Comunidades Autónomas han acordado establecer un tramo estatal del 20% y un tramo autonómico del 80%. La ministra ha expresado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, su satisfacción con la reunión mantenida y ha agradecido a los consejeros “su voluntad de acuerdo y su lealtad institucional”, al haber apoyado la propuesta del Ministerio.
Dolors Montserrat ha insistido en que el nuevo modelo de gestión mixta “garantiza que el programa del 0,7% siga llegando a 7,3 millones de personas, las que más lo necesitan”.
Para determinar la proporción de fondos que corresponden al tramo estatal se ha tenido en cuenta cuáles son las competencias que el Estado puede ejercer en el ámbito de estos programas y la distribución de los programas en la última convocatoria del programa. El modelo de gestión mixta fue acordado por unanimidad entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia del 26 de abril.
Con este nuevo modelo, el Gobierno da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero de 2017, que obligaba al Estado a redefinir el marco regulador de estas subvenciones, después de la Generalitat de Cataluña haya recurrido sistemáticamente la convocatoria desde 1990.
En la convocatoria de ayudas para 2017, se repartirán 240,8 millones de euros, es decir, 6 millones más que en 2016. De los 240,8 millones, 48,2 millones corresponden al tramo estatal y 192, 6 millones al tramo autonómico. Estos fondos tendrán una aplicación finalista.
El Ministerio y las Comunidades Autónomas han acordado que reparto de los fondos para este año 2017 se mantenga el porcentaje que recibió cada comunidad autónoma en 2016, de manera que se garantice que reciban, como mínimo, la misma cantidad que el año pasado.
Más de 50 reuniones con las CCAA y el Tercer Sector
La ministra ha asegurado que el Gobierno garantizará que estos fondos tengan una aplicación finalista y que el Ministerio recibirá por parte de las Comunidades Autónomas la justificación de los mismo, al tiempo que continuará “dialogando y cooperando con el Tercer Sector”. De hecho, la ministra ha señalado que para diseñar este nuevo modelo el Ministerio ha mantenido más de 50 reuniones con las entidades y con las autonomías.
Según ha explicado Dolors Montserrat, el principal objetivo de esta reforma es cumplir la ley al tiempo que se garantiza que las ayudas sigan llegando cada año de forma directa a las personas que más lo necesitan, los más de 7 millones de beneficiarios.
“España dispone de una red de entidades del Tercer Sector de la hemos de sentirnos muy orgullosos. A través de estas entidades estas ayudas llegarán a quienes más lo necesitan”, ha concluido la ministra, que ha aprovechado su comparecencia para recordar a los ciudadanos la importancia de marcar la X Solidaria en la declaración de la renta y para agradecer a los ciudadanos la solidaridad que demuestran con este programa social, uno de los más importantes de nuestro país.
Castilla y León gestionará, por primera vez, 20,1 millones de euros
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha señalado que, finalmente, las decisiones alcanzadas en el Consejo Territorial cumplen los objetivos defendidos en las negociaciones por Castilla y León, objetivos que fueron acordados el pasado mes de mayo por la Junta y las entidades del Tercer Sector en la Comunidad para garantizar y defender en 2017 el mantenimiento de la financiación del IRPF a las entidades sociales de la Comunidad y a los programas que desarrollan en la atención a las personas más vulnerables.
De esta forma, y tras los acuerdos del Consejo Territorial, Castilla y León gestionará, por primera vez, 20,1 millones de euros procedentes de la asignación tributaria del IRPF, que se destinan a actividades de interés social gestionadas por entidades del Tercer Sector.
La consejera ha asegurado que estos proyectos son un importante complemento a los casi 900 millones de euros que dedica la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la financiación de las políticas sociales en Castilla y León.
Al mismo tiempo, se reclama que la financiación que reciba Castilla y León para el año 2018 para esta finalidad deberá ser, al menos, igual a la que han recibido las entidades del Tercer Sector de Castilla y León en 2017, 20 millones de euros, para garantizar la continuidad de los programas, respetando los objetivos, finalidades y sectores que venían siendo financiados, sin perjuicio de la parte de la asignación tributaria que se gestione directamente el Estado en base a sus competencias propias.
Las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del I.R.P.F. constituyen una vía esencial de sostenimiento de las ayudas públicas para programas de interés general. Esta financiación es muy importante para las entidades del Tercer Sector en Castilla y León ya que, durante 2016, ha financiado 353 proyectos de 118 entidades, entre otras finalidades para distintos programas de infancia y familia; jóvenes; mujeres; personas mayores; personas con discapacidad; situaciones de dependencia; problemas de drogodependencia; pueblo gitano; migrantes; personas afectadas por el VIH/SIDA; LGTB; personas reclusas y ex reclusas; personas sin hogar; personas en situación o en riesgo de exclusión social; personas desfavorecidas del medio rural, así como la promoción del voluntariado y de la participación social.
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