Tras los cambios derivados de una sentencia del Tribunal Constitucional, ha sido necesario diseñar en Castilla y León un nuevo modelo de gestión de las subvenciones a las entidades del Tercer Sector que se distribuyen con cargo al IRPF, que estará basado en la concurrencia competitiva, frente a las ayudas directa del anterior sistema.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García; el presidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI), Francisco Sardón; el presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad, José Varela; la coordinadora de Cáritas Castilla y León, María Jesús Díez, y el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla y León (EAPN), Daniel Duque, han presentado este miércoles las líneas generales del nuevo modelo para la actividades de interés social con cargo al IRPF.
García ha subrayado que se trata de un nuevo sistema de gestión que, desde el diálogo y la participación, “va a seguir aportando estabilidad y certidumbre a las entidades del Tercer Sector de Castilla y León, garantizando a las personas la continuidad de los apoyos y ayudas que reciben de estas entidades; avanzando en el aspecto social en favor del empleo de las personas más desfavorecidas, por la igualdad, por la innovación y por el medio rural y permitiendo mantener y mejorar los programas de atención a las personas más vulnerables de Castilla y León de estas entidades y los empleos que estos programas generan”.
Estas instituciones sociales han mostrado su satisfacción por los buenos resultados de la gestión de la Comunidad de la experiencia transitoria, en 2017, con los fondos de la recaudación del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, que permitió que 156 entidades desarrollaran 407 proyectos.
Desde entonces, la Junta ha continuado trabajando en coordinación con el Tercer Sector en la región para potenciar, a través de una postura común, las líneas generales de este nuevo modelo de gestión que es preciso poner en marcha tras esa etapa transitoria y los cambios derivados de una sentencia del Tribunal Constitucional que obligó a acordar entre el Gobierno y las comunidades autónomas un nuevo marco regulador de estas ayudas que respetase la competencia exclusiva que ostentan las CCAA en materia de Servicios Sociales, por lo que se estableció un modelo de gestión mixto con un tramo autonómico y otro estatal.
Un modelo más participativo
Las subvenciones pasarán a concederse en concurrencia competitiva. Además, los programas financiados podrán ser compatibles con otros proyectos subvencionados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, lo que posibilita a las entidades distintas fuentes de financiación para el conjunto de los programas sociales que desarrollan.
Se establecen unos requisitos para acceder a estas subvenciones: que sean de interés general para atender fines sociales, dirigidos a personas en situación de pobreza y exclusión o situación de especial vulnerabilidad; que tengan presente la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y de las personas con discapacidad, así como la innovación social, además de potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La cuantía que se destine a Castilla y León se distribuirá por ámbitos de actuación con una proporción semejante a la concedida en 2017. También se mantendrán criterios de valoración similares a los que existían a nivel estatal para facilitar la gestión y continuidad de los programas de atención a personas vulnerables de las entidades.
De especial consideración en este nuevo modelo resulta la incorporación de cláusulas sociales en materia de igualdad en la evaluación de los programas que se van a subvencionar. Así, se valorará la existencia de planes de igualdad en las entidades, que cuenten con trabajadores y trabajadoras en riesgo de exclusión social o beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía e incorporen a sus plantillas a mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, teniendo en cuenta también el voluntariado y la participación social.
Además, se estimará que los programas se desarrollen en el ámbito rural; que tengan carácter innovador, que faciliten la continuidad de los financiados en años anteriores y mantengan la coherencia con el modelo de servicios sociales de Castilla y León.
El Bocyl publica hoy las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. El siguiente paso será la convocatoria, una vez que el Consejo Territorial de Servicios Sociales reparta los fondos y determine la cuantía que corresponde a Castilla y León.
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