Ocho de cada diez personas sordas inmigrantes que viven en España, se han sentido discriminadas por su discapacidad y por su condición social, situación que se da con mayor frecuencia en el ámbito el laboral, administrativo y en la atención sanitaria. Así lo han afirmado a través de las entrevistas que incluye el primer estudio sobre la realidad de las personas sordas inmigrantes en España.
Elaborado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), ha sido presentado esta mañana por la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Además de Rumí, el acto ha contado con la participación de la directora general de Accem, Julia Fernández, y con la presidenta de la CNSE, Concha Díaz.
En el estudio se subraya que la lentitud de los trámites burocráticos y la falta de información hacen complicado lograr regular los papeles que faciliten el ejercicio de la ciudadanía a las personas sordas inmigrantes, y ponen de relieve la necesidad de que la población sorda inmigrante cuente con los apoyos necesarios para acceder a servicios, recursos y trámites sin barreras de ningún tipo. Además, refleja que la tasa de desempleo en las personas sordas inmigrantes es muy elevada, ya que la falta de accesibilidad del entorno agrava cuestiones como su necesidad de mejorar su nivel de formación y su situación administrativa.
La investigación hace hincapié en la situación de vulnerabilidad de las mujeres sordas inmigrantes y en su dificultad para lograr su plena inclusión en la sociedad, ya que las condiciones culturales o de cuidado familiar les impiden participar en actividades formativas.
Doble discriminación
Rumí ha hecho alusión a la doble discriminación a la que se enfrentan las personas sordas migrantes y ha declarado que “una de las tareas de la Secretaría de Estado es velar por la inclusión e integración de quienes llegan a nuestro país en diferentes circunstancias”. “Todas las personas inmigrantes se enfrentan a numerosos obstáculos y cuando se trata de personas sordas, nos encontramos con una doble vulnerabilidad”, ha añadido.
Además, ha hecho hincapié en la “importancia de llevar a cabo este tipo de investigaciones y conocer la realidad de las personas sordas inmigrantes, adaptando los recursos existentes para garantizarles una plena accesibilidad”.
En este sentido, Concha Díaz ha asegurado que “los derechos y libertades, para serlos en su máxima expresión, no deberían discriminar a unas personas frente a otras” y ha reivindicado “un entorno accesible, inclusivo y saludable para todas las personas sordas en el que ser persona sorda y utilizar la lengua de signos española y catalana no sean motivos de exclusión”.
“Contamos con una red de servicios de atención a las personas sordas inmigrantes que se presan desde nuestras federaciones y asociaciones para garantizarles una atención global y congruente” y “hemos puesto en marcha iniciativas que contribuyen a garantizar una atención global de este colectivo, con el objetivo de garantizar su igualdad de derechos y oportunidades”, ha recalcado.
Lengua de signos
Ejemplo de ello son numerosas iniciativas tanto de sensibilización como de formación, la publicación de una página web y un app completamente accesibles en lengua de signos española y signos internacionales, en la que se explican los requisitos y trámites a realizar para obtener la nacionalidad española, incluyendo la preparación de las pruebas que se requieren para su consecución, en la que contamos con la inestimable colaboración del Instituto Cervantes”, ha subrayado. Al respecto, ha demandado que “se exima a las personas sordas inmigrantes de las pruebas de expresión y comprensión oral, y que se garantice la presencia de intérpretes de lengua de signos o de cualquier otro apoyo que precisen durante la fase de instrucciones de la prueba”.
Por último, Díaz ha afirmado que “es vital propiciar una estrecha colaboración entre la red asociativa de la CNSE, las entidades que atienden a personas inmigrantes, y las administraciones públicas”, y ha aludido entre otras, a situaciones tan graves como las que en las entrevistas han relatado varias mujeres sordas víctimas de violencia de género “que han huido de sus países de origen por falta de mecanismos de protección”.
Por su parte, la directora general de Accem, Julia Fernández, ha señalado que “desde ACCEM reiteramos la importancia de seguir incidiendo en la igualdad de trato como elemento fundamental para fomentar una ciudadanía participativa y activa” y que “es necesario velar por la accesibilidad y por mejorar el acompañamiento a estas personas ya que en el caso de las personas sordas inmigrantes, se acrecientan las barreras por su discapacidad’
El estudio
El objetivo de esta investigación ha sido profundizar en el conocimiento de la situación social de las personas sordas inmigrantes en España y de sus necesidades y dificultades de inclusión, con el fin de proporcionar evidencias sobre las que fundamentar futuros programas de ayuda, atención, fomento del empleo y eliminación de barreras.
En el estudio, financiado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, han participado 63 personas sordas inmigrantes de once comunidades autónomas, y 23 profesionales de la red asociativa de la CNSE. Asimismo, para su realización se ha contado con el apoyo de Intersocial (consultoría especializada en investigación social) , así como de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), la Federación de Personas Sordas de Castilla La Mancha (FESORMANCHA), la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas (Euskal Gorrak), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN), la Asociación de Personas Sordas de La Rioja (ASR), la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL), la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD CV), la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU), y la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FESORCAM).
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