Trabajadores del sector de la ayuda a domicilio se han concentrado en la mayoría de las provincias de Castilla y León con motivo de la primera jornada de huelga para exigir la mejora de sus condiciones laborales durante la negociación del convenio, cuya vigenia terminó hace más de un año y medio.
Con pancartas y frases dirigidas a la patronal y las administraciones públicas, los empleados, la mayoría mujeres, han clamado contra la precariedad laboral que sufren en sus puestos de trabajo y la constante privatización del sector que lleva sin convenio regulador desde diciembre de 2016.
Así, la secretaria general de la Federación de Empleados Públicos de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Castilla y León, Carmen Ámez, ha criticado que hasta el momento las empresas hayan boicoteado todos los intentos de negociación y se haya perdido el “respeto a la dignidad de estas trabajadoras” que trabajan con “seres humanos” que necesitan mejorar su calidad de vida con ayuda de terceros.
De la misma forma, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado a la responsabilidad política, ya que se “subvenciona” a las empresas privadas sin preocuparse de hacer un seguimiento y ha pedido “acabar con la voracidad” de las mismas, ya que “sólo ven dinero” y bajan los pliegos “hasta el máximo” para luego no llegar a cubrir los servicios que demanda el usuario ni las necesidades de un trabajador habitual.
Abuso de los servicios mínimos
En este contexto, la secretaria general de Comisiones Construcción y Servicios en Castilla y León, Lourdes Herreros García, ha criticado los servicios mínimos impuestos, en ningún caso para “grandes dependientes”, ya que se han puesto hasta para “aseo de domicilio”, algo que a su juicio es “increíble” y ha pedido una mejora de sus condiciones laborales.
Además, ha incidido en la parcialidad de los empleos del sector, que son el mayor porcentaje, más en el ámbito de las diputaciones, donde es “prácticamente imposible” llegar a jornada completa, con promedios de jornada que en el ámbito rural son del 50% y en el caso de los ayuntamientos algo superior, del 65.
Apoyo de Podemos
La formación liderada por Pablo Fernández ha mostrado su apoyo al colectivo de trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, quienes han convocado concentraciones en numerosos municipios de la Comunidad reclamando mejoras en sus condiciones laborales.
Como secretario autonómico de Podemos, Fernández se ha desplazado hasta León para acompañar a los empleados en su movilización y trasladar su respaldo a la plantilla, inmersa en “la precariedad”. Así mismo, ha calificado el servicio de ayuda a domicilio de “esencial” e “imprescindible”, sobre todo para una Comunidad que presenta las características poblacionales de Castilla y León.
De esta manera, ha defendido la necesidad de dotar al colectivo de un convenio laboral “digno” que garantice un salario “que les permita llegar a fin de mes” y que les liberalice de la precariedad “en la que están instalados”. “Estamos con su lucha y con sus reivindicaciones”, ha afirmado Pablo Fernández, manifestando su deseo de que se alcance consenso y éste se refleje en el solicitadoconvenio.
Por otra parte, ha asegurado que el servicio de ayuda a domicilio debería ser administrado desde lo público y que, por el contrario, la Junta ha permitido “una vorágine” de privatización, lo que conlleva que sean empresas privadas “las que se estén lucrando” y cada vez incrementen más sus beneficios “a costa de precarizar y pauperizar a los trabajadores y trabajadoras”.
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