El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno al decreto que desarrolla la regulación de los servicios de farmacia y de los depósitos de medicamentos en los centros residenciales y sociosanitarios de mayores. Según asegura el Gobierno autonómico en una nota de prensa, “el desarrollo de este modelo mejorará la atención farmacéutica que reciben más de 33.000 personas” atendidas en estos recursos.
En el documento se establece, “en aplicación de la legislación estatal”, la obligación de disponer de un servicio de farmacia para los centros de más de 100 camas, aunque contempla la posibilidad de eximirse de esta obligación siempre que dispongan de un depósito de medicamentos vinculado al Servicio de Farmacia del hospital público de referencia en la zona. La vinculación se materializará a petición del centro correspondiente mediante la firma de un convenio con la Gerencia Regional de Salud.
Asimismo, para los centros de menos de 100 camas se fija la obligación de tener un depósito de medicamentos vinculado a una oficina de farmacia ubicada dentro de la zona farmacéutica donde radique el centro.
El decreto incorpora, además, una serie de garantías y medidas de control y gestión orientadas a mejorar la atención farmacéutica a las personas usuarias de los centros y prestadas por los profesionales farmacéuticos. Así, la prestación farmacéutica en los centros de mayores dimensiones –más de 100 plazas- se realizará por los servicios de Farmacia hospitalaria de Sacyl cuando se solicite esa vinculación.
En segundo lugar, en los centros de menos de 100 plazas será la oficina de farmacia quien ejecute la prestación farmacéutica en los términos del concierto entre la Gerencia Regional de Salud y el Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León, suscrito el 20 de diciembre de 2002.
Acceso en condiciones de igualdad
Con este sistema de gestión, “se garantiza el acceso de todos en condiciones de igualdad a la prestación farmacéutica, con independencia de la unidad responsable de la atención farmacéutica y del carácter del centro público, privado o concertado”, según destaca la Junta.
Este nuevo modelo de atención supone implementar el Proyecto Dioscórides para evaluar la eficiencia la elaboración de sistemas personalizados de dosificación en pacientes crónicos polimedicados –con un ahorro de 15,2 euros por usuario y mes-; también desarrollar el programa nacional CONSIGUE, prestando el servicio de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes mayores, crónicos y polimedicados; el programa ADHIÉRETE, que potencia la intervención del farmacéutico comunitario en el problema de la falta de adherencia, o el proyecto CONCILIA, en el que el farmacéutico interviene en la conciliación de los tratamientos prescritos al mismo paciente en diferentes niveles asistenciales.
Reducirá el número de farmacias de viabilidad comprometida
Como se señala desde el Ejecutivo atonómico, esta normativa “mejorará la atención farmacéutica a las personas residentes, un concepto más amplio que el mero suministro de medicamentos, pues se acompaña de funciones detalladas de los profesionales farmacéuticos”.
Además, la implantación de este nuevo modelo supone un apoyo para las oficinas de farmacia del medio rural, porque cuando finalice el proceso y se produzca la vinculación de todas las residencias de menos de 100 camas a una oficina de farmacia de la misma zona, “se reducirá en 53 el número de farmacias en situación de viabilidad económica comprometida (VEC) que actualmente son solicitantes del índice corrector, es decir, de la ayuda de la Junta de Castilla y León a las boticas con bajo margen comercial”.
Según informa el Gobierno regional, los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos tendrán un plazo de 14 meses para adaptarse a las previsiones contenidas en este nuevo Decreto.
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