El vicepresidente del Gobierno para Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha informado de que el Ejecutivo ha creado un fondo social extraordinario dotado con 300 millones de euros para reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, dependientes o con discapacidad afectadas por el cierre de centros de día o centros sociales, y que “en muchos casos están solos y solas en sus casas”.
Así lo ha puesto de manifiesto Iglesias durante la rueda de prensa telemática desde La Moncloa, que ha ofrecido este jueves junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha delegado en Pablo Iglesias la coordinación de los servicios sociales con las comunidades autónomas. “Estamos reforzando así la asistencia a domicilio para garantizar la salud, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación de todas estas personas”, ha destacado.
“Estamos ante una emergencia sanitaria, económica y social, no se puede dejar a nadie desantendido y vamos a construir un escudo social para amortiguar este impacto”, ha dicho Iglesias.
También ha matizado que este fondo de 300 millones se transferirá a las comunidades para hacer frente a las situaciones siguientes: el refuerzo de la asistencia a domicilio a personas mayores y dependientes; reforzar las plantillas de los centros sociales y residencias de mayores, y medicalizar estos centros y ofrecer equipos de protección para los trabajadores; y para asistir a personas sin hogar.
En este sentido, ha reconocido que las “plantillas” de las residencias de ancianos “están desbordadas” y ha agregado que “en muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios” para atender a personas afectadas por el coronavirus. Así, ha señalado que los protocolos previos para episodios de gripes epidémicas “están desfasados y no sirven en la actual situación”.
De hecho, como también apuntó en la rueda de prensa el ministro Salvador Illa, el protocolo de atención que existía desde el pasado 5 de marzo para evitar el contagio por coronavirus en residencias de ancianos, se convertirá en una orden, que prevé el cierre de las residencias que no cumplen las mínimas condiciones, garantiza la atención médica mínima en los centros y limita las visitas.
Iglesias ha insistido, al respecto, que es “urgente medicalizar” las residencias de ancianos, reforzando sus plantillas con personal y elementos sanitarios.
Pablo Iglesias ha asegurado que sólo desde el Estado se puede dar una respuesta contundente a la crisis por el coronavirus y que no pueden pagar “los de siempre”. Y ha advertido: “Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no se significa que ninguna persona quede desamparada en esta situación”.
Nuevas denuncias de centros sociales
Mientras, continúan llegando nuevas denuncias de falta de medios en diferentes centros sociales. Así, la CNT se ha eco de la situación de los trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención a Personas a Minusválidos Psíquicos (CAMP) de Valladolid por la falta de medidas de protección que da la Junta de Castilla y León una semana después de la publicación en el BOE del estado de alerta.
Desde el día 13 de marzo las empleadas y empleados llevan pidiendo medidas de protección de la salud en el CAMP de Valladolid, residencia de personas con discapacidad dependiente de la Junta de Castilla y León, y se les ha negado de forma sistemática.
Hoy jueves 19 de marzo los trabajadores se han plantado y han exigido medidas de protección y una organización que cumpla las indicaciones de la Junta de Castilla y León, la cual en un comunicado dijo que asistieran solo servicios mínimos, y tampoco se está respetando, están yendo todas a trabajar. Continúan abiertos los talleres ocupacionales a pesar de la prohibición.
Actualmente existen dos personas aisladas por posible contagio, pero no se facilitan los EPIs correspondientes. Estamos hablando de una residencia de 140 personas que hasta ayer mismo comían todos en el mismo comedor.
Solo la prevención y ceñirnos a las medidas de protección adecuadas pueden evitar futuras desgracias, en centros con una problemática tan aguda como la que tiene el CAMP de Valladolid.
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